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jueves, 2 de junio de 2022

La Importancia de la Sunedu para la Reforma Universitaria

 



Escribe: Dr. Diego Noreña (*).

A continuación, presento la entrevista que tuve con el Dr. Manuel Etesse, funcionario de Alta dirección de la Sunedu :

¿Cuál es el rol actual de la Sunedu en cuanto a la Reforma Universitaria?

Conjuntamente con el Minedu, la Sunedu es el ente encargado de llevar a cabo la Reforma Universitaria, principalmente en cuanto a legalidad, orden y calidad establecidos en la Ley Universitaria del 2014. La situación previa a la nueva Ley Universitaria era muy precaria a nivel nacional. En ese sentido, los resultados del licenciamiento revelaron grandes brechas de calidad en la oferta universitaria peruana, pues se evidenció que las instituciones con licencia denegada tenían muy graves deficiencias. Durante el trascurso de la evaluación, se revelaron dos realidades. Por una parte, en las casas de estudio que obtuvieron su licencia de funcionamiento se verificó el 100% de los indicadores indispensables para la provisión del servicio educativo. Por otra parte, en las entidades que no la obtuvieron, tan solo se verificó el cumplimiento de apenas el 38% de estos. Asimismo, estas últimas incumplieron entre el 65% y el 88% de indicadores en dimensiones esenciales como la investigación, la docencia y la transparencia institucional. Estamos hablando de una situación muy precaria en lo organizacional, a pesar de los tiempos de adecuación que se tuvo.

Por otra parte, cabe añadir que la Sunedu, además de sus competencias en materia de licenciamiento y supervisión, se ha empeñado en ordenar el sistema en términos de procesos y certificaciones. La Superintendencia administra importantes registros como el Registro Nacional de Grados y Títulos, el Registro Nacional de Trabajos de Investigación y el Registro de Autoridades Universitarias. Para ello sigue lineamientos de calidad, fiabilidad y transparencia. Hoy se puede cotejar la veracidad de un diploma en la web de Sunedu. Así, se viene transformando exitosamente una realidad que era muy lamentable, con temas de falsificaciones, manipulaciones e irregularidades que eran prácticas comunes en nuestro país.

¿Qué significó el Licenciamiento Institucional?

 

El Licenciamiento Institucional fue decirnos, como sistema educativo, cumplamos 8 condiciones básicas. Para alcanzar con ellas, se realizaron importantes esfuerzos e inversiones en las instalaciones universitarias en todos los departamentos del país. Los promotores serios y las comunidades universitarias se enfocaron en mejorar durante estos últimos años. Lo han logrado. Ello, sin embargo, implicó que dos de cada tres instituciones prescindieron voluntariamente de locales no adaptados para la práctica universitaria. Muchos de los locales universitarios que se usaban para enseñar o investigar no garantizaban la integridad física de los estudiantes, ya que no contaban con servicios básicos ni las condiciones elementales para los fines académicos perseguidos. Así, el licenciamiento impulsó la inversión en equipamiento, infraestructura, gestión de riesgos y servicios básicos (como tópicos, servicios sociales, atención psicopedagógica, espacios deportivos, entre otros), así como en el sinceramiento de la oferta y de la infraestructura. Muchas instituciones optaron por desistir de ciertos locales con el fin de obtener su licencia de funcionamiento. En efecto, a nivel nacional, 95 instituciones –de las cuales 63 obtuvieron su licencia de funcionamiento– descontinuaron el uso de 266 locales que presentaban serias deficiencias. Por otra parte, cientos de laboratorios, bibliotecas y aulas fueron refaccionadas, equipadas y acondicionadas adecuadamente. Ese ha sido un avance grande y muy tangible. En el ámbito académico, los avances también han sido muy claros, y recortan las brechas notorias cuando nos comparamos con países vecinos como Brasil, Colombia y Chile.

¿Cómo hemos avanzado en términos del desarrollo académico?

Las planas docentes de las universidades han experimentado una importante mejora desde el inicio del licenciamiento institucional, pues su personal es más calificado y le dedica más tiempo al quehacer académico. Si se compara la situación actual con aquella pre-Sunedu, se advierte que la proporción de puestos docentes con dedicación a tiempo completo pasó de 25% a 41%, y la presencia de profesores con posgrado creció de 55% a 78%. La situación actual de las planas docentes es resultado de una clara mejoría en las formas de selección y contratación de los docentes. Tener profesores más formados y más disponibles favorece a la formación profesional de los estudiantes universitarios.

Complementariamente, las casas de estudio peruanas están hoy más orientadas al conocimiento, pues han cuadruplicado las publicaciones científicas, en comparación con la situación previa al licenciamiento institucional. Entre los bienos 2013-2014 y 2019-2020, el número de publicaciones especializadas presentes en Web of Science pasó de poco más de 1500 a más de 5400… Resulta alentador que, como muestra el Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú 2021, esta progresión se caracterizó por el crecimiento de la producción científica fuera de la capital, así como en instituciones que previamente no tenían un alto desempeño en investigación. Cabe subrayar que esta mejora fue producto del incremento de la inversión y de nuevas miradas a la gestión de la investigación. Ello involucró la implementación de líneas de investigación, políticas institucionales, e incentivos públicos y privados para la producción académica de alto nivel, entre otros factores decisivos.

Asimismo, se acrecentó la integración de las planas docentes con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. En el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), el registro de docentes investigadores contribuye a la consolidación de un entorno científico nacional integrado. En los últimos dos años, se incrementó en 20 % el número de docentes inscritos en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Con ello, más académicos universitarios encuentran herramientas, contactos y recursos para impulsar su actividad investigadora, en vinculación con entidades y financiamiento nacionales e internacionales de fomento al desarrollo de ciencia y tecnología. Existe un potencial enorme en nuestros docentes, aunque, muchas veces, es descuidado al interior de las mismas universidades.

En ese sentido, la Sunedu ha entrado a supervisar que se cumplan ciertos preceptos básicos, lo que incluye que la universidad produzca conocimiento e innovación. La respuesta ha sido clarísima, los docentes están ahí. Por ejemplo, se ha observado un crecimiento exponencial de la innovación tecnológica en las universidades peruanas. Entre los años 2014 y el 2021, el número de invenciones y modelos de utilidad universitarios patentados en el Indecopi pasó de 9 a 274. Es un crecimiento explosivo. Afortunadamente, este crecimiento fue impulsado porque desde todas las regiones del Perú se ha potenciado el talento docente y estudiantil: la proporción de patentes provenientes de universidades de provincia pasó de 0 % a representar el 20 % del total nacional.

¿Qué opinión tiene sobre la autonomía universitaria que esta nueva ley, en apariencia, defiende?

 

Esta nueva ley defiende únicamente intereses particulares y no el bien común. Como se ha manifestado, antes de la Reforma Universitaria, el sistema educativo peruano fue declarado, por Sentencia del Tribunal Constitucional, en un “estado de cosas inconstitucional” debido al mal manejo que existía y a la ausencia de regulación sobre la calidad. No había control y ello generó mucha informalidad e ilegalidad, en beneficio único de empresarios y negociantes. Lamentablemente, esto se dio en perjuicio del estudiante peruano y de sus familias. Hoy, se quiere borrar lo avanzado, se quiere retornar a una situación previa.

Para responder a la pregunta, la autonomía no ha de ser confundida con descontrol. Desde su creación, la Sunedu ha detectado empresas que funcionaban como centros educativos sin autorización, que otorgaban grados y títulos falsos. Tal es el caso de las sanciones impuestas a diversas “pseudouniversidades” que operaban sin licencia alguna. Asimismo, se identificó un mercado negro de títulos profesionales otorgados a través de distintas modalidades a las permitidas por la Ley Universitaria. Por ejemplo, en el año 2019, la Sunedu sancionó a una universidad con una multa mayor al millón 200 mil soles por emitir más de mil títulos profesionales a bachilleres provenientes de otras universidades, práctica prohibida por Ley. Además, las acciones de supervisión de la Sunedu permitieron detectar, a la fecha, más de 90 establecimientos no autorizados y más de 140 programas no autorizados. En estos casos, se exigió el cese inmediato de funcionamiento y se brindaron rutas claras para atenuar la afectación a los estudiantes.

Del mismo modo, la autonomía no justifica el uso indebido de los bienes y recursos de la universidad. Los bienes y propiedades de la universidad son para la comunidad universitaria y no para el beneficio de sus autoridades. Actualmente, la ley prohíbe que cualquier activo universitario sea empleado para fines distintos a los universitarios y la Sunedu supervisa esta obligación. Hasta la fecha, se han detectado presuntos incumplimientos por parte de universidades privadas societarias y asociativas por varios millones de soles. Por la inercia y constancia de este nuevo orden que establece la Ley Universitaria, se han ido desarticulando facciones que controlaban el poder de las universidades, especialmente públicas, con fines inescrupulosos.

Los hechos recurrentes son el uso de predios y vehículos para fines no universitarios, por ejemplo, para fines personales de autoridades universitarias y sus familiares directos, o para usos políticos. Además de esto, ya que los bienes universitarios tienen beneficios tributarios, su uso indebido significa el no pago de los impuestos correspondientes.

También, se reveló el uso de dinero para auspiciar actividades con fines no vinculados al quehacer universitario, pagos de bonos a algunas autoridades, inversiones sin la debida diligencia, entre otros. Por citar un ejemplo, teníamos exrectores que tenían sueldos desorbitantes, como de hasta dos millones de soles mensuales.

A la fecha, la Sunedu ha impuesto sanciones a universidades privadas y públicas al haberse constatado que utilizaron de manera indebida sus activos o excedentes, lo cual involucraba un más de 500 millones de soles en actividades distintas a las universitarias. Estas sanciones han ido corrigiendo las prácticas de los funcionarios en las universidades, sean privadas o públicas. Esto protege el interés del estudiante.

Quiero subrayar lo que ha indicado el Dr. Zegarra Rojas (superintendente de Sunedu) sobre la necesidad de no dejarse confundir: autonomía no es descontrol o autarquía en el campo educativo. En pleno ejercicio de la autonomía las universidades han venido colaborando con la vigilancia del cumplimiento de la norma.

                                                                                                                                                                                                                           Desde la Superintendencia, se ha buscado más bien fortalecer los sistemas internos de las propias universidades en cuando a la gestión de la calidad. Ello con la intención de pasar de un control externo, a uno interno de la propia institución, sobre sus propios procesos. Así, la autonomía y la regulación pro-calidad van de la mano, son aspectos intrínsecamente compatibles que se refuerzan mutuamente. Es la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones. Recientemente ello ha sido manifestado por expertos y organismos competentes, nacionales e internacionales. Ha sido el caso del Consejo Nacional de Educación, la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, la Asociación de Universidad Públicas, Asociaciones de Universidades Privadas, 5 exministros de educación, gremios de estudiantes, la Defensoría del Pueblo, organismos de educadores… La misma UNESCO se pronunció acerca del peligro que representaba la iniciativa congresal, el peligro de perder lo avanzado como país. Al parecer se ha ignorado intencionalmente todas estas voces.

(*)Profesor Diego Noreña cuenta con estudios Posdoctorales en Management, University of Piraeus, Grecia. Es Doctor en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

 


El 10 del mes en curso, el Congreso finalizó el proceso de elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional con una elección en la que los seis postulantes finalistas obtuvieron la votación calificada requerida para su nombramiento. A continuación, un breve resumen de la trayectoria de cada uno de ellos.

FRANCISCO MORALES SARAVIA, quien reemplazará en Ernesto Blume Fortini, es un abogado especializado en Derecho Constitucional que también se desempeña como responsable académico de la maestría en esta especialidad en la Universidad de San Martín de Porres. Además ha laborado en el Tribunal Constitucional, como secretario general y asesor.

LUIS GUTIÉRREZ TICSE, electo reemplazante de Eloy Espinoza-Saldaña, es abogado constitucionalista y labora como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Además, se ha desempeñado como asesor parlamentario en el Congreso.

HELDER DOMÍNGUEZ HARO, que entrará al tribunal en reemplazo de Marianela Ledesma Narváez, es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y también director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial

LUZ PACHECO ZERGA, reemplazante de Manuel Miranda Canales, es doctora en Derecho y profesora en la Universidad de Piura. Actualmente desempeña la función de vocal del Tribunal Nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

MANUEL MONTEAGUDO VALDEZ, elegido reemplazo del fallecido magistrado Carlos Ramos Núñez, es abogado y también ejerce la docencia en la Pontificia Universidad Católica. Asimismo, en la actualidad, también es gerente jurídico del Banco Central de Reserva.

CÉSAR OCHOA CARDICH, reemplazante de José Luis Sardón, es abogado especializado en Derecho Constitucional, integrante del estudio Amprimo Abogados. Actualmente labora como profesor en la Pontificia Universidad Católica.

Congreso archiva proyecto para nueva Constitución

 

“Ya veremos qué hará la población, pero nosotros hemos cumplido con un mandato popular, pronunciado en los consejos de ministros descentralizados”, dijo el premier Aníbal Torres. 

 

Tal como lo anunció su presidenta, el Congreso archivó -el 06 del presente mes- el proyecto del gobierno del presidente Pedro Castillo para consultar la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.

Con 11 votos a favor y seis en contra, la comisión de Constitución del Congreso, dominada por la oposición, envió al archivo el polémico proyecto gubernamental que era una de las promesas de campaña del mandatario y fue anunciado hace dos semanas en medio de las protestas en varias partes del país por el alza de los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes.

Votaron a favor del archivo congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso, mientras que defendieron el proyecto del Gobierno los legisladores de Perú Libre y Cambio Democrático.

El plan proponía que en una cédula adicional, durante las elecciones regionales y municipales de octubre, se pregunte: “¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?” con las alternativas: sí o no.

El proyecto del gobierno llegó sin apoyo al Parlamento. El día en que Castillo lo envió formalmente, la presidenta del Congreso María Alva dijo a periodistas que el plan del Ejecutivo era “inviable”, “inconstitucional” y usado por el gobierno como “distracción”.

La iniciativa presidencial indicaba que la eventual Asamblea Constituyente iba a estar conformada por 130 asambleístas —igual número que el actual Parlamento unicameral— donde 40% serían representantes de partidos políticos, 30% candidatos independientes, 26% representantes de pueblos indígenas y 4% representantes de pueblos afroperuanos.

¿QUÉ HARÁ LA POBLACIÓN?

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que con el archivamiento en la Comisión de Constitución del proyecto de ley del Poder Ejecutivo referido a la convocatoria a una asamblea constituyente, “el Congreso ya resolvió” y “se pronunció” sobre este tema.

“Ya veremos qué hará la población, pero nosotros hemos cumplido con un mandato de la población, pronunciado en los consejos de ministros descentralizados”, añadió.

 

 

domingo, 27 de febrero de 2022

Consuman la contrarreforma universitaria en el Congreso

 

La denominada contrarreforma recibió el respaldo de legisladores como Waldemar Cerrón, Guido Bellido, Álex Paredes y Edgar Tello, de Perú Libre. Los dos últimos han estudiado en universidades denegadas.

Escribe: Milagros Berríos (milagros.berrios@glr.pe)

Mientras el país estaba a la expectativa de la conformación del nuevo gabinete ministerial y del partido de la selección peruana, el pleno del Congreso consumó uno de los mayores golpes a la reforma universitaria de los últimos siete años. Se trata de la aprobación, en primera votación, del dictamen que debilita el rol supervisor de la Sunedu, incorpora en su consejo directivo a representantes elegidos por las mismas universidades e incluso le quita la potestad de licenciar carreras y facultades.

El proyecto de ley “que restablece la autonomía universitaria” recibió 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. Tuvo el apoyo en bloque de Renovación Popular, Fuerza Popular, de casi toda la bancada de Perú Libre y de la mayoría de Acción Popular, Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú.

Pasada la 1 p.m. arrancó un debate cargado de argumentos imprecisos, críticas al cierre de universidades denegadas y hasta de acusaciones sobre una aparente “inmersión ideológica” a los alumnos. Se plantearon tres cuestiones previas, dos textos sustitutorios y una reconsideración, pero nada prosperó.

El presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina (RP), quien también es uno de los autores del dictamen, reafirmó que uno de los cambios a la Ley Universitaria será la reconformación del consejo directivo de la Sunedu. Este tendrá a dos representantes de las universidades públicas y uno de privadas, cuya elección será convocada por los rectores de las más antiguas (San Marcos y la PUCP).

Dicha figura es similar a la de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR); lo cual ha sido rechazado, incluso, por órganos internacionales como la Unesco. “Los supervisados no pueden elegir a sus supervisores. No ocurre en ningún país de América Latina”, señala.

Pese a ello, Medina insistió en que eso le dará “autonomía y pluralidad” ante los gobiernos de turno, debido a que “el consejo directivo es elegido por el Ministerio de Educación (Minedu)”. Sin embargo, lo que en realidad dice la Ley Universitaria es que ellos son elegidos por concurso público.

A los cinco se sumarán representantes del Concytec, Sineace, el Minedu y del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Los siete miembros, en total, elegirán al superintendente.

Con este dictamen también se elimina el rol rector del Minedu en el aseguramiento de la calidad y se ordena que la Sunedu solo licencie a las universidades y filiales: ya no podrá hacerlo en facultades, escuelas o carreras, como ya ocurre con Medicina.

A FAVOR Y EN CONTRA

La denominada contrarreforma recibió el respaldo de legisladores como Waldemar Cerrón, Guido Bellido, Álex Paredes y Edgar Tello, de Perú Libre. Los dos últimos han estudiado en universidades denegadas. “¿Cerrar universidades y perjudicar a alumnos es una reforma o es favorecer el negocio de consultorías?”, dijo Tello, quien agregó que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual afirma que Sunedu no viola la autonomía, “no impide cambiar la ley”.

En el otro extremo, Renovación Popular y Fuerza Popular apoyaron en bloque. También hubo respaldo de Avanza País, donde Juan Burgos dijo que desde la Sunedu se pretende una “penetración ideológica”, como ocurrió con las movilizaciones contra Manuel Merino. En tanto, en Podemos Perú quien votó a favor fue José Luna Gálvez, dueño de Telesup, el caso más conocido de las universidades con licenciamiento denegado.

También hubo legisladores como Jorge Marticorena (PL), quienes rechazaron el dictamen y presentaron tres cuestiones previas para que este retorne a las comisiones de Educación y Constitución a fin de que sean discutidos a profundidad.

Además, se presentaron dos textos sustitutorios para que la elección del consejo directivo sea con el voto universal de docentes y estudiantes, así como el licenciamiento alcance las carreras, pero Medina se negó a incorporarlas. Al final, 69 congresistas votaron a favor. Flor Pablo pidió reconsideración, pero no fue aprobada. En siete días se dará la segunda votación.

ACCIÓN ANTE EL TC

Tras el debate, el bloque a favor de la reforma anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad ante el TC, con el respaldo de 39 legisladores. “Las universidades sí tienen autonomía, pero eso no puede ser autarquía. Los elegidos van a llevar los intereses de los representados. Quieren cambiar la Sunedu para dar una segunda oportunidad”, dijo Pablo.

Por otro lado, legisladores de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, se unieron para celebrar los futuros cambios en la Sunedu.

INSTITUCIONES RECHAZAN INICIATIVA

La Unesco, la Defensoría del Pueblo y un grupo de universidades rechazaron la propuesta y dijeron que la Sunedu no vulnera la autonomía universitaria, tal como lo ratificó el Tribunal Constitucional. “Todos los sistemas de licenciamiento de la región son parecidos al que hoy tiene el país, con expertos que vienen de la vida universitaria, pero no son elegidos por los rectores”, señaló Martín Vegas. La Defensoría reiteró que es fundamental que un órgano independiente e imparcial supervise el servicio. “La reforma no debe retroceder”. Al menos, 16 universidades licenciadas han lamentado este golpe a la reforma universitaria.

 

 

Un mar en un vaso de agua

 




Bolivia cuenta con salida al mar a través del territorio peruano, el cual fue cedido en 1992, por el expresidente Alberto Fujimori. En esa ocasión nadie dijo nada. 


Escribe: Gustavo Espinoza M.

Se suele decir “una tempestad en un vaso de agua”; pero como esta vez se trata del mar para Bolivia, y de la tempestad desatada luego de la entrevista que sostuviera Pedro Castillo con la CNN y en la que se abordara el tema. Bien se puede usar la licencia correspondiente y aludir al aquelarre que ha pretendido formar la “Prensa Grande”, presentando al Jefe del Estado como un “traidor a la Patria”, por haber siquiera pensando, en alguna ocasión -y hace seis años- en la posibilidad de preguntarle al pueblo peruano –vía de un referéndum- acerca de la posibilidad de facilitar un acceso al mar a nuestro vecino altiplánico.

 Es conocido el hecho que cuando la Fuerza Armada gobernaba, Morales Bermúdez ofreció a Bolivia una salida al Pacífico mediante un corredor bajo soberanía tripartida. Fue esa la primera oferta oficial que el Estado Peruano le hizo a la administración de La Paz para poner fin a una injusticia histórica, aquella que convirtiera en mediterráneos a los habitantes de Bolivia.

 No fue por cierto la única propuesta que se barajó en el siglo pasado. En 1992, y en medio de estrepitoso jolgorio de la reacción, Alberto Fujimori dio un paso más definido: otorgó a nuestro vecino un territorio de 2 kilómetros de extensión para que surgiera como por arte de Magia aquello que se llamó “Bolivia Mar”. 

No se recuerda la más mínima critica a esa propuesta, que hubiese provenido de la “Prensa Grande” o de las cúpulas de los partidos reaccionarios. Como en todo lo que hizo “el chinito de la yuca”, también allí el aplauso fue sonoro en los predios de la Clase dominante.

Pero no fue aquella una circunstancia exclusiva. En el 2010 Alan García, y a año siguiente Ollanta Humala, otorgaron diversas concesiones comerciales y aun el uso de zonas portuarias mediante Protocolos Ampliatorios a un país gobernado ya en ese entonces por Evo Morales, esa suerte de Satanás Indio, según la mirada de nuestra sacrosanta aristocracia virreinal que hoy resuella.

Y claro que, al hacerlo, levanta otra vez el lema de “El Mar de Grau”, asegurando que no puede ser concedido “a cualquiera”. Ni siquiera repara que todos los días los barcos pesqueros norteamericanos que operan libremente en nuestras 200 millas se llevan hasta el Santo y la Limosna, sin que el recuerdo del héroe de Angamos, les perturbe el sueño. ¿Y algo les dicen las bases militares estadounidenses en nuestro suelo?  

 No es Patriotismo, ni amor al Perú, lo que mueve hoy a la reacción a levantar esa banderilla en contra de Pedro Castillo. Es apenas el afán de remover los rescoldos del Patrioterismo que debiera existir -dicen- en el corazoncito de los peruanos –y sobre todo de los uniformados- a ver si de una vez dan un “Golpe” y destituyen a quien ha osado mancillar la memoria del Almirante, el único que existe en nuestra Marina de Guerra. 

El Mar de Grau no les importó nunca. Ni antes, cuando los atuneros yanquis hacían de las suyas; ni ahora, cuando REPSOL derrama seis mil barriles de Petróleo causando daños infinitos a nuestra bio diversidad y perjudicando severamente a centenares y aún miles de trabajadores del mar que sufren efectos de la barbarie que ha concitado la atención del mundo.     

Seis meses después del 28 de julio del 2021, el fascismo peruano llora a moco tendido porque no ha podido derribar al Jefe del Estado. Se ha valido de todas las argucias, ha impulsado todas las maniobras, ha puesto en marcha todos los operativos; pero nada le ha dado resultado.

A través de los “medios de opinión” con los que cuentan -el 100% de la TV, el 85% de la prensa escrita y el 70% de la hablada- ha dado rienda suelta a todas sus demandas y frustraciones: ha acusado de todo el Mandatario, lo ha llenado de improperios, lo ha descalificado a su antojo, se ha burlado de sus errores, lo ha denigrado con desprecio y vileza; pero no ha conseguido ni removerlo, ni hacerlo retroceder. Con todas sus limitaciones y precariedades –que son notorias- Castillo ha resistido a pie firme. Y por eso, lo odia más.

 Ningún Jefe de Estado en el Perú ha sido más acosado y atacado. Ninguno ha sufrido más el escarnio y el rechazo, ninguno ha sido más denigrado Por eso, cuando se desata ahora esta nueva ofensiva, el común de los peruanos -el que no cae en el juego siniestro de la reacción- simplemente ignora estos vejámenes. Pareciera que precisamente para ocultar la culpa de REPSOL, los voceros de la derecha han levantado la entrevista de CNN no como cortina de humo, sino de dólares, con la colusión de VOX, el engendro fascista de moda.

En los años 60 del siglo pasado el diario “La Prensa de Pedro Beltrán –el “neoliberal de la época”- acusó de “traición a la Patria” a un dirigente estudiantil Sanmarquino, y lo arrinconó hasta derrotarlo ¿Qué delito había cometido Juan Alberto Campos Lama, el Presidente de la FUSM, en ese entonces?  Hacer una declaración en un evento internacional, augurando que los conflictos fronterizos con Ecuador, se resolverían pacíficamente. La campaña demoledora se basó en un sólo argumento: El Perú no tiene ningún conflicto fronterizo pendiente. Sugerir la existencia de alguno, es Traición a la Patria.

Años después, Alberto Fujimori “resolvió” el conflicto fronterizo con el país del norte obsequiándole un territorio: Tiwinza. ¿Hablaron de Traición nuestros “patriotas”?  ¿Se rasgaron las vestiduras acusando al Nikei de haber “mancillado el honor nacional” con ese “obsequio”? ¿No dijeron que ese gesto había concluido finalmente con el litigio fronterizo con el país que presidia entonces el señor Mahuad? Y después, ¿no fundamentó García la necesidad de conceder salida a Bolivia? ¿También lo olvidaron? 

Este mar, el que se discute ahora, no tiene más tarea que unir a los; pueblos, no dividirlos.

No es patriotismo, ni amor al Perú, lo que mueve hoy a la reacción en contra de Pedro Castillo, por haber pensado en consultar al pueblo peruano sobre la posibilidad de facilitar una salida al mar a la vecina Bolivia.

viernes, 10 de septiembre de 2021

Congresistas investigados y sentenciados al frente de comisiones

 

Luna, Bustamante y Aguinaga son parte de los congresistas que han sido cuestionados como presidentes de comisiones.

Escribe: Wilber Huacasi

Podemos, Fuerza Popular, Renovación y APP eligieron a presidentes de comisiones con cuestionamientos y el Pleno podría aprobarlo hoy. En tanto, la titular del Congreso anunció que el presidente Castillo se reunirá con ella a las 9 a. m.

De las 24 comisiones ordinarias del Parlamento, dos estarán presididas por personas que reportan sentencias en sus hojas de vida y dos tienen investigaciones fiscales en curso, ya sea por organización criminal o por muerte y lesiones graves. Esto, además de cuestionamientos que pesan sobre otros parlamentarios que también tendrán a su cargo grupos de trabajo.

El Pleno del Congreso sesionó para aprobar la composición de las comisiones y las presidencias que fueron decididas internamente por cada bancada.

FUERZA POPULAR

De todos los grupos parlamentarios, Fuerza Popular tiene al mayor número de presidentes de comisiones bajo cuestionamientos.

La Comisión de Fiscalización estará presidida por Alejandro Aguinaga, médico involucrado en el caso de las vacunas VIP, al haber accedido a las dosis de Sinopharm al margen del ensayo clínico, juntamente con su esposa.

El parlamentario fujimorista además está acusado por el Ministerio Público, por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, seguidas de muerte, por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas en la dictadura de Alberto Fujimori.

Ana María Vidal, abogada especialista en derechos humanos, advierte un riesgo en esta decisión de Fuerza Popular. “Como presidente de la Comisión de Fiscalización, puede empezar a pedir información al Ministerio de Justicia para supervigilar y obstruir el proceso de reparaciones”, comenta.

En su opinión, “alguien que está imputado por estos crímenes (en el caso de las esterilizaciones forzadas), y que además se ha vacunado al margen del estudio, debería estar descartado para presidir la Comisión de Fiscalización”.

Por otro lado, la Comisión Agraria tendrá como presidenta a Leslie Vivian Olivos Martínez, abogada representante de Lima provincias, que registra en su hoja de vida una sentencia por el delito de falsificación.

Y a ellos se suma Ernesto Bustamante, médico conocido por la agresiva campaña de desinformación que realiza en contra de la vacuna Sinopharm. Él conducirá la Comisión de Relaciones Exteriores.

APP, PODEMOS Y RP

El grupo parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) conducirá la Comisión de Transportes y Comunicaciones, y estará a cargo de Alejandro Soto Reyes, abogado que reportó una sentencia en una demanda contractual, en la que se le ordena indemnización de daños y perjuicios por la inejecución de obligaciones.

También reporta un proceso penal por difamación, en el cual el Poder Judicial le halló responsabilidad, pero dictó una sentencia con reserva de fallo.

APP también puso en la Comisión de Presupuesto a Héctor Acuña Peralta, quien reporta una deuda coactiva ante la Sunat por 1.348 soles.

PODEMOS PERÚ decidió poner como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor a José Luna Gálvez, quien es investigado por el presunto delito de organización criminal.

A ellos se suma Ricardo Medina Minaya, quien presidirá la Comisión de Educación. Se trata de un parlamentario de Renovación Popular, partícipe del colectivo conservador “Con mis hijos no te metas”. En una entrevista, atribuyó el fenómeno de El Niño a la ideología de género.

Todos ellos conducirán comisiones en las que se deciden las políticas públicas del país.

 

sábado, 31 de agosto de 2019

Una movida audaz pero costosa




En una propuesta que sorprendió a propios y extraños, el presidente Martín Vizcarra incluyó en su discurso por Fiestas Patrias un pedido de reforma constitucional mediante referéndum para el adelanto de las elecciones generales. De prosperar la iniciativa, tanto el mandato presidencial como el de los congresistas terminarían el próximo año en vez del 2021.
Lo que habría motivado la apuesta del mandatario es una lectura del entrampamiento político que se vive hoy, en la que la gobernabilidad y el ejercicio regular del poder público se hacen inviables. Manteniéndose dentro de los mecanismos constitucionales, el presidente Vizcarra ha retomado la iniciativa política aprovechando, como se está haciendo usual, el desprestigio del Congreso ante la ciudadanía.
La propuesta es, cuanto menos, audaz. Las causales constitucionales para forzar el cierre del Congreso basado en un supuesto rechazo de la segunda cuestión de confianza planteada a raíz de la reforma política, como pedían ciertos sectores, eran endebles. Por otro lado, la negativa del Legislativo a adoptar los principios de reforma de la inmunidad parlamentaria que había solicitado la administración Vizcarra ponía al presidente en una posición política incómoda. En ese escenario, el pedido de adelanto de elecciones logra descolocar a la oposición, centrar al debate en los términos que el presidente ha decidido, legitimar su pedido ante la ciudadanía a través del referéndum que forma parte de la modificación constitucional y, de paso, ganarle algo de oxígeno político al Ejecutivo.
La iniciativa, sin embargo, viene con costos. Los siguientes meses verán una intensificación de la turbulencia política que ha padecido el país desde las elecciones del 2016. Es difícil pensar, de hecho, que buena parte de los anuncios y propuestas que expuso el presidente durante la primera hora y media de su discurso tendrán un espacio político suficiente en esta coyuntura. Aquellas disposiciones que requieran consensos, sobre todo, se verán necesariamente postergadas.
Segundo, la convocatoria a nuevas elecciones tiene también que superar un obstáculo práctico: aún si el Legislativo aprobara el proyecto de ley con celeridad en la próxima legislatura, los plazos que dispone la Ley Orgánica de Elecciones para convocar a referéndum (una anticipación no menor a 60 días) y luego a elecciones (no menor a 270 días) hoy son imposibles de cumplir si se quiere tener los comicios en abril. Ello significa que el Gobierno tendrá que incluir un cronograma ad hoc en la disposición transitoria que propone incorporar en la Constitución para adelantar comicios, o que el Congreso lo apruebe elaborando una norma separada.
No obstante, la respuesta inmediata desde el Congreso a la solicitud de reforma constitucional sigue siendo desconocida (aunque varios parlamentarios ya han hecho notar su rechazo). Solo se ha limitado a decir que emitirá opinión sobre la misma una vez que el presidente presente el proyecto de ley pertinente, lo que agrega una dimensión de incertidumbre adicional. A ello se suma la posibilidad de una eventual renuncia del presidente Vizcarra y de la vicepresidenta Mercedes Araoz en caso los parlamentarios rechacen el acortamiento del plazo de sus funciones: ello forzaría al nuevo presidente del Congreso, Pedro Olaechea, a asumir la Presidencia de la República y a convocar nuevas elecciones, pero no existe un consenso entre los expertos sobre si dichas elecciones serían tanto presidenciales como congresales o solo para elegir un nuevo jefe del Estado. Está el hecho, además, de que los términos en los que el mandatario ha planteado su solicitud de adelanto de comicios están aún poco claros, pues no han sido expuestos formalmente en ningún documento. Toda esta inestabilidad tendrá, muy posiblemente, un correlato marcado en indicadores como la confianza empresarial y la inversión privada.
De todo esto se entiende que, a ojos del presidente, la crisis política y la relación tóxica entre el Gobierno y Legislativo superaron ya el punto de no retorno, y en honor a la verdad, la agenda política de los últimos tres años ha girado en gran medida en torno a su confrontación. Ante ello, el efecto del anuncio presidencial se irá esclareciendo a lo largo de los próximos días, no solo tras concretarse la medida en un proyecto de ley, sino también al definir el Congreso la manera en que responderá ante este pedido. Mientras tanto, sin embargo, el país asume desde ya el costo de esta nueva, y quizás última, pugna entre ambos poderes.
(Editorial del diario El Comercio 29 de julio 2019)

miércoles, 25 de abril de 2018

CRONOLOGÍA DE LA CAÍDA DE PPK


El ex presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), renunció a la Presidencia del Perú, abrumado por graves denuncias de corrupción que provocaron una crisis política en el país.
Aquí la cronología de su caída.
13 DE DICIEMBRE DE 2017
Presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, reveló que Westfield Capital, una empresa de asesoría de banca de inversión, fundada y dirigida por PPK, realizó 7 consultorías para Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007 por 782.207 millones de dólares, es decir, cuando Kuczynski fue ministro de Alejandro Toledo.
14 DE DICIEMBRE DE 2017
PPK, mediante un mensaje a la Nación, dijo que no renunciaría a su cargo. “Estoy aquí para decirles: no voy a abdicar ni a mi honor ni a mis valores ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos”, expresó.
15 DE DICIEMBRE DE 2017
Parlamentarios de Fuerza Popular, Frente Amplio y Apra presentaron una moción solicitando la vacancia de PPK por “incapacidad moral” por sus supuestos vínculos con Odebrecht. Ese mismo día se admitió a trámite en el Pleno con 93 votos a favor y 17 en contra.
21 DE DICIEMBRE DE 2017
PPK da un Mensaje a la Nación donde advierte que sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz renunciarán si el Congreso de la República aprobaba la vacancia.
Durante su presentación, PPK aseguró que jamás mintió y que nunca tuvo vínculos con Odebrecht. Refirió que los contratos firmados entre Westfield y la constructora brasileña fueron hechos por Gerardo Sepúlveda.
“Soy un hombre honesto, jamás he recibido un soborno, una coima o una prebenda que haya torcido mi comportamiento. Jamás incurrí en un conflicto de intereses. Jamás he ocultado información”, expresó.
Luego de más de 10 horas de debate, el Pleno rechazó la vacancia de PPK con 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. Se necesitaban 87 votos para su aprobación. Diez congresistas de Fuerza Popular, encabezados por Kenji Fujimori, votaron en contra de la moción.
24 DE DICIEMBRE DE 2017
En vísperas de Navidad, PPK decidió otorgar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. Esto generó la renuncia de dos integrantes de su bancada, Alberto de Belaunde y Vicente Zeballos. Más de un mes después el mandatario reveló que fue Kenji Fujimori, hijo menor del exgobernante, quien le pidió que indulte a su padre “por motivos de salud”.
27 DE DICIEMBRE DE 2017
La bancada del Frente Amplio anuncia que evalúa la posibilidad de presentar una nueva moción para pedir la vacancia PPK por el indulto otorgado a Alberto Fujimori, informó su vocero, el legislador Marco Arana.
28 DE DICIEMBRE DE 2017
Más de 10 funcionarios y ministros presentaron su renuncia irrevocable tras el indulto humanitario otorgado por PPK al expresidente Alberto Fujimori.
10 DE ENERO DE 2018
PPK tomó juramento a los nuevos integrantes del llamado ‘Gabinete de la reconciliación’ en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.
28 DE ENERO DE 2018
PPK cayó a su nivel más bajo de aprobación, con apenas un 19%, reveló hoy la primera encuesta publicada por GfK tras el indulto que otorgó a Alberto Fujimori.
31 DE ENERO DE 2018
Kenji Fujimori y los 9 parlamentarios de su grupo acordaron presentar su renuncia irrevocable a la bancada de Fuerza Popular, en un hecho que constituye el cisma más importante dentro del fujimorismo desde su aparición en la escena política nacional.
19 DE FEBRERO DE 2018
PPK recordó que fue elegido por un mandato de 5 años y aseguró que completará este encargo, tras señalar que no renunciará por presiones sin fundamento.
7 DE MARZO DE 21018
Keiko Fujimori rompió con un período de más un año sin ofrecer declaraciones a periodistas y pidió que PPK dé un paso al costado por sus vínculos con Odebrecht.
8 DE MARZO DE 2018
La oposición presentó una nueva moción de vacancia contra PPK por permanente incapacidad moral, a raíz de sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
15 DE MARZO DE 2018
El Congreso de Perú aprobó debatir la moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra PPK. El pedido de destitución recibió el voto de 87 legisladores, 15 en contra y 15 abstenciones.
Se fijó el 22 de marzo como fecha para que PPK ejerza su defensa ante el Pleno del Parlamento, acompañado de su abogado, Alberto Borea.
20 DE MARZO DE 2018
Fuerza Popular presentó varios videos que demostrarían el intercambio de proyectos a cambio de votos congresales para que la vacancia presidencial en contra de PPK no prospere.
El parlamentario Moisés Mamani acusó a su colega Bienvenido Ramírez de ofrecerle proyectos a cambio de su voto para evitar la vacancia del mandatario. Los videos fueron bautizados como los #kenjivideos.guillermo bocángel

En las imágenes también se aprecia a los legisladores Guillermo Bocángel y Kenji Fujimori, además del abogado de PPK, Alberto Borea, y según los diálogos, se involucraría en estos sucesos a varios ministros.
21 DE MARZO DE 2018
El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, presentó tres audios con conversaciones entre el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, y el congresista Moisés Mamani, donde se menciona a PPK.
Al mismo tiempo, cinco congresistas de PPK le piden públicamente al mandatario renunciar al cargo o de lo contrario votarían a favor de la vacancia en el Pleno del 22 de marzo.
Abrumado tras quedarse sin respaldo, PPK anunció en un mensaje a la Nación su renuncia al cargo. “Lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República (…) habrá una transición constitucionalmente ordenada”, dijo.

lunes, 25 de diciembre de 2017

El bailecito de PPK

 
Escribe: Alan Fairlie Reinoso. 


Al final de una dramática jornada, ese gesto muestra que no hay conciencia de realidad del todavía Presidente. No hay nada que celebrar, los escenarios son bastante complicados.
VOTACIONES FRACTURADAS
Hay quienes hablan de estrategia fuji-aprista y que el FA fue furgón de cola del fujimorismo. El tema no parece ser tan simple. El Apra votó dividido, a pesar de su tradicional disciplina. Difícil argumentar una alianza fuji-aprista si cuando hay que definir lo esencial de la misma, ese bloque se rompe. Lo mismo Acción Popular, que ha sido gobierno y de larga tradición democrática, no se podría decir que es títere del fujimorismo.
Lo del fujimorismo se entiende, la facción de Kenji votó a cambio del indulto. Veremos si cumplen, previsiblemente en el contexto de la visita papal que buscará la “reconciliación” de todos los peruanos.
Lo de APP es más complejo, una abstención de una agrupación con presencia regional y congresal importante y que busca ser gobierno, avalando lo que denunció en su momento en aras de la gobernabilidad. Argumento similar de NP, no entregar el poder a los fujimoristas, si renunciaban los vicepresidentes, a pesar que uno de sus miembros jugó un rol decisivo en los documentos para probar responsabilidades de PPK y que anunció votaría por la vacancia.
Se ha satanizado la votación del FA, por una supuesta alianza o ser “tontos útiles” del fujimorismo. Sin embargo, su argumentación coincide con los no fujimoristas que han votado por la vacancia. Si hay responsabilidad política en el Presidente debía salir, y renunciar los vicepresidentes que no podían sostenerse. Así, convocarse elecciones anticipadas para congresistas también.
Estas coincidencias se dan también en el tema de reforma o cambio de Constitución, y necesidad de refundar la República. Aquí convergen el FA y NP, y diversas fuerzas e instituciones progresistas o de izquierda que no tienen representación parlamentaria.
Si se reconfirma el indulto, se producirá un nuevo reagrupamiento al interior del gobierno y las diferentes fuerzas políticas. El frente anti-fujimorista se reacomodará y el país estará partido en dos. El gobierno deberá aliarse con el fujimorismo para gobernar hasta donde pueda, y los cambios prometidos o esperados desde las fuerzas que apoyaron a PPK en esta coyuntura, no se darán. Los costos políticos, credibilidades y posicionamientos futuros, no serán los que ahora parecen tan simples.
LO FEO
Terrible que hayan apelado a todo para quedarse en el poder. Pedir la intervención de la OEA como si fuéramos una república bananera, es imperdonable. El alineamiento de los amigos internacionales de PPK, como las clasificadoras de riesgos que anunciaban cataclismos si caía, la campaña orquestada de la prensa metiendo presión y miedo con la vuelta de la dictadura, la intromisión de los curas en un asunto político avalando a PPK en aras de la gobernabilidad, los pedidos de los gremios empresariales pidiendo algo similar. El tema no era si se justificaba o no la vacancia, sino que la alternativa era peor y había que evitarla como sea.
Seguro habrá diferentes interpretaciones. Pero lo que ha quedado no parece una salida a la crisis, sino el inicio del desarrollo de otra, agudizada por el indulto. Difícil sostener que eso garantiza la gobernabilidad. Elecciones con la decisión devuelta al Soberano, no parece habría sido un peor escenario. Pero eso no lo sabremos, por el momento.
EL PROBLEMA DE FONDO
El problema es estructural, la liberalización y apertura implementadas desde los años noventa, con la Constitución del 93 creó las condiciones estructurales de la corrupción hoy revelada. La falta de regulación, el no estado, la privatización de la función pública y las propias políticas, crearon el entorno apropiado para el aprovechamiento ilícito. El modelo de los últimos años no solo no resolvió los problemas estructurales externos, de empleo e ingresos, descentralización, diversificación productiva, informalidad, dependencia primario –exportadora, exclusión social. No evitó la corrupción, se entronizó con la captura del Estado por poderes económicos y fácticos.
El fracaso del intervencionismo anterior, economía cerrada, proteccionismo infinito, distorsión de precios relativos y crisis, corrupción por la discrecionalidad, no pudo ser superado con éxito por el modelo en curso.
Ese es el problema de fondo, al que hay que responder. O se hace desde una transformación productiva y un nuevo marco institucional que redefina un equilibrio mercado –estado, y fortalezca mecanismos e instituciones o cree nuevas, en otra Constitución, o se avanza en reformas de segunda generación para tratar de perfeccionar el modelo actual. Ese es el debate y la decisión que habría que tomar para el Perú del Bicentenario. Para ello se requiere una renovación de cuadros e instituciones, que con elecciones reconfigure la real correlación de fuerzas que permita avanzar en su implementación.
Esa era una forma constitucional de darle salida a la crisis. Ahora le han dado aval al gobierno de PPK hasta que pueda sostenerse, veremos si cambia equipos y políticas o si continúa con más de lo mismo, lo que parece más probable, por el contenido de facultades legislativas enviado al Congreso. Sigue la mayoría fujimorista, y seguirá el modelo actual en el que coinciden (las diferentes facciones existentes).
Se abre una posibilidad de convergencia de las diferentes fuerzas progresistas dentro y fuera del Congreso para presentar una alternativa articulada, pero para ello debe cesar la grita de excomuniones recíprocas que se viene dando, y sentarse a conversar sobre el futuro de la República. Caso contrario, la crisis se profundizará y las salidas no serán ordenadas o pacíficas, sino que reeditarán ciclos indeseables que se han dado en el Perú y América Latina. No estamos para bailecitos.