EDITORIAL

El Congreso debe aprobar reforma electoral

En estas elecciones regionales y municipales que se avecinan hay gran de candidatos, muchos de ellos parecen lobos disfrazados de corderos que buscan llegar al poder para enriquecerse a costa del dinero del Estado.

La Procuraduría Anticorrupción, ha informado que de los 1,841 alcaldes que cumplen funciones a nivel nacional, 1,699 (92%) están siendo investigados por peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión.

LOBOS A LA REELECCIÓN

El titular de la procuraduría, Christian Salas, aseguró que, pese a las múltiples denuncias que pesan sobre los burgomaestres, más del 50% de los que están investigados postulan a la reelección.

Esos lobos en el poder que han sido identificados – como tales- y buscan ser reelectos son muy peligrosos, porque es obvio que están utilizando los recursos económicos del Estado para pagar abogados y comprar la conciencia de jueces venales con el fin de que los declaren inocentes. También despliegan costosa propaganda en la que utilizan trabajadores municipales, a costa del erario nacional.

Y, de ganar las elecciones, en su nuevo periodo de gobierno de todas maneras habrá borrón y cuenta nueva. Como diría el comentarista deportivo, Humberto Morosini, “y aquí no pasa nada”. Se supone que estos lobos que han hecho de la política su modus vivendi aburguesado, seguirán delinquiendo desde la alcaldía con más alevosía y ventaja, por la experiencia que tienen en el cargo.

Mientras tanto el pueblo que los eligió – obligado por la multa que se le impone por no sufragar- seguirá viendo indignado como se enriquecen esos sinvergüenzas, muchos de los cuales entraron a la alcaldía sin trabajo, con una mano atrás y otra adelante y en poco tiempo disponen de lujosas camionetas, inmuebles y elevadas cuentas bancarias.

En este grupo también aúllan la mayoría de presidentes regionales. El representante de la Procuraduría Anticorrupción agregó que unos 19 presidentes regionales son investigados por corrupción.

De los ocho presidentes regionales procesados por el Poder Judicial por presuntos actos de corrupción, estos son los cuatro que presentaron sus listas a los jurados electorales especiales (JEE) en busca de la reelección: Gregorio Santos Guerrero de Cajamarca, Yván Vásquez de Loreto, Kléver Meléndez de Pasco y Wilfredo Oscorima de Ayacucho.

El Poder Judicial indicó que la mayoría de estas autoridades se encuentran procesadas por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado y malversación de fondos de las arcas del Estado.

DE TODO PELAJE

Tenemos “lobos” de todo pelaje que participan en el presente proceso electoral.

Hay aquellos que realizan campañas millonarias, especialmente los representantes del partido de Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia del Perú.

El congresista Mesías Guevara Amasifuén ha emplazado a la candidata fujimorista para que diga “de dónde está saliendo la millonaria campaña electoral que realiza a nivel nacional. Por ejemplo, en la región Cajamarca los analistas me han indicado que el fujimorismo habría gastado 5 millones de soles en su campaña”, manifestó.

En la Policía Nacional del Perú se comenta que esta campaña millonaria podría estar siendo financiada por el narcotráfico y lavado de activos, hipótesis que no puede ser descartada hasta que los involucrados demuestren todo lo contrario.

Por su parte el ministro del Interior, Daniel Urresti, informó que al menos 115 candidatos a municipios y gobiernos regionales presentan antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

De otro lado, la Asociación Civil Transparencia dio cuenta que poco más de 1,400 candidatos de las próximas elecciones municipales y regionales del 5 de octubre han consignado sentencias civiles y penales en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Estos han recibido sentencias civiles o penales por diversos delitos como peculado, violencia familiar, estafa, difamación, contra la administración pública, entre otros, y hoy postulan a la presidencia de una región o a un cargo municipal”, indicó el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara.

Es decir toda un jauría de caninos salvajes que están al acecho del erario nacional, disfrazados de mansos corderos –incluso los hay “religiosos”- que ofrecen el cielo y la tierra, pintan pajaritos en el aire y dan regalitos como muestra de su “bondad” y “mansedumbre” para que voten por ellos.

Ojalá que, en su cierre de campaña, haya luna llena y las masas descubran el verdadero pelaje y se estremezcan con los aullidos malévolos de esos lobos hambrientos de poder y dinero. Así quizás el pueblo elija a sus mejores hijos para que gobiernen a sus distritos, provincias y regiones con honestidad y mucha responsabilidad.

REFORMAS ELECTORALES

Pero como nuestro fantasioso deseo – por más justo y benévolo que sea – no se podrá hacer realidad en su totalidad, de todas maneras habrá muchos lobos que tomarán por asalto las arcas municipales y regionales.

Entonces los robos, la soberbia, los abusos y los crímenes de gobernantes corruptos crecerán en agravio de los débiles y desposeídos…Y la pobreza continuará extendiéndose hasta convertirse en extrema, especialmente en lugares alejados. Y el Perú seguirá siendo un país subdesarrollado con un bajo nivel educativo, donde abunda el desempleo y la delincuencia, donde gobierna el poder económico y el narcotráfico se infiltra en los poderes del Estado.

Pero este asalto del poder político por lobos, lobbys y narcotraficantes se puede detener. Para ello se necesita con urgencia una reforma electoral y una Nueva Ley de Partidos Políticos, conforme lo ha propuesto -desde noviembre de 2011- el Jurado Nacional de Elecciones mediantes sendos proyectos presentados ante el Congreso de la República.

Los cambios propuestos implican modificaciones en la Constitución y en otras normas de rango menor, pero igual requieren del consenso de las bancadas parlamentarias.

Entre las reformas figuran cambios de forma como la homogeneización de requisitos para la reelección de autoridades regionales y edilicias, la definición de la reelección inmediata de autoridades regionales, la sanción a autoridades tránsfugas, la eliminación del voto preferencial, el aumento de la cuota de género, entre otros. Pero también figuran modificaciones de fondo como la actual Ley de Partidos Políticos para que las agrupaciones se consoliden y así aporten al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Queda pues, en manos del Congreso, modificar las actuales leyes electorales que no han cumplido a cabalidad con fortalecer el modelo institucional que el Perú inició, en 2001, luego de la caída de la dictadura fujimontesinista.

El Congreso no debe seguir permitiendo que gente sin educación y delincuentes nos gobiernen desde alcaldías y gobiernos regionales. Nuestros gobernantes deben ser gente honesta y preparada, sin antecedentes penales ni judiciales, y los partidos políticos organizaciones con doctrina y ética.

Esperamos que nuestros congresistas asuman esta responsabilidad histórica y aprueben los proyectos de reformas electorales presentados por el Jurado Nacional de Elecciones. El Perú necesita, urgentemente, un marco jurídico idóneo para que, en los futuros comicios, podamos elegir a mejores gobernantes.