Por: Luis Eloy Plasencia Torres.
Devastador fue el terremoto político que sacudió
desde sus goznes al partido Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori. El
epicentro del sismo fue un reportaje difundido por el programa televisivo
Cuarto Poder de Canal 4, en base a una investigación realizada en cooperación
de la cadena norteamericana Univisión.
El informe periodístico, propalado el domingo 15 del
mes en curso, reveló que la agencia de lucha antidrogas estadounidense (DEA) investiga
a Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, por presunto lavado de
15 millones de dólares, dinero que le habría sido entregado por la candidata
presidencial Keiko Fujimori para ser utilizado en su campaña política del año
2011.
Al día siguiente, la DEA informó que Keiko Fujimori no
era objeto de su investigación, lo cual dio pie para que la candidata
presidencial aproveche las circunstancias y diga que su contendor, Pedro Pablo
Kuczynski, estaría detrás de la denuncia.
“Eso es un cuento que no merece respuesta, yo no
impulso ninguna guerra sucia ni he ido a Nueva York a ver estupideces de las
cuales me hablan”, expresó PPK muy sorprendido.
Y, el día martes 17, Joaquín Ramírez, en conferencia
de prensa salió a desmentir las acusaciones en su contra y afirmó que la DEA
había emitido un comunicado donde negaba que él fuera investigado por el presunto
delito de lavado de activos, información que nadie cree.
Pero lo que oculta Joaquín Ramírez, es que la
ex procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, lo denunció ante
el Ministerio Público, el 9 de setiembre de 2014, y el fiscal Marco Antonio
Cárdenas resolvió iniciar investigación, el 3 de diciembre del mismo año, sin
embargo hasta la fecha no se le ha levantado el fuero parlamentario al
congresista fujimorista como corresponde.
La fiscalía le atribuye a Ramírez un supuesto
desbalance patrimonial que alcanza la cifra de US$ 7 millones de dólares.
El caso de la fiscalía contra el secretario general
de Fuerza Popular no incluye las propiedades que la revista Hildebrandt en sus
Trece descubrió en Miami: “a) El 11 de noviembre 2012 compró por 2 millones 075
mil dólares un departamento en 9703 Collins Avenue; b) El 12 de diciembre de 2014 adquirió otro
departamento por 527 mil dólares en Brickell Bay DR”.
Las fuentes de la fiscalía consideran que Joaquín Ramírez
debe aclarar el origen lícito de los fondos con los que adquirió dichos
inmuebles.
En consecuencia se le tiene que levantar la
inmunidad parlamentaria, a este oscuro personaje de la política peruana que de
cobrador de combi se ha convertido en millonario. Debe ser juzgado, pues al
pasar por alto este tipo de denuncias se
está poniendo en juego el futuro de la República que otra vez, como sucedió en
la dictadura fujimontesinista, puede ser convertida en narcoestado.
No cabe duda que las investigaciones por lavado de
activos, en torno al secretario general de Fuerza Popular, han empañado la
campaña política de Keiko Fujimori, pero ella continúa blindando al denunciado,
Joaquín Ramírez, quien obligado por el escándalo mediático, ha pedido licencia
a su partido hasta que duren las investigaciones, mas no ha renunciado a su
inmunidad parlamentaria.
En Fuerza Popular supervive gran parte del
fujimontesinismo, arropado de naranja, y huele a corrupción. Cual caballo de
Troya, esa organización política, está a
punto de reinstalar en Palacio de Gobierno a la dictadura más corrupta y
sanguinaria de la historia del Perú, la cual tuvo como primera dama a Keiko
Fujimori.
Por tal razón, el 05 de Junio los peruanos debemos
afinar el olfato para votar, el fujimontesinismo nunca más.
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