La Nación no quiere políticos corruptos

Escribe: Luis Eloy Plasencia Torres.

La Nación no quiere políticos corruptos, por ello exigió al Presidente Martín Vizcarra echarlos del Congreso. Sin embargo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó  que los congresistas que fueron disueltos sí podrán postular en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero de 2020.

Por eso varios congresistas vendepatria, corruptos, apañadores de la corrupción y servidores de los poderosos se aprestan a regresar al Congreso, pese a que el pueblo en multitudinarias marchas los ha echado del hemiciclo para que no vuelvan más.

El caso más escandaloso de corrupción, en el que están involucrados los líderes de los partidos políticos más importantes del país, lo representa  Odebrecht, empresa brasilera mafiosa que pagó millonarios sobornos a cambio de obtener grandes contratos en obras públicas, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los candidatos "ganadores"  a la Presidencia de la República.

Por ello están imputados los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de prisión; y Pedro Pablo Kuczynski  (2016-2018), en arresto domiciliario. También estaba investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011) hasta que el año pasado se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando la Policía había llegado a su casa para detenerlo.

Por el mismo caso también están en prisión preventiva la líder opositora Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

La Contraloría General de la República informó que los contratos suscritos con la empresa brasilera Odebrecht, entre 1988 y 2015, causaron al Perú un perjuicio económico de 283 millones de dólares. Y el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló, recientemente, que la corrupción generada por Odebrecht, le cuesta al país 12 mil millones de soles cada año.

En esta vorágine de corruptela -en la que autoridades se coluden con empresarios y narcotraficantes para enriquecerse a costa de plata del Estado-  estarían involucrados magistrados de primer nivel como el ex juez supremo César Hinostroza, y el ex Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry quienes son  investigados por supuestos vínculos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos” y porque habrían pretendido archivar el caso de lavado de activos de Keiko Fujimori.

Así carentes de civismo y valores cristianos nuestras autoridades principales conducen el gobierno, promulgan y defienden leyes, y administran justicia. Y, pese a que hay uno que otro juez o fiscal probos y uno que otro congresista honesto, la situación política, social y económica del país se ha deteriorado.

En lo que se refiere al aspecto económico y social, el país va cuesta abajo. El gasto del gobierno del Presidente Vizcarra en los proyectos de sus 18 ministerios solo alcanzó el 43,36% en promedio, de un total de presupuesto para el Ejecutivo que asciende a los 16 mil 229 millones 878 mil 532 soles.

Es inadmisible que el Estado guarde tanto dinero cuando a los hospitales les falta camas y medicinas para atender a los enfermos, cuando hay niños que no pueden estudiar por la falta de escuelas y cuando es necesario construir obras públicas que generen trabajo e impulsen desarrollo en todas las regiones del país.

Por todo ello, es obvio que no habrá cambios importantes para el Perú con las próximas elecciones congresales, más aún cuando el tiempo que legislarán los nuevos congresistas será muy corto.

Empero nos alegra que dichas elecciones sean consecuencia de la protesta popular y felicitamos al Pueblo Peruano por haber obligado al Presidente a cerrar el Congreso. Además abrigamos la esperanza de que, en la contienda electoral próxima, los ciudadanos pensemos bien antes de votar para cerrarles el paso a los Mulder, a las Marthas Chávez y a tantos sinvergüenzas que se han aburguesado con la plata del pueblo y no deben volver jamás a contaminar el Congreso.

Necesitamos congresistas amantes de nuestra Patria, que legislen para lucha frontalmente contra la corrupción y la pobreza, que elaboren las bases legales de un país democrático, industrializado y próspero. Los nuevos congresistas sí pueden iniciar esta tarea histórica.

Compatriotas, el 26 de enero del 2020, antes de sufragar pensemos en la dignidad de nuestra Nación. Rechacemos con nuestro voto a los políticos corruptos porque  son destructores de la democracia y obnubilan el futuro del país. Votemos por gente honesta y patriota que son la esperanza de un Perú libre, justo y soberano.

 

 

Corrupción y disolución del Congreso del Perú

Escribe: fraín Gonzales de Olarte

El 30 de setiembre será recordado como el día en que el presidente del Perú Martín Vizcarra, interpretando la Constitución aprobada por el gobierno de facto de Alberto Fujimori en 1993, disolvió el Congreso de la República -dominado por una mayoría fujimorista-aprista-  ante la negativa de una cuestión de confianza que había presentado. Un acto tan audaz como controvertido. La decisión ha sido apoyada por más del 80% de la población y la popularidad del presidente llegó a 79%. Sin embargo, los ex congresistas presumen desconocer dicha medida, aduciendo que fue inconstitucional y que fue un golpe de Estado.

Lo cierto es que los constitucionalistas peruanos y las opiniones en general están divididos unos -la mayoría- sostienen que fue constitucional la disolución y otros que no. En consecuencia, quien podría dirimir esta controversia interpretativa es el Tribunal Constitucional (TC), encargado de velar la constitucionalidad de todos los actos públicos y privados. El problema es que el TC está compuesto por algunos de los jueces que abiertamente apoyan al fujimorismo en consecuencia no tendría la imparcialidad que se requiere en este caso.

Sin embargo, el tema de fondo, tras de todo este zafarrancho político, es que el presidente Vizcarra está empeñado en la lucha contra la corrupción, que en el Perú tiene nombre propio: Oderbrecht, la compañía brasileña constructora que desde inicios de este siglo operó en el Perú y en otros países en base a un sistemático sistema de corrupción de políticos y altos funcionarios, para obtener las licitaciones de una gran cantidad de obras de infraestructura. Sin embargo, la oposición al gobierno de Vizcarra, encabezada por el fujiaprismo, trata de apañar a sus dirigentes y eludir la justicia, para lo cual el mejor camino era vacar al presidente. Hay que tomar en cuenta que los cuatro últimos presidentes están siendo investigados, procesados o fugados, además de varios ex autoridades y altos ex -funcionarios también están en investigación por la fiscalía. Ante tales amenazas, el fujiaprismo optó por impedir que el Poder Judicial sea imparcial cooptando a varios jueces y vocales, blindó al Ex Fiscal de la Nación Pedro Chavarry para que influya en las investigaciones a los acusados de corrupción amigos suyo y, como última medida, trataron de elegir nuevos miembros del TC para obtener fallos favorables a los investigados por corrupción.

El meollo de la disolución del Congreso es, pues, un asunto ético y moral, que ha dividido al Perú en dos partes: De un lado, aquellos que de una u otra manera están involucrados en la corrupción, que incluye a empresarios peruanos y no sólo a políticos, que están tratando de huir de la justicia y aquellos, como el presidente Vizcarra y una gran parte de la ciudadanía, la intelectualidad, varios medios de comunicación, que quisieran que los corruptos sean juzgados y sentenciados y que el Perú recupere la ética y la moral y destierre la corrupción que está desintegrando la sociedad peruana. Es importante tener en cuenta que el proceso de lucha contra la corrupción está siendo llevada por una “fiscalía especial” que ha demostrado no sólo entereza moral, apego al derecho, voluntad de llegar a los culpables, pero también una valentía digna de apoyo, que genera una esperanza fundada de lucha contra la corrupción.

Lamentablemente, el Perú ha sido incluido entre los 50 países más corruptos del mundo, lo que nos está convirtiendo en una “republiqueta bananera”, en un país sin futuro civilizado y atrasando las posibilidades de un desarrollo. De ahí la importancia de la disolución del Congreso, pues equivale a disolver una forma de hacer política para favorecer intereses particulares manchados por la corrupción.

La disolución del congreso esperamos que sea el inicio de una nueva etapa en un país cuya estabilidad económica no se condice con su crisis política y moral. Es necesario moralizar la política y el Estado.

¿Puede la democracia peruana sobrevivir a la corrupción?

Por: Sonia Goldenberg (*)

LIMA — Después de casi veinte años de tratar de reconstruir su democracia, Perú todavía sigue luchando por encontrar una fórmula que le permita al gobierno funcionar sin corrupción. En los últimos años, una sucesión de presidentes peruanos está prófugos o en prisión. Y en la crisis política más reciente, Pedro Pablo Kuczynski, antes de cumplir dos años en la presidencia, se vio obligado a renunciar el miércoles 21 de marzo. Es hasta ahora la víctima de más alto perfil en la interminable progresión de escándalos que se ha extendido por toda América Latina.

Kuczynski no tuvo más remedio que dar un paso al costado tras la revelación de unos videos en los que aparecen funcionarios del gobierno ofreciendo sobornos a legisladores de la oposición en el Congreso para intentar evitar su destitución.

En el año 2000, videos grabados clandestinamente también ocasionaron el final abrupto del régimen autoritario de Alberto Fujimori, uno de los predecesores de Kuczynski. Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel en 2009 por violaciones a los derechos humanos y corrupción, fue liberado por un indulto presidencial en diciembre del año pasado como parte de un acuerdo para salvar la presidencia de Kuczynski. Pero esta vez, como Fujimori, Kuczynski no sobrevivió a los videos.

Y, sin embargo, pese a que los videos han arrojado luz sobre las transacciones turbias en las más altas esferas del poder en el Perú en las últimas décadas, la corrupción persiste. Ha sido más fácil expulsar o encarcelar a los presidentes que limpiar la política en el país.

En tres semanas, Perú será el anfitrión, ahora con Martín Vizcarra a la cabeza —el exvicepresidente de Kuczynski— de la Cumbre de las Américas, en la que participarán los jefes de Estado de los países de América, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No es una sorpresa que los grandes temas de la reunión sean mejorar la gobernabilidad democrática y el combate a la corrupción.

¿Puede una democracia sobrevivir y tener éxito en derrotar a una corrupción omnipresente? ¿Podrá la democracia del Perú desarrollar un sistema judicial lo suficientemente fuerte e independiente como para enfrentar el problema? Y si no, uno podría preguntarse: ¿por qué molestarse en celebrar elecciones que les dan a los políticos licencia para defraudar a los electores?

El modo en el que Perú resuelva esta crisis será crucial para América Latina, donde los sobornos a presidentes, ministros y candidatos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos públicos han desatado un escándalo que recorre el continente. Este año, mientras que la desilusión a la democracia aumenta, se llevarán a cabo elecciones decisivas en la región.

El drama que atraviesa Perú es un buen ejemplo. La corrupción está profundamente arraigada en la historia del país. Durante casi tres siglos de dominio colonial, el oro y la plata de los Andes fueron enviados a España. En 1821, en medio de una larga guerra que devastó el país y lo dejó en bancarrota, se declaró una república independiente con grandes sueños y aspiraciones. Pero desde el comienzo, en la construcción de los ferrocarriles y en la explotación de sus nuevas riquezas —como el guano de las islas y el caucho de la selva—, el país vio cómo su esplendor económico se desvanecía y dilapidaba rápidamente en un pantano de corrupción.

Más recientemente, el expresidente Alejandro Toledo está prófugo de la justicia en Estados Unidos. Ollanta Humala, otro expresidente, está en la cárcel mientras se le investiga por cargos de corrupción. Y la hija de Alberto Fujimori, Keiko, cuyo partido político, Fuerza Popular, obtuvo la mayoría en el Congreso peruano e instrumentó desde el principio la destitución de Kuczynski, está en investigación por corrupción y lavado de dinero. Ella también quiere ser presidenta y en la contienda electoral de 2016 fue derrotada por Kuczynski con una diferencia estrecha.

¿Deberíamos perder la esperanza? No lo creo, porque en los últimos veinticinco años el país ha progresado mucho. Perú acabó con una sangrienta guerra interna contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, resolvió conflictos con sus vecinos, superó la hiperinflación, se convirtió en una democracia relativamente estable y, a pesar de su situación actual, tuvo crecimiento económico sostenido y logró reducir la pobreza.

¿Por qué erradicar la corrupción ha sido tan difícil? Las recetas para un buen gobierno y las estrategias contra la corrupción se conocen desde hace tiempo, pero su aplicación ha fallado estruendosamente.

Un tema clave es que la falta de control sobre el financiamiento ilegal de las elecciones presidenciales, combinado con las estructuras extremadamente endebles de los partidos políticos, ha convertido a las campañas electorales en una vía fácil para que algunos aventureros recién llegados a la política se hagan millonarios incluso antes de conquistar el poder. Los candidatos presidenciales en el Perú han sido financiados por Venezuela y Brasil, y el financiamiento de este último llegó a través de la asignación de contratos de infraestructura pública a empresas de construcción brasileñas seleccionadas previamente. Con ese mecanismo puesto en marcha, no debe extrañarnos que los peruanos sigan eligiendo a mercenarios como presidentes.

Ya hemos estado antes en esta situación. La corrupción se generalizó en la década de los noventa bajo el mandato de Alberto Fujimori. Su principal asesor, Vladimiro Montesinos, el infame jefe de los servicios secretos, corrompió a todo el espectro de la sociedad peruana sobornando a políticos, banqueros, empresarios, jueces, militares y periodistas a los que grababa en el acto, mientras hacía pirámides grotescas de dinero en efectivo y los extorsionaba. Cuando las cintas se exhibieron por la televisión en horario estelar se creó una comisión gubernamental formada por figuras respetadas para diseñar una estrategia exhaustiva y vigorosa contra la corrupción.

Irónicamente, el sucesor de Fujimori, Alejandro Toledo, cuya candidatura se centró en acabar con la corrupción, antes de llegar a la presidencia robó dinero de campaña donado por George Soros. Más adelante le pidió al representante de Odebrecht en el Perú un soborno de 35 millones dólares, de los que obtuvo tan solo 20 millones, y creó una nueva maquinaria de corrupción.

Hace una década, como ministro de Economía y Finanzas y primer ministro durante el gobierno de Toledo, Kuczynski supervisó un sistema que produjo el sobreprecio de las obras públicas. La compañía de Kuczynski tuvo contratos con Odebrecht mientras era servidor público.

¿Qué sigue ahora? Todavía no está claro si Kuczynski enfrentará cargos, pero está bajo investigación y el poder judicial ha allanado sus viviendas y le ha impedido salir del país. Su sucesor, Martín Vizcarra, quien tiene un récord público limpio, tendrá mucha presión para poner en práctica una estrategia efectiva que combata la corrupción.

Pero su posición es débil: Vizcarra será el nuevo mandatario hasta 2021, pero tendrá que ejercer su cargo con un congreso dominado por el partido de Keiko Fujimori.

El combate contra la corrupción requiere de instituciones sólidas y un liderazgo fuerte, y ninguno de los dos existen hoy en Perú. Muchos de los políticos con el poder e influencia para reformar el sistema han sido acusados de malos manejos en el pasado. Figuras clave en los sectores público y privado también se han beneficiado del sistema de corrupción imperante. Ellos son los más interesados en mantener el statu quo. ¿Ellos van a impulsar la necesaria reforma política que podría llevarlos a la cárcel?

Quizás la única ventaja que tiene Vizcarra es que, según las últimas encuestas, el Congreso de Perú es la institución más desacreditada y corrupta. Si logra movilizar la opinión pública para respaldar una campaña anticorrupción, podría obligar a los legisladores a apoyar algunos cambios por temor a ser expuestos. Vizcarra es un presidente accidental. El hecho de que nunca aspiró a ese cargo podría ser su arma política más poderosa.

(*) Sonia Goldenberg es periodista y documentalista. Fue directora del Comité de Protección a los Periodistas y realizó el documental “Poderoso caballero”, un exposé sobre los videos de la corrupción en el Perú.

Artículo publicado en el diario The New York Times, el 25 de marzo del 2018.

Gobierno tolerante con la corrupción

Escribe: Fernando Rospigliosi.

"El Gobierno estaba en condiciones de exigir los pasos necesarios para crear un sistema anticorrupción pero PPK no hizo absolutamente nada. O, mejor dicho, nada positivo".

Según la encuesta sobre percepciones de corrupción de Proética realizada por Ipsos, el 75% considera que la labor del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la lucha contra la corrupción es ineficaz. En este caso parece que la mayoría tiene toda la razón.

También acierta la mayoría cuando señala que el presidente de la República debería ser el responsable de liderar la lucha contra la corrupción en el país. El problema es que no lo hace y no hay indicios de que lo vaya a hacer en el futuro. El nombramiento como ministro de Justicia de un ex presidente del Poder Judicial, de un hombre del sistema que no funciona, es una muestra de eso.

Precisamente, apenas iniciado el actual período presidencial, estalló en toda su dimensión el caso más grande de corrupción de los últimos tiempos, Lava Jato. Muchas evidencias de sobornos pagados por Odebrecht y otras empresas a políticos y funcionarios públicos empezaron a llegar desde el exterior.

Era una oportunidad extraordinaria para emprender una campaña de lucha contra la corrupción. Y tenía que hacerlo el Gobierno. Nadie podía esperar que la lidere el Congreso o el Poder Judicial.

Obteniendo un respaldo masivo de la opinión pública, el Gobierno estaba en condiciones de exigir y lograr que esas instituciones dieran los pasos necesarios para crear un sistema anticorrupción como el que se estableció en el año 2000 y que permitió investigar, juzgar y sancionar por primera vez en la historia a personajes importantes y poderosos.

Pero el gobierno de PPK no hizo absolutamente nada. O, mejor dicho, nada positivo, porque sí realizó acciones con resultados negativos. Quizá la peor, el nombramiento y despido en medio de un escándalo de las procuradoras Julia Príncipe y Katherine Ampuero.

A raíz de su cese, Príncipe acusó directamente a PPK, señalando que su destitución era “una clara injerencia del Ejecutivo” a consecuencia de la denuncia hecha en contra del presidente PPK, por parte de Katherine Ampuero, para investigar al mandatario por unas transferencias bancarias. Luego añadió que PPK “traicionó sus promesas” y que, además, “ha arrasado la institucionalidad de la lucha anticorrupción” (El Comercio, 8.8.18).

Ciertas o falsas estas acusaciones, el hecho es que fue el Gobierno el que nombró a esas procuradoras. ¿Se equivocó al designarlas? ¿Erró al despedirlas? En cualquier caso, se perdió un año decisivo y se liquidó la posibilidad de impulsar desde esa instancia la lucha anticorrupción.

Precisamente la procuraduría fue el instrumento que utilizó el gobierno de Valentín Paniagua el año 2000 para constituir el sistema anticorrupción, a pesar de contar con un Congreso que estuvo controlado por una mayoría organizada desde el Servicio de Inteligencia Nacional por Vladimiro Montesinos y que el Poder Judicial y la fiscalía estaban profundamente corrompidas –más de lo habitual– por la manipulación de Montesinos.

Nada de eso ha hecho el gobierno de PPK. Más bien recurrió a argucias politiqueras –ahí sí no les apesta la política– para apaciguar a la opinión pública cuando estallaron casos de corrupción muy cerca de la cúspide del poder y para encubrir su inacción: nombró una Comisión Presidencial de Integridad presidida por el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega, que produjo un informe con recomendaciones para luchar contra la corrupción que, por supuesto, el Gobierno archivó y olvidó rápidamente.

Esta semana también se ha publicado el ránking de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF) con resultados poco halagüeños para el gobierno tecnocrático de lujo: el Perú ha caído al puesto 72 (de 137) y en institucionalidad está en el puesto 116. Precisamente, este último rubro incluye corrupción, confianza en los políticos, etc.

Como ha anotado Jorge Medina, presidente de Proética, comentando los resultados de su encuesta: “Así las cosas, la corrupción seguirá impidiendo nuestro progreso, no solo económico, sino social y humano, alimentando la desconfianza hacia el Estado y agudizando la existente entre nosotros”. Para cambiar, dice, se requiere en primer lugar el liderazgo del presidente (El Comercio, 28.9.17).

El problema es que tenemos un presidente y un gobierno tolerantes con la corrupción. O, como ha dicho el ex procurador y presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz: “Me parece que el tema anticorrupción no está en su ADN [de PPK], no le da la importancia que debiera o no entiende las graves consecuencias que la corrupción genera” (El Comercio digital, 29.9.17).

¿No se justifica evaluar a los maestros?

Escribe: Martín Tanaka.

En los últimos días se escucha un argumento que cuestiona la evaluación del desempeño docente (despido solo si no se aprueba una evaluación después de tres intentos y tres capacitaciones) sobre la base de apelar a factores como los muy bajos salarios que reciben, la precariedad de las condiciones en las que trabajan, los problemas que arrastran sus estudiantes, especialmente en zonas de extrema pobreza.

Ciertamente el trabajo de los maestros es muy sacrificado, y merece mucho más apoyo y reconocimiento. Más todavía, por supuesto, porque de ellos depende, en buena medida, el futuro del país. Sin embargo, hay cuestiones que no se deben obviar. Decir que si no mejoran primero las condiciones generales, estructurales del país poco se puede hacer es de un lado falaz y del otro nos lleva a un conformismo inaceptable. Y nos encierra en un círculo vicioso: como no se intenta nada, las cosas no cambian, y como no cambian, no se intenta hacer nada.

Pero las cosas sí están cambiando. Como ha mostrado Hugo Ñopo, el salario de los docentes ha ido recuperándose de una caída dramática, y de una manera muy importante durante el gobierno del presidente Humala. Además, el gasto público en el sector educación en su conjunto ha aumentado siguiendo un patrón similar, llegando a duplicarse en los últimos años. Al mismo tiempo, la implementación de programas como Juntos o Qali Warma complementan los esfuerzos del sector educación en las zonas de pobreza.

Estas y otras mejoras han tenido resultados importantes sobre el rendimiento de los estudiantes. No olvidemos que las evaluaciones censales realizadas en los últimos años muestran mejoras: en el periodo 2007-2016, el porcentaje de estudiantes de segundo grado que alcanzaron niveles satisfactorios de lectura pasó del 15.9% al 46.4%; en matemáticas, pasó del 7.2% en 2007 al 34.1%. Ahora, si bien es cierto que las regiones más ricas tienen en general mejores desempeños que las más pobres (los mayores puntajes en matemáticas y lectura en segundo de secundaria los tienen Tacna, Moquegua, Arequipa, Callao y Lima Metropolitana), también lo es que las regiones que más han progresado entre 2015 y 2016 en matemáticas de segundo grado de primaria han sido Ayacucho, Huancavelica y Apurímac; y en segundo de secundaria, junto a Moquegua y Tacna, han sido Ayacucho, Arequipa, Junín y Puno. En otras palabras, sí se puede mejorar y hacer mucho a pesar de enfrentar condiciones adversas.

Otro elemento para considerar es que las evaluaciones sí se están haciendo y constituyen una experiencia de la cual aprender para mejorar. El concurso de nombramiento 2015 tuvo 205,021 postulantes inscritos, y 8,137 resultaron ganadores de una plaza, ocupándose el 41.4% de las plazas ofertadas (19,631).

Nuevamente, algunas regiones destacan sobre este promedio: Callao, Ica, Tacna, Lima Metropolitana o Moquegua, casi todas por encima del 80%, pero también Tumbes (72%), Lima provincias (66%), o Lambayeque (59%). En el concurso de ascenso a la segunda escala magisterial de 2016 tuvimos 50,484 maestros evaluados, con 8,506 ganadores de una vacante de ascenso, el 16.8%. Esto muestra que hay ya cierta experiencia y capacidad para hacer evaluaciones masivas, y también que es imperativo fortalecer el componente de capacitación a los maestros.

En suma, gracias a los esfuerzos del Estado y de los maestros las mejoras importantes se han dado en los últimos años. No se trata de tirar al tacho lo avanzado, sino de mejorar, aprender desde la experiencia. Otra gran lección que deja la huelga, por supuesto, es que se debe avanzar de manera más cercana a los maestros.

No se trata de tirar al tacho lo avanzado, sino de mejorar, aprender desde la experiencia.

Las 7 claves sobre la obra en suspenso del aeropuerto Chinchero

·        El contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero se firmó en julio del 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala.

Escribe: Wilfredo Angulo

La construcción del Aeropuerto de Chinchero (Cusco) fue suspendida por el Gobierno el 21 de mayo del presente año. La adenda suscrita con el consorcio Kuntur Wasi a inicios de febrero sigue siendo evaluada por la Contraloría y la obra aún no es iniciada. Te explicamos el caso paso a paso.

1. Firma del contrato. El 4 de julio del 2014, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el consorcio Kuntur Wasi suscribieron el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco.  Su construcción iba a demandar una inversión de 530 millones de dólares bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).

2. Retraso de obras. El inicio de las obras, programado para octubre de 2015, se truncó debido a que Kuntur Wasi no contaba con liquidez para la inversión necesaria para iniciar la obra.

3. Adenda (*). En noviembre del 2016, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, anunció la firma de una adenda al contrato. El Estado asumiría el financiamiento de construcción por US$ 265 millones, que en principio iba a financiarse a través de un crédito bancario. Así se ahorraría el pago de intereses al Estado. 

4. Renuncia en Ositran. El 24 de enero de 2017, Patricia Benavente renunció a la presidencia de Ositran, tras emitir un voto discordante en la evaluación del proyecto de adenda para el Aeropuerto de Chinchero.

Según su opinión, los cambios al contrato iban a perjudicar al Estado, que debía ahora asumir el 80.7% del financiamiento total de la obra, cuando originalmente era el 28.6%. Esto dejaría en mano de Kuntur Wasi solo el 19.3%. Según algunos expertos, esto dejaba vulnerable al Estado ante cualquier contratiempo con la obra.

5. "La obra sí va". El 27 de enero, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, y Martín Vizcarra anunciaron que el lunes 30 de enero se firmaría la adenda de Chinchero y se iniciarían las obras del movimiento de tierras del aeropuerto. Ambos coincidieron que la adenda le ahorraría al Estado 590 millones de dólares en intereses. Esta se firmó el viernes 3 de febrero de 2017. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, incluso asistió a una ceremonia en el terreno cusqueño para colocar la primera piedra.

6. ¡Paren todo! La Contraloría General de la República, dirigida por Edgar Alarcón, formó una comisión para auditar el acuerdo. También el adelanto de 40 millones de dólares que el Gobierno se comprometió a desembolsar a Kuntur Wasi para la primera etapa de la obra. La auditoría puso en pausa la obra.

7. Adiós al proyecto. El jueves 18 de mayo pasado, Vizcarra asistió al Congreso para responder un pliego interpelatorio por la obra de Chinchero. Apenas tres días después, el domingo 21 de mayo de 2017, anunció que el proyecto ya no iba más por falta de apoyo político y los cuestionamientos de la Contraloría. El futuro de la obra del aeropuerto es por ahora incierto.

(*) ¿QUÉ ES UNA ADENDA?

Las adendas en los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) son instrumentos mediante los cuales se puede adecuar dichos documentos a la realidad el proyecto en el momento justo de su ejecución. Es decir, no se trata de una renegociación del contrato sino una modificación.

Se considera que el contrato de APP es un documento incompleto que puede ser corregido y perfeccionado sobre la marcha con una adenda. Las adendas pueden afectar el costo de la obra, el tiempo de entrega y el plazo de construcción, lo cual genera un perjuicio porque existe un costo de oportunidad del dinero.

REFORMA ELECTORAL

Luego de varias sesiones, la subcomisión de reforma electoral, presidida por Patricia Donayre, aprobó por unanimidad el predictamen que se enviará a la Comisión de Constitución, en la que existe el acuerdo de darle prioridad en su agenda.

Una de las modificaciones al proyecto fue el establecimiento de una sanción de 20 UIT para los responsables de acoso político (afectación a la dignidad de los candidatos a través de cualquier vía) durante una campaña electoral, así como el envío del caso a la Fiscalía.

Otra modificación fue la inclusión de mayores restricciones para postular. Ahora están impedidas las personas que hayan cometido cualquier tipo de delito y tengan una sentencia firme con una antigüedad máxima de 10 años respecto del proceso electoral.

Asimismo, se estableció la obligatoriedad de recibir la asistencia técnica de la ONPE en las elecciones internas de los partidos, que siguen siendo responsables de organizar sus propios comicios.

Por último, otro de los añadidos que se hizo en la última sesión de esta subcomisión fue extender la declaración jurada que presenten los candidatos a los hijos y los cónyuges de estos, incluyendo su información financiera y judicial.

Si el proyecto se convierte en ley, se aplicará a las elecciones regionales y municipales de 2018, salvo para aquellos partidos que ya iniciaron su proceso de inscripción.

No merece nada, ni “perdón médico”

Escribe: Abraham Valencia

Sigue en agenda el tema del indulto gracias a las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Hace 17 años cayó la dictadura, después de años de lucha del pueblo en las calles; hace diez años extraditaron a Alberto Fujimori y hace ocho años recibió su primera condena. Sus sentencias van desde el peculado y la usurpación de funciones, hasta uno por ser autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Por estos últimos recibió una condena de 25 años. Es importante recordar que los casos de Barrios Altos y La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad.

En la segunda vuelta presidencial del año 2011, Ollanta Humala derrotó a Keiko Fujimori, ex primera dama de la dictadura; el año 2016, nuevamente llega a la segunda vuelta Keiko Fujimori, en aquella ocasión su rival fue Pedro Pablo Kuczynski.

En esta segunda ocasión, menos de 45,000 votos impidieron que el fujimorismo vuelva a apoderarse de nuestro país. Un factor decisivo en ambos casos, fueron las movilizaciones ciudadanas contra el fujimorismo; el antifujimorismo en el Perú, que en realidad es equivalente a apoyar la democracia, se visibilizó y se volvió a sentir como el movimiento social más fuerte del país.

Aunque no fue el único factor (PPK contó con el voto de la izquierda que apoyó a Verónika Mendoza) sin lugar a duda fue el más importante en esa competencia para impedir el retorno de los cómplices de la dictadura al gobierno. Lamentablemente, el 2016 el fujimorismo obtuvo 73 curules, de 130, lo que le da una mayoría absoluta en el Congreso de la República.

En ambas campañas, se evidenció que el fujimorismo tenía como objetivo la liberación del encarcelado exdictador, a pesar de que Keiko en algunos eventos, sobre todo en la campaña 2016, y aunque no fue capaz de explicitarlo el 2012 pidió el indulto para su padre y este año presentaron un habeas corpus solicitando su liberación. Si bien este año, dentro de la formalidad legal, han usado un habeas corpus, en realidad la estrategia principal para intentar liberar al exdictador va por otro lado.

Justamente la estrategia principal parece pasar por aprovechar su mayoría parlamentaria para presionar al gobierno en distintos temas, desde colocar personas de confianza para el fujimorismo en la Defensoría del Pueblo y en el BCR, hasta censurar u obligar a ministros a renunciar. De ese modo le demuestran fuerza a PPK, quien dicho sea de paso se muestra cada vez más débil, y le ofrecen cogobernar en paz a cambio del indulto.

Los promotores del indulto se han olvidado de los jóvenes secuestrados, torturados, asesinados y enterrados.

Los promotores del indulto se han olvidado de los jóvenes secuestrados, torturados, asesinados y enterrados.

Al parecer el presidente no aprendió mucho de los años noventa o del actuar del fujimorismo en los últimos años, que sigue siendo el mismo como bien han dado testimonio las congresistas Donayre y Vilcatoma, quienes renunciaron a la bancada de Fuerza Popular.

Al parecer tenemos a un PPK confiado en el acercamiento de Kenji Fujimori a la primera dama, al ministro y a él mismo, creyendo que hay una diferencia entre él y su hermana y que Kenji representa a un sector distinto del fujimorismo, lo que quizá se ahonda con la supuesta sanción disciplinaria que le van a dar a Kenji en su bancada, cuando en el “cónclave” fujimorista ya se habló que dicha sanción sería solo un “llamado de atención”. Asimismo no deja de confiar en Keiko, a quien apoyó en la segunda vuelta del año 2011, y con quien probablemente llegue a un supuesto entendimiento en la reunión de la próxima semana. PPK al parecer está confiado en que eso le puede dar garantías de convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo y olvida que Keiko quiere se presidenta y si puede antes del 2021, mejor para ella y sus seguidores, quienes aún están dolidos por la última derrota. A esto agreguémosle que la próxima presidenta del Congreso será Cecilia Chacón, una de las más “duras” del fujimorismo.

El último viernes PPK ha hablado ahora de “perdón médico”, después de que hace algunas semanas declaró a un medio internacional de que era buen momento para hablar del indulto. En Palacio ya se habla de un probable indulto para el 28 de julio o al menos antes de que termine el año pero la reunión con Keiko será, para PPK, vital para decidir el cuándo. Ya ni la ilegalidad de un indulto parece importarle.

Ese mismo viernes, miles han salido a las calles para recordarle al Presidente que el indulto es un insulto; que muchas personas votaron por él justamente para que no salga libre el exdictador como quería su hija; que así como hace 17 años, como el 2011 y el 2016, las movilizaciones no permitirán que se consuma ese acto que va en contra de la democracia; no ha sido una marcha aislada, ya hay un país que vuelve a organizarse para no permitir que gobiernen aquellos que perdieron en las urnas, para no permitir que se consume un acto en donde, además del Perú, el gran perdedor será PPK. Y estamos hablando de un Perú, que no marcha porque los llevan en buses o porque les regalan tapers.

Encarcelan a Ollanta Humala y Nadine Heredia para evitar su fuga

·     El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

Escribe: Cecilia Quiroz

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que dirige el magistrado Richard Concepción Carhuancho, aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, presentado por la fiscalía de lavado de activos a cargo del fiscal Juárez Atoche.

El Ministerio Público está investigando a Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros implicados, por el presunto pago de aportes de campaña que habrían recibido del gobierno venezolano y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en los años 2006 y 2011.

El magistrado Concepción Carhuancho durante la lectura del fallo dijo: “A juicio de este despacho y, concluyendo, existe un alto grado de probabilidad a la luz de los nuevos elementos de convicción de que Nadine Heredia y Ollanta Humala habrían recibido dinero de Venezuela y Brasil. Y lo habrían colocado para las campañas del 2006 y 2011 con un alto grado de probabilidad. Y para ello habrían simulado mediante aportantes fantasmas e incluso habrían colocado parte del dinero en compra de equipos, en PRODIN (ONG creada por la ex primera dama para generar y administrar los fondos para las campañas presidenciales de Ollanta)... Tienen otros fondos en el Banco de Crédito del Perú BCP, fondos mutuos, y en cuentas del Banco de Comercio”.

Si bien se ha logrado apresar a personajes como Ollanta y Nadine que no sólo violaron las leyes peruanas, sino que engañaron a millones de ciudadanos con los cantos de sirena de la gran transformación que ayudaron a desviar la voluntad de lucha del pueblo peruano, lo que llama mucho la atención es la rapidez de su encarcelación y el hecho que otros ex presidentes, como Alan García y Toledo, sobre quienes pesan gruesas denuncias por corrupción estén libres y sin responsabilidad penal, así mismo la posibilidad que Alberto Fujimori – sentenciado por delitos de corrupción y violación de los derechos humanos – esté a punto de ser indultado por el gobierno.

Al parecer, esta medida podría obedecer a los acuerdos arribados entre el fujimorismo y el gobierno a raíz de la última reunión entre Keyko Fujimori y PPK y estaría condicionada por la devaluación política de la ex pareja presidencial y del nacionalismo (no lograron meter ni un congresista y su partido está casi diluido). No olvidemos que, más allá de las grandes coincidencias en materia económica (neoliberalismo), entre el fujimorismo y los esposos Humala-Heredia existieron roces políticos, que podrían estar saldándose con esta sanción legal a la ex pareja presidencial.

Sin embargo, en momentos de incremento de la conflictividad social como los que empezamos a vivir ahora expresados en la huelga médica, la huelga docente y la inminente huelga minera, el encarcelamiento de los esposos Humala-Heredia se convierte en un gran distractivo social que además ejercerá presión sobre algunos sectores políticos que hoy impulsan la lucha contra el indulto a Fujimori y que hace algunos años estuvieron muy cercanos a Ollanta y Nadine, como es el caso de Verónika Mendoza quien fue parte de la famosa ONG PRODIN.