martes, 1 de abril de 2014

EDITORIAL: Impunidad de Alan humilla al Congreso

La impunidad ante hechos de corrupción cometidos por el ex presidente Alan García Pérez es atribuida a una marcada influencia de personajes vinculados al aprismo en cargos ejecutivos y directivos tanto del Ministerio Público como del  Poder Judicial.
Una de las evidencias de esa acusación –que es vox pópuli- es la filiación aprista del perito fiscal Julio César Mori Donayre quien, en diciembre del 2013, concluyó que el ex presidente Alan García no presenta desbalance patrimonial. Su informe derivó en el archivamiento de una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito al expresidente Alan García.
Se suma a ello la confirmación que el gerente general de la Fiscalía, Fernando Lazo Manrique, fue miembro del Partido Aprista hasta el año 2009 y apoderado del líder aprista hasta marzo de 2013.
Si bien Lazo no tiene relación con las investigaciones de los fiscales, su presencia en ese alto cargo administrativo puede traducirse en influencia. En estos últimos tiempos las investigaciones, sobre todo aquellas en que García Pérez ha sido el personaje central, casi todo le ha sido favorable, desde el caso El Frontón hasta los narcoindultos.
De otro lado no se puede dejar de mencionar la actuación del fiscal José Peláez, quien proviene de una familia vinculada al Partido Aprista, de allí que cauce sospecha el hecho de que mantenga como  gerente general de la Fiscalía de la Nación al aprista  Fernando Lazo Manrique y como perito a su “compañero” César Mori, que vio el caso de Alan.
Felizmente este tremendo fiscal Peláez dentro de unos días –el 12 mayo- dejará el cargo y será reemplazado por Carlos Ramos Heredia, a quien se le relaciona con las mafias enquistadas en Áncash y es primo de la Primera dama de la Nación ¡Ojalá que la estrategia aprista para lograr impunidad de sus líderes corruptos no sea imitada!
TAMBIÉN PODER JUDICIAL
Cabe indicar que, el 31 de marzo del año en curso, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que preside Hugo Velásquez Zavaleta, publicó una resolución la cual declaró nulo todo lo actuado por la Megacomisión investigadora del Congreso en relación al ex presidente Alan García Pérez.
Este fallo, “anula los informes de la Megacomisión y afecta la separación de poderes del Estado. Esto es peligroso para la democracia”, advirtió el Presidente del Congreso, Fredy Otárola. Y, en Lima, tamaña decisión tomada por el indicado juez  causó una espontánea movilización en la plaza San Martín donde un nutrido grupo de personas rechazó la impunidad que avanza en el país y deja al crimen sin castigo.
Resulta sospechoso este veredicto que anula todo el informe de la Megacomisión del Congreso, a pesar de que este grupo de trabajo corrigió los supuestos errores en el debido proceso.
La impunidad del ex presidente, Alan García, revela un blindaje mafioso que actúa desde las altas esferas del poder las cuales están influenciadas por algunos fiscales, jueces y funcionarios apristas.
Esos personajes –vestidos de saco y corbata unos, o con toga otros- han llegado al extremo de ningunear al Congreso de la República.
Sin embargo el procurador del Congreso está facultado y debe apelar esa dudosa resolución judicial porque como manifestó el presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, “la historia de nuestro Perú no debe registrar un nuevo episodio de impunidad. La democracia se ve fuertemente mellada cuando hay intocables”.


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