Recomposición del Congreso podría influir en las votaciones del fiscal y el TC

La bancada de Keiko Fujimori afronta la rebeldía de 10 de sus miembros. Por Twitter, ella se dirigió a sus 61 congresistas, cuando en teoría tiene 71.

Duro revés. Fuerza Popular afronta la disidencia de 10 de sus integrantes, liderados por Kenji Fujimori, y la bancada oficialista busca acercarse a APP y Nuevo Perú. El fujimorismo disminuido la tendrá más difícil a la hora de juntar los votos necesarios para destituir al titular del Ministerio Público.

Redacción: Liliana Rojas, Ghiovani Hinojosa.

La votación de la vacancia presidencial ha dejado varios "heridos" en el Parlamento y ha iniciado un proceso de recomposición de fuerzas políticas. Algunos observadores coinciden en que esto dificulta el camino a la destitución del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a la sanción de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Ha quedado claro que los 10 miembros de Fuerza Popular, liderados por Kenji Fujimori, que se abstuvieron de vacar a Pedro Pablo Kuczynski podrían volver a desobedecer las órdenes de Keiko en determinadas circunstancias. El mismo día de la votación, la bancada acordó someterlos a un proceso disciplinario.

“Si los expulsan o si ellos renuncian no podrían formar una nueva bancada, una ley se los impide, a menos que en un proceso realizado por un órgano del propio Congreso se demuestre que fueron sacados de forma arbitraria y violando el debido proceso”, explica Heber Campos, profesor de Derecho de la Universidad Católica del Perú.

Como no agrupados, los “kenjistas” podrían formar una bancada de facto, aunque sin las prerrogativas de un grupo parlamentario. Este bloque “tendría más votos que Acción Popular (5 miembros), el Apra (5 miembros) y Alianza para el Progreso (8 miembros, luego de la renuncia de Julio Rosas)”, remarca el politólogo Fernando Tuesta.

Para el ex presidente del Parlamento Ántero Flores-Aráoz, esta podría ser la primera de varias escisiones en la bancada naranja. “La historia lo demuestra: cuando se rompe la unidad una vez, los quiebres vuelven a repetirse”, comenta.

Las bancadas de Alianza para el Progreso y Nuevo Perú, que no se plegaron a la moción de vacancia (la primera, votando en ámbar, salvo dos de sus miembros; y la segunda, retirándose en bloque del hemiciclo), se yerguen como potenciales aliados de Peruanos por el Kambio. Lo ha dicho el congresista Juan Sheput, vocero alterno de la bancada oficialista, a La República: “Hay que diseñar una política de alianzas con aquellos partidos que han demostrado tener interés por la gobernabilidad”.

Y luego están las discrepancias en las bancadas pequeñas, como el Apra y Acción Popular. En la primera, Jorge del Castillo y Luciana León mostraron ser capaces de votar contra de lo dispuesto por el Comité Ejecutivo Nacional. Y en la segunda, Víctor Andrés García Belaunde se ha mostrado incapaz de persuadir a los suyos de que su posición es la justa.

SIN MAYORÍA ABSOLUTA

¿Cuáles son los efectos de esta recomposición sobre la práctica parlamentaria?

El politólogo Eduardo Dargent piensa que “el fujimorismo disminuido en 10 miembros, con sólo 61, es menos atemorizante en lo que respecta a vacancias a futuro, interpelaciones y censuras”.

Sin los “kenjistas”, los miembros de Fuerza Popular serían 61 y no alcanzarían la mayoría absoluta (66 votos, de 130 congresistas) necesaria para aprobar nuevas leyes orgánicas o sus modificaciones, delegaciones de facultades al Ejecutivo, interpelaciones a ministros, conformación de comisiones investigadoras, entre otras medidas relevantes.

Para Flores-Aráoz, esto hará que el fujimorismo abandone su ostracismo y se acerque a otras bancadas a tender puentes.

Añadió que con la nueva correlación de fuerzas habría cambios en la conformación de las comisiones y esto podría influir en la elección del próximo presidente del Congreso.

Dargent añade que es importante saber cuál será el plan inmediato de Kenji Fujimori: si disputará el liderazgo de Fuerza Popular, armará un movimiento propio o se quedará en el partido “dejando en claro que no se va a dejar mangonear”.

Para la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano, no hay duda que el duro revés sufrido por el fujimorismo ha cambiado sustancialmente el escenario en el Poder Legislativo. Afirma que la jornada del último jueves le enseñará a Fuerza Popular que tiene que ser más tolerante y menos prepotente para evitar más fraccionamientos.

Asimismo, recomendó a Kuczynski hacerle caso a Juan Sheput y tender puentes hacia las fuerzas políticas que lo han apoyado abiertamente, como Alianza Para el Progreso y Nuevo Perú.

Esta consideración se podría tomar en cuenta a la hora de pensar en la conformación del nuevo gabinete. De hecho, algunos vocean a la parlamentaria Gloria Montenegro (APP) como futura ministra de Educación.

FISCAL SÁNCHEZ Y TC

“Definitivamente, todas las votaciones que se van a realizar inmediatamente después ya van a estar sometidas a este nuevo reordenamiento de las fuerzas en el Congreso”, remarca el analista político Fernando Tuesta.

Dos de las votaciones más relevantes que se realizarán en las próximas semanas son la destitución del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y la sanción contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón: para uno de ellos (Eloy Espinosa-Saldaña) se pide la inhabilitación por 10 años y para los otros tres (Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos) una suspensión por 30 días.

En ambos casos, antes de la votación final en el Pleno, las sanciones deben aprobarse primero en la Comisión Permanente, integrada por 26 congresistas.

De acuerdo al Reglamento del Parlamento, para que el Pleno dé luz verde a las sanciones tanto para el titular del Ministerio Público como para los jueces del TC se necesita 69 votos. Es la cifra correspondiente a los dos tercios del total de parlamentarios menos los integrantes de la Comisión Permanente, como corresponde en el proceso de este tipo de acusaciones.

Se debe recalcar que en estas sesiones plenarias no podrán participar aquellos que votaron la denuncia en la Comisión Permanente, por lo que todos los grupos parlamentarios llegarán ligeramente disminuidos a la votación.

Por ejemplo, Fuerza Popular, que necesitaría 13 votos para asegurar la aprobación de la acusación en la Comisión Permanente, podría llegar con 58 votos al momento clave en el Pleno. Ahora, si los "kenjistas" vuelven a disentir, serían 48.

En tal caso, faltaría convencer a otros 21 parlamentarios para sacar adelante la sanción contra el fiscal Sánchez.

Los oficialistas también llegarían algo reducidos: gastando los votos de los cuatro representantes que tienen en la Comisión Permanente (entre ellos Vicente Zeballos y Salvador Heresi), se presentarían en la sesión plenaria con 14 votos.

Lo mismo pasaría con APP, que tiene 3 votos en la Permanente; y con el Apra, que tiene solo 2.

"Si hasta el 12 de enero, cuando empieza el receso en el Congreso, la Comisión Permanente no aprueba las sanciones contra el fiscal de la Nación y los miembros del TC, ya se tendría que ver a partir del marzo, cuando se instale la segunda legislatura de este periodo parlamentario", explica Heber Campos.

EL CASO DE BENICIO RÍOS EL PEPECISTA QUE VOTÓ NARANJA

- Uno de los apepistas que se rebeló a la consigna del partido de César Acuña y se plegó al fujimorismo en la vacancia de PPK fue Benicio Ríos Ocsa, parlamentario por Cusco.

- De acuerdo a fuentes de APP, Ríos tomó esa decisión en busca del apoyo de Fuerza Popular en un inminente proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria que pesa sobre él.

- El congresista fue sentenciado hace pocos días, el 18 de diciembre, a siete años de cárcel por el delito de colusión debido a la compra sobrevalorada de 10 hectáreas de terreno cuando era alcalde provincial de Urubamba. Lo condenó el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cusco.

- “Vamos a esperar que Benicio Ríos nos dé una explicación lógica de por qué hizo eso y después veremos lo que corresponde porque tampoco vamos a abrir un proceso sin escucharlo”, ha declarado César Villanueva, vocero de APP.

- Otro de los que votó con Fuerza Popular fue Julio Rosas, que ha renunciado a la bancada.

REFORMA ELECTORAL

Luego de varias sesiones, la subcomisión de reforma electoral, presidida por Patricia Donayre, aprobó por unanimidad el predictamen que se enviará a la Comisión de Constitución, en la que existe el acuerdo de darle prioridad en su agenda.

Una de las modificaciones al proyecto fue el establecimiento de una sanción de 20 UIT para los responsables de acoso político (afectación a la dignidad de los candidatos a través de cualquier vía) durante una campaña electoral, así como el envío del caso a la Fiscalía.

Otra modificación fue la inclusión de mayores restricciones para postular. Ahora están impedidas las personas que hayan cometido cualquier tipo de delito y tengan una sentencia firme con una antigüedad máxima de 10 años respecto del proceso electoral.

Asimismo, se estableció la obligatoriedad de recibir la asistencia técnica de la ONPE en las elecciones internas de los partidos, que siguen siendo responsables de organizar sus propios comicios.

Por último, otro de los añadidos que se hizo en la última sesión de esta subcomisión fue extender la declaración jurada que presenten los candidatos a los hijos y los cónyuges de estos, incluyendo su información financiera y judicial.

Si el proyecto se convierte en ley, se aplicará a las elecciones regionales y municipales de 2018, salvo para aquellos partidos que ya iniciaron su proceso de inscripción.

Congreso: Funcionarios públicos condenados por corrupción purgarán prisión efectiva

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informó más de la aprobación de este proyecto de ley junto al contralor Fuad Khoury y el congresista Juan Carlos Eguren. (Foto: Congreso)

 La Comisión Permanente del Congreso aprobó la modificación de una norma que ahora sancionará con prisión efectiva a los funcionarios públicos que sean condenados por corrupción.

El anuncio lo realizó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Ana María Solórzano, junto al contralor Fuad Khoury y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, en una rueda de prensa.
Khoury saludó la ley sancionada en el Legislativo, que prohíbe a los jueces aplicar penas de cárcel suspendida para los sentenciados por casos graves de corrupción, y consideró este cambio como un día especial en la lucha contra la corrupción.
"La corrupción le salía barata a los corruptos, ahora van a ir a la cárcel, porque esta ley elimina la pena suspendida para los delitos graves", manifestó.
Khoury consideró, un escándalo que de 500 funcionarios sentenciados por corrupción, solo 25 purguen cárcel efectiva mientras que la gran mayoría tenía pena suspendida.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, señaló que esta norma corrige una situación injusta, porque el 95% de los condenados por corrupción nunca iban a la cárcel, por tener pena suspendida.
Además, el legislador destacó que ahora, con la ley aprobada, todos las condenas de corrupción tendrán prisión efectiva.
Además, adelantó que el próximo miércoles la Comisión Permanente pondrá a debate el proyecto de ley, ya dictaminado por su comisión, que duplica los plazos de prescripción para los delitos de corrupción, lo que significaría en la práctica la imprescriptibilidad de estos delitos.(Diario La República)

EDITORIAL

El Congreso debe aprobar reforma electoral

En estas elecciones regionales y municipales que se avecinan hay gran de candidatos, muchos de ellos parecen lobos disfrazados de corderos que buscan llegar al poder para enriquecerse a costa del dinero del Estado.

La Procuraduría Anticorrupción, ha informado que de los 1,841 alcaldes que cumplen funciones a nivel nacional, 1,699 (92%) están siendo investigados por peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión.

LOBOS A LA REELECCIÓN

El titular de la procuraduría, Christian Salas, aseguró que, pese a las múltiples denuncias que pesan sobre los burgomaestres, más del 50% de los que están investigados postulan a la reelección.

Esos lobos en el poder que han sido identificados – como tales- y buscan ser reelectos son muy peligrosos, porque es obvio que están utilizando los recursos económicos del Estado para pagar abogados y comprar la conciencia de jueces venales con el fin de que los declaren inocentes. También despliegan costosa propaganda en la que utilizan trabajadores municipales, a costa del erario nacional.

Y, de ganar las elecciones, en su nuevo periodo de gobierno de todas maneras habrá borrón y cuenta nueva. Como diría el comentarista deportivo, Humberto Morosini, “y aquí no pasa nada”. Se supone que estos lobos que han hecho de la política su modus vivendi aburguesado, seguirán delinquiendo desde la alcaldía con más alevosía y ventaja, por la experiencia que tienen en el cargo.

Mientras tanto el pueblo que los eligió – obligado por la multa que se le impone por no sufragar- seguirá viendo indignado como se enriquecen esos sinvergüenzas, muchos de los cuales entraron a la alcaldía sin trabajo, con una mano atrás y otra adelante y en poco tiempo disponen de lujosas camionetas, inmuebles y elevadas cuentas bancarias.

En este grupo también aúllan la mayoría de presidentes regionales. El representante de la Procuraduría Anticorrupción agregó que unos 19 presidentes regionales son investigados por corrupción.

De los ocho presidentes regionales procesados por el Poder Judicial por presuntos actos de corrupción, estos son los cuatro que presentaron sus listas a los jurados electorales especiales (JEE) en busca de la reelección: Gregorio Santos Guerrero de Cajamarca, Yván Vásquez de Loreto, Kléver Meléndez de Pasco y Wilfredo Oscorima de Ayacucho.

El Poder Judicial indicó que la mayoría de estas autoridades se encuentran procesadas por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado y malversación de fondos de las arcas del Estado.

DE TODO PELAJE

Tenemos “lobos” de todo pelaje que participan en el presente proceso electoral.

Hay aquellos que realizan campañas millonarias, especialmente los representantes del partido de Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia del Perú.

El congresista Mesías Guevara Amasifuén ha emplazado a la candidata fujimorista para que diga “de dónde está saliendo la millonaria campaña electoral que realiza a nivel nacional. Por ejemplo, en la región Cajamarca los analistas me han indicado que el fujimorismo habría gastado 5 millones de soles en su campaña”, manifestó.

En la Policía Nacional del Perú se comenta que esta campaña millonaria podría estar siendo financiada por el narcotráfico y lavado de activos, hipótesis que no puede ser descartada hasta que los involucrados demuestren todo lo contrario.

Por su parte el ministro del Interior, Daniel Urresti, informó que al menos 115 candidatos a municipios y gobiernos regionales presentan antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

De otro lado, la Asociación Civil Transparencia dio cuenta que poco más de 1,400 candidatos de las próximas elecciones municipales y regionales del 5 de octubre han consignado sentencias civiles y penales en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Estos han recibido sentencias civiles o penales por diversos delitos como peculado, violencia familiar, estafa, difamación, contra la administración pública, entre otros, y hoy postulan a la presidencia de una región o a un cargo municipal”, indicó el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara.

Es decir toda un jauría de caninos salvajes que están al acecho del erario nacional, disfrazados de mansos corderos –incluso los hay “religiosos”- que ofrecen el cielo y la tierra, pintan pajaritos en el aire y dan regalitos como muestra de su “bondad” y “mansedumbre” para que voten por ellos.

Ojalá que, en su cierre de campaña, haya luna llena y las masas descubran el verdadero pelaje y se estremezcan con los aullidos malévolos de esos lobos hambrientos de poder y dinero. Así quizás el pueblo elija a sus mejores hijos para que gobiernen a sus distritos, provincias y regiones con honestidad y mucha responsabilidad.

REFORMAS ELECTORALES

Pero como nuestro fantasioso deseo – por más justo y benévolo que sea – no se podrá hacer realidad en su totalidad, de todas maneras habrá muchos lobos que tomarán por asalto las arcas municipales y regionales.

Entonces los robos, la soberbia, los abusos y los crímenes de gobernantes corruptos crecerán en agravio de los débiles y desposeídos…Y la pobreza continuará extendiéndose hasta convertirse en extrema, especialmente en lugares alejados. Y el Perú seguirá siendo un país subdesarrollado con un bajo nivel educativo, donde abunda el desempleo y la delincuencia, donde gobierna el poder económico y el narcotráfico se infiltra en los poderes del Estado.

Pero este asalto del poder político por lobos, lobbys y narcotraficantes se puede detener. Para ello se necesita con urgencia una reforma electoral y una Nueva Ley de Partidos Políticos, conforme lo ha propuesto -desde noviembre de 2011- el Jurado Nacional de Elecciones mediantes sendos proyectos presentados ante el Congreso de la República.

Los cambios propuestos implican modificaciones en la Constitución y en otras normas de rango menor, pero igual requieren del consenso de las bancadas parlamentarias.

Entre las reformas figuran cambios de forma como la homogeneización de requisitos para la reelección de autoridades regionales y edilicias, la definición de la reelección inmediata de autoridades regionales, la sanción a autoridades tránsfugas, la eliminación del voto preferencial, el aumento de la cuota de género, entre otros. Pero también figuran modificaciones de fondo como la actual Ley de Partidos Políticos para que las agrupaciones se consoliden y así aporten al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Queda pues, en manos del Congreso, modificar las actuales leyes electorales que no han cumplido a cabalidad con fortalecer el modelo institucional que el Perú inició, en 2001, luego de la caída de la dictadura fujimontesinista.

El Congreso no debe seguir permitiendo que gente sin educación y delincuentes nos gobiernen desde alcaldías y gobiernos regionales. Nuestros gobernantes deben ser gente honesta y preparada, sin antecedentes penales ni judiciales, y los partidos políticos organizaciones con doctrina y ética.

Esperamos que nuestros congresistas asuman esta responsabilidad histórica y aprueben los proyectos de reformas electorales presentados por el Jurado Nacional de Elecciones. El Perú necesita, urgentemente, un marco jurídico idóneo para que, en los futuros comicios, podamos elegir a mejores gobernantes.

EDITORIAL: Impunidad de Alan humilla al Congreso

La impunidad ante hechos de corrupción cometidos por el ex presidente Alan García Pérez es atribuida a una marcada influencia de personajes vinculados al aprismo en cargos ejecutivos y directivos tanto del Ministerio Público como del  Poder Judicial.
Una de las evidencias de esa acusación –que es vox pópuli- es la filiación aprista del perito fiscal Julio César Mori Donayre quien, en diciembre del 2013, concluyó que el ex presidente Alan García no presenta desbalance patrimonial. Su informe derivó en el archivamiento de una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito al expresidente Alan García.
Se suma a ello la confirmación que el gerente general de la Fiscalía, Fernando Lazo Manrique, fue miembro del Partido Aprista hasta el año 2009 y apoderado del líder aprista hasta marzo de 2013.
Si bien Lazo no tiene relación con las investigaciones de los fiscales, su presencia en ese alto cargo administrativo puede traducirse en influencia. En estos últimos tiempos las investigaciones, sobre todo aquellas en que García Pérez ha sido el personaje central, casi todo le ha sido favorable, desde el caso El Frontón hasta los narcoindultos.
De otro lado no se puede dejar de mencionar la actuación del fiscal José Peláez, quien proviene de una familia vinculada al Partido Aprista, de allí que cauce sospecha el hecho de que mantenga como  gerente general de la Fiscalía de la Nación al aprista  Fernando Lazo Manrique y como perito a su “compañero” César Mori, que vio el caso de Alan.
Felizmente este tremendo fiscal Peláez dentro de unos días –el 12 mayo- dejará el cargo y será reemplazado por Carlos Ramos Heredia, a quien se le relaciona con las mafias enquistadas en Áncash y es primo de la Primera dama de la Nación ¡Ojalá que la estrategia aprista para lograr impunidad de sus líderes corruptos no sea imitada!
TAMBIÉN PODER JUDICIAL
Cabe indicar que, el 31 de marzo del año en curso, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que preside Hugo Velásquez Zavaleta, publicó una resolución la cual declaró nulo todo lo actuado por la Megacomisión investigadora del Congreso en relación al ex presidente Alan García Pérez.
Este fallo, “anula los informes de la Megacomisión y afecta la separación de poderes del Estado. Esto es peligroso para la democracia”, advirtió el Presidente del Congreso, Fredy Otárola. Y, en Lima, tamaña decisión tomada por el indicado juez  causó una espontánea movilización en la plaza San Martín donde un nutrido grupo de personas rechazó la impunidad que avanza en el país y deja al crimen sin castigo.
Resulta sospechoso este veredicto que anula todo el informe de la Megacomisión del Congreso, a pesar de que este grupo de trabajo corrigió los supuestos errores en el debido proceso.
La impunidad del ex presidente, Alan García, revela un blindaje mafioso que actúa desde las altas esferas del poder las cuales están influenciadas por algunos fiscales, jueces y funcionarios apristas.
Esos personajes –vestidos de saco y corbata unos, o con toga otros- han llegado al extremo de ningunear al Congreso de la República.
Sin embargo el procurador del Congreso está facultado y debe apelar esa dudosa resolución judicial porque como manifestó el presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, “la historia de nuestro Perú no debe registrar un nuevo episodio de impunidad. La democracia se ve fuertemente mellada cuando hay intocables”.