Por: Sonia Goldenberg (*)
LIMA
— Después de casi veinte años de tratar de reconstruir su democracia, Perú
todavía sigue luchando por encontrar una fórmula que le permita al gobierno
funcionar sin corrupción. En los últimos años, una sucesión de presidentes
peruanos está prófugos o en prisión. Y en la crisis política más reciente,
Pedro Pablo Kuczynski, antes de cumplir dos años en la presidencia, se vio
obligado a renunciar el miércoles 21 de marzo. Es hasta ahora la víctima de más
alto perfil en la interminable progresión de escándalos que se ha extendido por
toda América Latina.
Kuczynski
no tuvo más remedio que dar un paso al costado tras la revelación de unos
videos en los que aparecen funcionarios del gobierno ofreciendo sobornos a
legisladores de la oposición en el Congreso para intentar evitar su
destitución.
En
el año 2000, videos grabados clandestinamente también ocasionaron el final
abrupto del régimen autoritario de Alberto Fujimori, uno de los predecesores de
Kuczynski. Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel en 2009 por violaciones a
los derechos humanos y corrupción, fue liberado por un indulto presidencial en
diciembre del año pasado como parte de un acuerdo para salvar la presidencia de
Kuczynski. Pero esta vez, como Fujimori, Kuczynski no sobrevivió a los videos.
Y,
sin embargo, pese a que los videos han arrojado luz sobre las transacciones
turbias en las más altas esferas del poder en el Perú en las últimas décadas,
la corrupción persiste. Ha sido más fácil expulsar o encarcelar a los
presidentes que limpiar la política en el país.
En
tres semanas, Perú será el anfitrión, ahora con Martín Vizcarra a la cabeza —el
exvicepresidente de Kuczynski— de la Cumbre de las Américas, en la que participarán
los jefes de Estado de los países de América, incluido el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump. No es una sorpresa que los grandes temas de la reunión
sean mejorar la gobernabilidad democrática y el combate a la corrupción.
¿Puede
una democracia sobrevivir y tener éxito en derrotar a una corrupción
omnipresente? ¿Podrá la democracia del Perú desarrollar un sistema judicial lo
suficientemente fuerte e independiente como para enfrentar el problema? Y si
no, uno podría preguntarse: ¿por qué molestarse en celebrar elecciones que les
dan a los políticos licencia para defraudar a los electores?
El
modo en el que Perú resuelva esta crisis será crucial para América Latina,
donde los sobornos a presidentes, ministros y candidatos de la constructora
brasileña Odebrecht para obtener contratos públicos han desatado un escándalo
que recorre el continente. Este año, mientras que la desilusión a la democracia
aumenta, se llevarán a cabo elecciones decisivas en la región.
El
drama que atraviesa Perú es un buen ejemplo. La corrupción está profundamente
arraigada en la historia del país. Durante casi tres siglos de dominio
colonial, el oro y la plata de los Andes fueron enviados a España. En 1821, en
medio de una larga guerra que devastó el país y lo dejó en bancarrota, se
declaró una república independiente con grandes sueños y aspiraciones. Pero
desde el comienzo, en la construcción de los ferrocarriles y en la explotación
de sus nuevas riquezas —como el guano de las islas y el caucho de la selva—, el
país vio cómo su esplendor económico se desvanecía y dilapidaba rápidamente en
un pantano de corrupción.
Más
recientemente, el expresidente Alejandro Toledo está prófugo de la justicia en
Estados Unidos. Ollanta Humala, otro expresidente, está en la cárcel mientras
se le investiga por cargos de corrupción. Y la hija de Alberto Fujimori, Keiko,
cuyo partido político, Fuerza Popular, obtuvo la mayoría en el Congreso peruano
e instrumentó desde el principio la destitución de Kuczynski, está en
investigación por corrupción y lavado de dinero. Ella también quiere ser
presidenta y en la contienda electoral de 2016 fue derrotada por Kuczynski con
una diferencia estrecha.
¿Deberíamos
perder la esperanza? No lo creo, porque en los últimos veinticinco años el país
ha progresado mucho. Perú acabó con una sangrienta guerra interna contra el
grupo terrorista Sendero Luminoso, resolvió conflictos con sus vecinos, superó
la hiperinflación, se convirtió en una democracia relativamente estable y, a
pesar de su situación actual, tuvo crecimiento económico sostenido y logró
reducir la pobreza.
¿Por
qué erradicar la corrupción ha sido tan difícil? Las recetas para un buen
gobierno y las estrategias contra la corrupción se conocen desde hace tiempo,
pero su aplicación ha fallado estruendosamente.
Un
tema clave es que la falta de control sobre el financiamiento ilegal de las
elecciones presidenciales, combinado con las estructuras extremadamente
endebles de los partidos políticos, ha convertido a las campañas electorales en
una vía fácil para que algunos aventureros recién llegados a la política se
hagan millonarios incluso antes de conquistar el poder. Los candidatos
presidenciales en el Perú han sido financiados por Venezuela y Brasil, y el
financiamiento de este último llegó a través de la asignación de contratos de
infraestructura pública a empresas de construcción brasileñas seleccionadas
previamente. Con ese mecanismo puesto en marcha, no debe extrañarnos que los
peruanos sigan eligiendo a mercenarios como presidentes.
Ya
hemos estado antes en esta situación. La corrupción se generalizó en la década
de los noventa bajo el mandato de Alberto Fujimori. Su principal asesor,
Vladimiro Montesinos, el infame jefe de los servicios secretos, corrompió a
todo el espectro de la sociedad peruana sobornando a políticos, banqueros,
empresarios, jueces, militares y periodistas a los que grababa en el acto,
mientras hacía pirámides grotescas de dinero en efectivo y los extorsionaba.
Cuando las cintas se exhibieron por la televisión en horario estelar se creó
una comisión gubernamental formada por figuras respetadas para diseñar una
estrategia exhaustiva y vigorosa contra la corrupción.
Irónicamente,
el sucesor de Fujimori, Alejandro Toledo, cuya candidatura se centró en acabar
con la corrupción, antes de llegar a la presidencia robó dinero de campaña
donado por George Soros. Más adelante le pidió al representante de Odebrecht en
el Perú un soborno de 35 millones dólares, de los que obtuvo tan solo 20
millones, y creó una nueva maquinaria de corrupción.
Hace
una década, como ministro de Economía y Finanzas y primer ministro durante el
gobierno de Toledo, Kuczynski supervisó un sistema que produjo el sobreprecio
de las obras públicas. La compañía de Kuczynski tuvo contratos con Odebrecht
mientras era servidor público.
¿Qué
sigue ahora? Todavía no está claro si Kuczynski enfrentará cargos, pero está
bajo investigación y el poder judicial ha allanado sus viviendas y le ha
impedido salir del país. Su sucesor, Martín Vizcarra, quien tiene un récord
público limpio, tendrá mucha presión para poner en práctica una estrategia
efectiva que combata la corrupción.
Pero
su posición es débil: Vizcarra será el nuevo mandatario hasta 2021, pero tendrá
que ejercer su cargo con un congreso dominado por el partido de Keiko Fujimori.
El
combate contra la corrupción requiere de instituciones sólidas y un liderazgo
fuerte, y ninguno de los dos existen hoy en Perú. Muchos de los políticos con
el poder e influencia para reformar el sistema han sido acusados de malos
manejos en el pasado. Figuras clave en los sectores público y privado también
se han beneficiado del sistema de corrupción imperante. Ellos son los más
interesados en mantener el statu quo. ¿Ellos van a impulsar la necesaria
reforma política que podría llevarlos a la cárcel?
Quizás
la única ventaja que tiene Vizcarra es que, según las últimas encuestas, el
Congreso de Perú es la institución más desacreditada y corrupta. Si logra
movilizar la opinión pública para respaldar una campaña anticorrupción, podría
obligar a los legisladores a apoyar algunos cambios por temor a ser expuestos.
Vizcarra es un presidente accidental. El hecho de que nunca aspiró a ese cargo
podría ser su arma política más poderosa.
(*) Sonia Goldenberg es periodista y
documentalista. Fue directora del Comité de Protección a los Periodistas y
realizó el documental “Poderoso caballero”, un exposé sobre los videos de la
corrupción en el Perú.
Artículo publicado en el diario The
New York Times, el 25 de marzo del 2018.
