Escribe: Fernando Rospigliosi.
"El
Gobierno estaba en condiciones de exigir los pasos necesarios para crear un
sistema anticorrupción pero PPK no hizo absolutamente nada. O, mejor dicho,
nada positivo".
Según
la encuesta sobre percepciones de corrupción de Proética realizada por Ipsos,
el 75% considera que la labor del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la
lucha contra la corrupción es ineficaz. En este caso parece que la mayoría
tiene toda la razón.
También
acierta la mayoría cuando señala que el presidente de la República debería ser
el responsable de liderar la lucha contra la corrupción en el país. El problema
es que no lo hace y no hay indicios de que lo vaya a hacer en el futuro. El
nombramiento como ministro de Justicia de un ex presidente del Poder Judicial,
de un hombre del sistema que no funciona, es una muestra de eso.
Precisamente,
apenas iniciado el actual período presidencial, estalló en toda su dimensión el
caso más grande de corrupción de los últimos tiempos, Lava Jato. Muchas
evidencias de sobornos pagados por Odebrecht y otras empresas a políticos y
funcionarios públicos empezaron a llegar desde el exterior.
Era
una oportunidad extraordinaria para emprender una campaña de lucha contra la
corrupción. Y tenía que hacerlo el Gobierno. Nadie podía esperar que la lidere
el Congreso o el Poder Judicial.
Obteniendo
un respaldo masivo de la opinión pública, el Gobierno estaba en condiciones de
exigir y lograr que esas instituciones dieran los pasos necesarios para crear
un sistema anticorrupción como el que se estableció en el año 2000 y que
permitió investigar, juzgar y sancionar por primera vez en la historia a
personajes importantes y poderosos.
Pero
el gobierno de PPK no hizo absolutamente nada. O, mejor dicho, nada positivo,
porque sí realizó acciones con resultados negativos. Quizá la peor, el
nombramiento y despido en medio de un escándalo de las procuradoras Julia
Príncipe y Katherine Ampuero.
A
raíz de su cese, Príncipe acusó directamente a PPK, señalando que su
destitución era “una clara injerencia del Ejecutivo” a consecuencia de la
denuncia hecha en contra del presidente PPK, por parte de Katherine Ampuero,
para investigar al mandatario por unas transferencias bancarias. Luego añadió
que PPK “traicionó sus promesas” y que, además, “ha arrasado la
institucionalidad de la lucha anticorrupción” (El Comercio, 8.8.18).
Ciertas
o falsas estas acusaciones, el hecho es que fue el Gobierno el que nombró a
esas procuradoras. ¿Se equivocó al designarlas? ¿Erró al despedirlas? En
cualquier caso, se perdió un año decisivo y se liquidó la posibilidad de
impulsar desde esa instancia la lucha anticorrupción.
Precisamente
la procuraduría fue el instrumento que utilizó el gobierno de Valentín Paniagua
el año 2000 para constituir el sistema anticorrupción, a pesar de contar con un
Congreso que estuvo controlado por una mayoría organizada desde el Servicio de
Inteligencia Nacional por Vladimiro Montesinos y que el Poder Judicial y la
fiscalía estaban profundamente corrompidas –más de lo habitual– por la
manipulación de Montesinos.
Nada
de eso ha hecho el gobierno de PPK. Más bien recurrió a argucias politiqueras
–ahí sí no les apesta la política– para apaciguar a la opinión pública cuando
estallaron casos de corrupción muy cerca de la cúspide del poder y para
encubrir su inacción: nombró una Comisión Presidencial de Integridad presidida
por el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega, que produjo un informe con
recomendaciones para luchar contra la corrupción que, por supuesto, el Gobierno
archivó y olvidó rápidamente.
Esta
semana también se ha publicado el ránking de competitividad del Foro Económico
Mundial (WEF) con resultados poco halagüeños para el gobierno tecnocrático de
lujo: el Perú ha caído al puesto 72 (de 137) y en institucionalidad está en el
puesto 116. Precisamente, este último rubro incluye corrupción, confianza en
los políticos, etc.
Como
ha anotado Jorge Medina, presidente de Proética, comentando los resultados de
su encuesta: “Así las cosas, la corrupción seguirá impidiendo nuestro progreso,
no solo económico, sino social y humano, alimentando la desconfianza hacia el
Estado y agudizando la existente entre nosotros”. Para cambiar, dice, se
requiere en primer lugar el liderazgo del presidente (El Comercio, 28.9.17).
El
problema es que tenemos un presidente y un gobierno tolerantes con la
corrupción. O, como ha dicho el ex procurador y presidente de Transparencia
Internacional, José Ugaz: “Me parece que el tema anticorrupción no está en su
ADN [de PPK], no le da la importancia que debiera o no entiende las graves
consecuencias que la corrupción genera” (El Comercio digital, 29.9.17).
