La impunidad ante hechos de corrupción cometidos por el ex presidente
Alan García Pérez es atribuida a una marcada influencia de personajes
vinculados al aprismo en cargos ejecutivos y directivos tanto del
Ministerio Público como del Poder Judicial.
Una de las evidencias
de esa acusación –que es vox pópuli- es la filiación aprista del perito
fiscal Julio César Mori Donayre quien, en diciembre del 2013, concluyó
que el ex presidente Alan García no presenta desbalance patrimonial. Su
informe derivó en el archivamiento de una investigación preliminar por
enriquecimiento ilícito al expresidente Alan García.
Se suma a
ello la confirmación que el gerente general de la Fiscalía, Fernando
Lazo Manrique, fue miembro del Partido Aprista hasta el año 2009 y
apoderado del líder aprista hasta marzo de 2013.
Si bien Lazo no
tiene relación con las investigaciones de los fiscales, su presencia en
ese alto cargo administrativo puede traducirse en influencia. En estos
últimos tiempos las investigaciones, sobre todo aquellas en que García
Pérez ha sido el personaje central, casi todo le ha sido favorable,
desde el caso El Frontón hasta los narcoindultos.
De otro lado no
se puede dejar de mencionar la actuación del fiscal José Peláez, quien
proviene de una familia vinculada al Partido Aprista, de allí que cauce
sospecha el hecho de que mantenga como gerente general de la Fiscalía
de la Nación al aprista Fernando Lazo Manrique y como perito a su
“compañero” César Mori, que vio el caso de Alan.
Felizmente este
tremendo fiscal Peláez dentro de unos días –el 12 mayo- dejará el cargo y
será reemplazado por Carlos Ramos Heredia, a quien se le relaciona con
las mafias enquistadas en Áncash y es primo de la Primera dama de la
Nación ¡Ojalá que la estrategia aprista para lograr impunidad de sus
líderes corruptos no sea imitada!
TAMBIÉN PODER JUDICIAL
Cabe
indicar que, el 31 de marzo del año en curso, el Quinto Juzgado
Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima, que preside Hugo Velásquez Zavaleta, publicó una resolución la
cual declaró nulo todo lo actuado por la Megacomisión investigadora del
Congreso en relación al ex presidente Alan García Pérez.
Este
fallo, “anula los informes de la Megacomisión y afecta la separación de
poderes del Estado. Esto es peligroso para la democracia”, advirtió el
Presidente del Congreso, Fredy Otárola. Y, en Lima, tamaña decisión
tomada por el indicado juez causó una espontánea movilización en la
plaza San Martín donde un nutrido grupo de personas rechazó la impunidad
que avanza en el país y deja al crimen sin castigo.
Resulta
sospechoso este veredicto que anula todo el informe de la Megacomisión
del Congreso, a pesar de que este grupo de trabajo corrigió los
supuestos errores en el debido proceso.
La impunidad del ex
presidente, Alan García, revela un blindaje mafioso que actúa desde las
altas esferas del poder las cuales están influenciadas por algunos
fiscales, jueces y funcionarios apristas.
Esos personajes
–vestidos de saco y corbata unos, o con toga otros- han llegado al
extremo de ningunear al Congreso de la República.
Sin embargo el
procurador del Congreso está facultado y debe apelar esa dudosa
resolución judicial porque como manifestó el presidente de la
Megacomisión, Sergio Tejada, “la historia de nuestro Perú no debe
registrar un nuevo episodio de impunidad. La democracia se ve
fuertemente mellada cuando hay intocables”.
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