REFORMA ELECTORAL

Luego de varias sesiones, la subcomisión de reforma electoral, presidida por Patricia Donayre, aprobó por unanimidad el predictamen que se enviará a la Comisión de Constitución, en la que existe el acuerdo de darle prioridad en su agenda.

Una de las modificaciones al proyecto fue el establecimiento de una sanción de 20 UIT para los responsables de acoso político (afectación a la dignidad de los candidatos a través de cualquier vía) durante una campaña electoral, así como el envío del caso a la Fiscalía.

Otra modificación fue la inclusión de mayores restricciones para postular. Ahora están impedidas las personas que hayan cometido cualquier tipo de delito y tengan una sentencia firme con una antigüedad máxima de 10 años respecto del proceso electoral.

Asimismo, se estableció la obligatoriedad de recibir la asistencia técnica de la ONPE en las elecciones internas de los partidos, que siguen siendo responsables de organizar sus propios comicios.

Por último, otro de los añadidos que se hizo en la última sesión de esta subcomisión fue extender la declaración jurada que presenten los candidatos a los hijos y los cónyuges de estos, incluyendo su información financiera y judicial.

Si el proyecto se convierte en ley, se aplicará a las elecciones regionales y municipales de 2018, salvo para aquellos partidos que ya iniciaron su proceso de inscripción.