Los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

 

El 10 del mes en curso, el Congreso finalizó el proceso de elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional con una elección en la que los seis postulantes finalistas obtuvieron la votación calificada requerida para su nombramiento. A continuación, un breve resumen de la trayectoria de cada uno de ellos.

FRANCISCO MORALES SARAVIA, quien reemplazará en Ernesto Blume Fortini, es un abogado especializado en Derecho Constitucional que también se desempeña como responsable académico de la maestría en esta especialidad en la Universidad de San Martín de Porres. Además ha laborado en el Tribunal Constitucional, como secretario general y asesor.

LUIS GUTIÉRREZ TICSE, electo reemplazante de Eloy Espinoza-Saldaña, es abogado constitucionalista y labora como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Además, se ha desempeñado como asesor parlamentario en el Congreso.

HELDER DOMÍNGUEZ HARO, que entrará al tribunal en reemplazo de Marianela Ledesma Narváez, es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y también director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial

LUZ PACHECO ZERGA, reemplazante de Manuel Miranda Canales, es doctora en Derecho y profesora en la Universidad de Piura. Actualmente desempeña la función de vocal del Tribunal Nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

MANUEL MONTEAGUDO VALDEZ, elegido reemplazo del fallecido magistrado Carlos Ramos Núñez, es abogado y también ejerce la docencia en la Pontificia Universidad Católica. Asimismo, en la actualidad, también es gerente jurídico del Banco Central de Reserva.

CÉSAR OCHOA CARDICH, reemplazante de José Luis Sardón, es abogado especializado en Derecho Constitucional, integrante del estudio Amprimo Abogados. Actualmente labora como profesor en la Pontificia Universidad Católica.

Congresistas investigados y sentenciados al frente de comisiones

 

Luna, Bustamante y Aguinaga son parte de los congresistas que han sido cuestionados como presidentes de comisiones.

Escribe: Wilber Huacasi

Podemos, Fuerza Popular, Renovación y APP eligieron a presidentes de comisiones con cuestionamientos y el Pleno podría aprobarlo hoy. En tanto, la titular del Congreso anunció que el presidente Castillo se reunirá con ella a las 9 a. m.

De las 24 comisiones ordinarias del Parlamento, dos estarán presididas por personas que reportan sentencias en sus hojas de vida y dos tienen investigaciones fiscales en curso, ya sea por organización criminal o por muerte y lesiones graves. Esto, además de cuestionamientos que pesan sobre otros parlamentarios que también tendrán a su cargo grupos de trabajo.

El Pleno del Congreso sesionó para aprobar la composición de las comisiones y las presidencias que fueron decididas internamente por cada bancada.

FUERZA POPULAR

De todos los grupos parlamentarios, Fuerza Popular tiene al mayor número de presidentes de comisiones bajo cuestionamientos.

La Comisión de Fiscalización estará presidida por Alejandro Aguinaga, médico involucrado en el caso de las vacunas VIP, al haber accedido a las dosis de Sinopharm al margen del ensayo clínico, juntamente con su esposa.

El parlamentario fujimorista además está acusado por el Ministerio Público, por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, seguidas de muerte, por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas en la dictadura de Alberto Fujimori.

Ana María Vidal, abogada especialista en derechos humanos, advierte un riesgo en esta decisión de Fuerza Popular. “Como presidente de la Comisión de Fiscalización, puede empezar a pedir información al Ministerio de Justicia para supervigilar y obstruir el proceso de reparaciones”, comenta.

En su opinión, “alguien que está imputado por estos crímenes (en el caso de las esterilizaciones forzadas), y que además se ha vacunado al margen del estudio, debería estar descartado para presidir la Comisión de Fiscalización”.

Por otro lado, la Comisión Agraria tendrá como presidenta a Leslie Vivian Olivos Martínez, abogada representante de Lima provincias, que registra en su hoja de vida una sentencia por el delito de falsificación.

Y a ellos se suma Ernesto Bustamante, médico conocido por la agresiva campaña de desinformación que realiza en contra de la vacuna Sinopharm. Él conducirá la Comisión de Relaciones Exteriores.

APP, PODEMOS Y RP

El grupo parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) conducirá la Comisión de Transportes y Comunicaciones, y estará a cargo de Alejandro Soto Reyes, abogado que reportó una sentencia en una demanda contractual, en la que se le ordena indemnización de daños y perjuicios por la inejecución de obligaciones.

También reporta un proceso penal por difamación, en el cual el Poder Judicial le halló responsabilidad, pero dictó una sentencia con reserva de fallo.

APP también puso en la Comisión de Presupuesto a Héctor Acuña Peralta, quien reporta una deuda coactiva ante la Sunat por 1.348 soles.

PODEMOS PERÚ decidió poner como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor a José Luna Gálvez, quien es investigado por el presunto delito de organización criminal.

A ellos se suma Ricardo Medina Minaya, quien presidirá la Comisión de Educación. Se trata de un parlamentario de Renovación Popular, partícipe del colectivo conservador “Con mis hijos no te metas”. En una entrevista, atribuyó el fenómeno de El Niño a la ideología de género.

Todos ellos conducirán comisiones en las que se deciden las políticas públicas del país.

 

Recluyen a Keiko Fujimori en la misma prisión donde estuvo Nadine Heredia

Keiko Fujimori, principal lideresa de la oposición en Perú, quedó  -desde el 01.11.2018- recluida en el anexo de mujeres de la prisión Santa Mónica, en el distrito limeño de Chorrillos, donde ya estuvo encarcelada por nueve meses Nadine Heredia, la esposa del expresidente Ollanta Humala.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, Fujimori fue trasladada desde el calabozo del Palacio de Justicia, donde pasó la noche anterior, hasta la cárcel.

En el anexo de mujeres de la cárcel de Chorrillos hay alrededor de 300 presas, entre ellas una veintena por delitos de terrorismo en el marco del conflicto armado interno acontecido en el país entre 1980 y 2000.

Esta prisión suma un nuevo elemento común en las vidas de Fujimori y Heredia, enemigas políticas que nacieron ambas el 25 de mayo, de 1975 y 1976, respectivamente, y que ejercieron de primera dama de la nación.

La presidenta del partido Fuerza Popular deberá cumplir los 3 años de prisión preventiva que,  el 31 de octubre, le impuso el juez Richard Concepción Carhuancho por presuntamente haber ordenado a la cúpula de su partido lavar grandes cantidades de dinero para financiar su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, que perdió ante Humala.

En este lote podría estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Fujimori.

Por su parte, Heredia pasó nueve meses en prisión preventiva entre julio de 2017 y mayo de 2018 por un caso similar, en el que su marido y ella están investigados por presunto lavado de activos al supuestamente haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral de 2011.

A Humala y Heredia les habían impuesto inicialmente una prisión preventiva por 18 meses, pero fueron liberados gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que consideró esa medida como excesiva.

Tanto la prisión preventiva para Fujimori como para Humala y Heredia fueron impuestas por el mismo juez, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional.

Fujimorismo sufrió humillante derrota

 
Por Giovanna Castañeda/ René Zubieta

Los resultados de las últimas elecciones regionales y municipales no han sido positivos para los partidos políticos nacionales que, en los comicios generales del 2016, tuvieron el mayor respaldo de los ciudadanos.

Fuerza Popular, la agrupación que lidera Keiko Fujimori y que tiene 73 escaños en el Parlamento, no ha ganado en ninguna región hasta el último conteo oficial, y solo se habría impuesto en dos provincias. En ningún distrito de Lima Metropolitana estuvo cerca del primer lugar.

Para el politólogo Paolo Sosa, estamos, en definitiva, ante un fracaso “absoluto” de Fuerza Popular, solo dos años después de hacerse con la mayoría en el Congreso.

“El fujimorismo ha fracasado en su intento de convertirse en una fuerza política seria. Su imagen está hoy asociada a la confrontación, el desorden y la corrupción. Eso genera desconfianza entre la población”, dijo.

Consultado sobre el efecto que tendría con miras a las elecciones del 2021, Sosa consideró que el camino de Keiko Fujimori a la presidencia de la República “nunca ha sido más empinado que hoy”. Sin embargo, señaló que no es definitivo y que el fujimorismo aún tiene espacio para “reinventarse”.

Asimismo, la baja popularidad de Keiko Fujimori –82% de desaprobación, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos– ha sido reflejada en estos comicios, indicó la investigadora y catedrática de la PUCP Rosa Alayza.

A ello, la politóloga sumó dos factores claves: la discusión pública con Kenji Fujimori y la posición sobre el indulto de su padre, Alberto Fujimori.

“Esa caída tremenda, solo eso, es un mal pie para empezar cualquier campaña nacional. Estas elecciones lo confirman”, aseguró.

Los analistas consultados, no obstante, coincidieron en que no estamos presenciando el fin del fujimorismo.

MÁS CASOS

Peruanos por el Kambio (PPK) no participó en los comicios regionales y municipales del 2014. Pero en el 2016 ganó la presidencia de la República. Esta vez, solo ha obtenido victorias en las alcaldías de dos provincias en Junín y Loreto.

En la Alcaldía de Lima, el representante de PPK ocupó el último lugar entre las veinte candidaturas. Jorge Villacorta, el postulante, asegura que es un “duro golpe” y una “llamada de atención por haber hecho las cosas mal”.

Situación parecida es la de Solidaridad Nacional. La agrupación no ganó en ninguna provincia ni región. Para Maldonado, es el resultado de un partido “personalista”: “Luis Castañeda no ha sabido construir un partido”.

Entre otras malas rachas por tomar en cuenta: el Partido Aprista Peruano suma 16 años sin ganar la Alcaldía de Trujillo. El Apra solo ha obtenido una alcaldía provincial en Chepén, La Libertad.

La izquierda –y sus dos facciones– tampoco tuvo mucho éxito. El Frente Amplio –que lidera el congresista Marco Arana– y Juntos por el Perú, de Gustavo Guerra García, no ganaron ninguna alcaldía distrital metropolitana.

Alberto Fujimori y las claves de un indulto que divide al Perú

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) justificó anoche el indulto concedido al ex mandatario Alberto Fujimori alegando que ayudará a reconciliar al país. Sin embargo, en el pronunciamiento que dio no mencionó en ningún momento a los deudos de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Las siguientes son algunas claves del contexto del indulto:

1. UN LEGADO CON PUNTOS BLANCOS Y NEGROS

Alberto Fujimori, un profesor universitario elegido democráticamente presidente de Perú en 1990, dio un autogolpe en abril de 1992 con apoyo de las Fuerzas Armadas, clausurando el Congreso y la Corte Suprema. Fue reelegido sin sobresaltos en 1995.

Seis meses después de una cuestionada segunda reelección en 2000, Fujimori se marchó a Japón -la tierra de sus padres-, desde donde envió un fax con su renuncia, el 19 de noviembre. Dos días después, el Congreso aprobó su destitución por "incapacidad moral". Sus últimos meses en el poder habían sido muy complicados por los ‘vladivideos’.

Sin embargo, hasta hoy muchos peruanos valoran su gestión y destacan que logró la estabilización económica después de la crisis bajo el primer gobierno de Alan García (1985-1990) y recuerdan que durante su administración cayeron los principales cabecillas de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA.

2. CONDENA POR MASACRES Y SECUESTROS

Desde Japón, Alberto Fujimori viajó en 2005 a Chile, desde donde fue extraditado a Perú en septiembre de 2007.

Fue juzgado y en abril de 2009 fue sentenciado a 25 años de cárcel por dos matanzas perpetradas por el Grupo Colina en Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño) y La Cantuta (nueve muertos), así como por los secuestros de un periodista y un empresario.

3. PRESIDENTE DÉBIL, OPOSICIÓN FUERTE

El presidente Kuczynski dijo que el indulto buscaba evitar que Fujimori muera en prisión, pero muchos dudan de su explicación.

Kuczynski ganó por corta distancia el balotaje de las elecciones de 2016 ante Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, cuyo partido Fuerza Popular consiguió mayoría absoluta en el Congreso y ha mantenido contra las cuerdas al presidente desde el mismo día en que asumió.

Fuerza Popular y partidos minoritarios izquierda lanzaron el procedimiento de destitución de Kuczynski, por mentir al declarar respecto a las asesorías que su empresa Westfield Capital había prestado a la cuestionada constructora brasileña Odebrecht.

Con reducido apoyo en el Congreso, se estimaba que la moción de destitución iba a ser aprobada, pero fue sorpresivamente rechazada y el mandatario retuvo su puesto. La abstención de 10 legisladores de Fuerza Popular, incluido Kenji Fujimori, el hijo menor del ex presidente, fue crucial para que Kuczynski se salvara.

4. ¿MIENTE KUCZYNSKI?

La defensa de Fujimori venía pidiendo desde hacía tiempo el indulto por razones de salud, pero sin éxito.

Por ello, un sector de la oposición, como el Frente Amplio y el Nuevo Perú, creen que el indulto fue parte de una negociación reservada con el fujimorismo.

Además, el indulto reforzó la sensación de que Kuczynski miente a sus compatriotas, pues durante dos años negó todo lazo con Odebrecht hasta que fue desmentido por la propia empresa, y porque varias veces había dicho que no concedería el perdón a Fujimori.

"Kuczynski tiene sí una atenuante en las circunstancias en las que decidió violar su palabra y dar el indulto: o aceptaba darlo u hoy no sería el presidente", dijo en su editorial el diario El Comercio, agregando que "tienen razón todos los que piensan que Kuczynski miente".

El indulto cosechó el rechazo no sólo de familiares de las víctimas y de organismos de derechos humanos, sino también de aliados del mandatario: tres legisladores renunciaron al partido gobernante y se anticipan más dimisiones en el seno del gobierno. (Fuente: AFP)