La Nación no quiere políticos corruptos

Escribe: Luis Eloy Plasencia Torres.

La Nación no quiere políticos corruptos, por ello exigió al Presidente Martín Vizcarra echarlos del Congreso. Sin embargo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó  que los congresistas que fueron disueltos sí podrán postular en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero de 2020.

Por eso varios congresistas vendepatria, corruptos, apañadores de la corrupción y servidores de los poderosos se aprestan a regresar al Congreso, pese a que el pueblo en multitudinarias marchas los ha echado del hemiciclo para que no vuelvan más.

El caso más escandaloso de corrupción, en el que están involucrados los líderes de los partidos políticos más importantes del país, lo representa  Odebrecht, empresa brasilera mafiosa que pagó millonarios sobornos a cambio de obtener grandes contratos en obras públicas, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los candidatos "ganadores"  a la Presidencia de la República.

Por ello están imputados los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de prisión; y Pedro Pablo Kuczynski  (2016-2018), en arresto domiciliario. También estaba investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011) hasta que el año pasado se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando la Policía había llegado a su casa para detenerlo.

Por el mismo caso también están en prisión preventiva la líder opositora Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

La Contraloría General de la República informó que los contratos suscritos con la empresa brasilera Odebrecht, entre 1988 y 2015, causaron al Perú un perjuicio económico de 283 millones de dólares. Y el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló, recientemente, que la corrupción generada por Odebrecht, le cuesta al país 12 mil millones de soles cada año.

En esta vorágine de corruptela -en la que autoridades se coluden con empresarios y narcotraficantes para enriquecerse a costa de plata del Estado-  estarían involucrados magistrados de primer nivel como el ex juez supremo César Hinostroza, y el ex Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry quienes son  investigados por supuestos vínculos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos” y porque habrían pretendido archivar el caso de lavado de activos de Keiko Fujimori.

Así carentes de civismo y valores cristianos nuestras autoridades principales conducen el gobierno, promulgan y defienden leyes, y administran justicia. Y, pese a que hay uno que otro juez o fiscal probos y uno que otro congresista honesto, la situación política, social y económica del país se ha deteriorado.

En lo que se refiere al aspecto económico y social, el país va cuesta abajo. El gasto del gobierno del Presidente Vizcarra en los proyectos de sus 18 ministerios solo alcanzó el 43,36% en promedio, de un total de presupuesto para el Ejecutivo que asciende a los 16 mil 229 millones 878 mil 532 soles.

Es inadmisible que el Estado guarde tanto dinero cuando a los hospitales les falta camas y medicinas para atender a los enfermos, cuando hay niños que no pueden estudiar por la falta de escuelas y cuando es necesario construir obras públicas que generen trabajo e impulsen desarrollo en todas las regiones del país.

Por todo ello, es obvio que no habrá cambios importantes para el Perú con las próximas elecciones congresales, más aún cuando el tiempo que legislarán los nuevos congresistas será muy corto.

Empero nos alegra que dichas elecciones sean consecuencia de la protesta popular y felicitamos al Pueblo Peruano por haber obligado al Presidente a cerrar el Congreso. Además abrigamos la esperanza de que, en la contienda electoral próxima, los ciudadanos pensemos bien antes de votar para cerrarles el paso a los Mulder, a las Marthas Chávez y a tantos sinvergüenzas que se han aburguesado con la plata del pueblo y no deben volver jamás a contaminar el Congreso.

Necesitamos congresistas amantes de nuestra Patria, que legislen para lucha frontalmente contra la corrupción y la pobreza, que elaboren las bases legales de un país democrático, industrializado y próspero. Los nuevos congresistas sí pueden iniciar esta tarea histórica.

Compatriotas, el 26 de enero del 2020, antes de sufragar pensemos en la dignidad de nuestra Nación. Rechacemos con nuestro voto a los políticos corruptos porque  son destructores de la democracia y obnubilan el futuro del país. Votemos por gente honesta y patriota que son la esperanza de un Perú libre, justo y soberano.

 

 

Corrupción y disolución del Congreso del Perú

Escribe: fraín Gonzales de Olarte

El 30 de setiembre será recordado como el día en que el presidente del Perú Martín Vizcarra, interpretando la Constitución aprobada por el gobierno de facto de Alberto Fujimori en 1993, disolvió el Congreso de la República -dominado por una mayoría fujimorista-aprista-  ante la negativa de una cuestión de confianza que había presentado. Un acto tan audaz como controvertido. La decisión ha sido apoyada por más del 80% de la población y la popularidad del presidente llegó a 79%. Sin embargo, los ex congresistas presumen desconocer dicha medida, aduciendo que fue inconstitucional y que fue un golpe de Estado.

Lo cierto es que los constitucionalistas peruanos y las opiniones en general están divididos unos -la mayoría- sostienen que fue constitucional la disolución y otros que no. En consecuencia, quien podría dirimir esta controversia interpretativa es el Tribunal Constitucional (TC), encargado de velar la constitucionalidad de todos los actos públicos y privados. El problema es que el TC está compuesto por algunos de los jueces que abiertamente apoyan al fujimorismo en consecuencia no tendría la imparcialidad que se requiere en este caso.

Sin embargo, el tema de fondo, tras de todo este zafarrancho político, es que el presidente Vizcarra está empeñado en la lucha contra la corrupción, que en el Perú tiene nombre propio: Oderbrecht, la compañía brasileña constructora que desde inicios de este siglo operó en el Perú y en otros países en base a un sistemático sistema de corrupción de políticos y altos funcionarios, para obtener las licitaciones de una gran cantidad de obras de infraestructura. Sin embargo, la oposición al gobierno de Vizcarra, encabezada por el fujiaprismo, trata de apañar a sus dirigentes y eludir la justicia, para lo cual el mejor camino era vacar al presidente. Hay que tomar en cuenta que los cuatro últimos presidentes están siendo investigados, procesados o fugados, además de varios ex autoridades y altos ex -funcionarios también están en investigación por la fiscalía. Ante tales amenazas, el fujiaprismo optó por impedir que el Poder Judicial sea imparcial cooptando a varios jueces y vocales, blindó al Ex Fiscal de la Nación Pedro Chavarry para que influya en las investigaciones a los acusados de corrupción amigos suyo y, como última medida, trataron de elegir nuevos miembros del TC para obtener fallos favorables a los investigados por corrupción.

El meollo de la disolución del Congreso es, pues, un asunto ético y moral, que ha dividido al Perú en dos partes: De un lado, aquellos que de una u otra manera están involucrados en la corrupción, que incluye a empresarios peruanos y no sólo a políticos, que están tratando de huir de la justicia y aquellos, como el presidente Vizcarra y una gran parte de la ciudadanía, la intelectualidad, varios medios de comunicación, que quisieran que los corruptos sean juzgados y sentenciados y que el Perú recupere la ética y la moral y destierre la corrupción que está desintegrando la sociedad peruana. Es importante tener en cuenta que el proceso de lucha contra la corrupción está siendo llevada por una “fiscalía especial” que ha demostrado no sólo entereza moral, apego al derecho, voluntad de llegar a los culpables, pero también una valentía digna de apoyo, que genera una esperanza fundada de lucha contra la corrupción.

Lamentablemente, el Perú ha sido incluido entre los 50 países más corruptos del mundo, lo que nos está convirtiendo en una “republiqueta bananera”, en un país sin futuro civilizado y atrasando las posibilidades de un desarrollo. De ahí la importancia de la disolución del Congreso, pues equivale a disolver una forma de hacer política para favorecer intereses particulares manchados por la corrupción.

La disolución del congreso esperamos que sea el inicio de una nueva etapa en un país cuya estabilidad económica no se condice con su crisis política y moral. Es necesario moralizar la política y el Estado.

Verónika Mendoza ratifica su respaldo a condenado Walter Aduviri

La excandidata presidencial Verónika Mendoza utilizó su cuenta oficial en Facebook para referirse al arresto del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri.

En la tarde del domingo 25 de agosto 2019, las fuerzas del orden hallaron a Walter Aduviri en Lima, quien tenía paradero desconocido desde dos semanas atrás, luego de haber sido sentenciado por el caso “Aymarazo”.

La autoridad regional de Puno fue encontrada responsable de haber promovido desmanes que sucedieron durante unas movilizaciones en dicho departamento en señal de protesta por un proyecto minero, en 2011.

Para Verónika Mendoza, la sentencia en contra de Aduviri es un mal precedente en la lucha por la libertad de expresión. En ese sentido, mostró su respaldo.

“Ahora que lo han capturado (mientras Edwin Donayre, que le robó gasolina al Ejército Peruano, sigue libre) no puedo sino ratificarme en que se trata de un abuso y de un peligrosísimo precedente para la libertad de expresión y la democracia en nuestro país”, escribió Verónika Mendoza.

Asimismo, buscó aclarar que no conoce a Walter Aduviri, mas debe solidarizarse con él por haberse opuesto a una obra que no contó con consulta previa.

“No conozco ni tengo una simpatía particular por el señor Aduviri, pero sí me solidarizo plenamente con el pueblo aymara que en el 2011 se opuso a un proyecto minero que Alan García impuso en su territorio sin ninguna consulta previa y a menos de 50 km de la frontera con Bolivia (lo cual está en contra de la Constitución que prohíbe inversiones extranjeras en esa franja en salvaguarda de nuestra soberanía)”, explicó Verónika Mendoza.

“¿Que se hicieron desmanes contra locales públicos en el marco de la protesta? Sí. ¿Deben ser sancionados? Por supuesto. Pero a Aduviri no lo han sentenciado por incendiar un local -no hay prueba alguna sobre esto- sino por ser dirigente social. Así lo dice, en la práctica, la sentencia. Esto significa que se está considerando la protesta como un delito cuando es un derecho fundamental, esencial en democracia”, añadió.

A su turno, cuando era llevado para pasar los exámenes médicos de rigor, Walter Aduviri manifestó que no es ningún delincuente y que lo único que ha hecho es defender la tierra.

“No soy corrupto. No soy delincuente. Los corruptos hoy día están libres. No he robado a nadie, he defendido el derecho a la propiedad, tierra y territorio”, sostuvo.

¿Puede la democracia peruana sobrevivir a la corrupción?

Por: Sonia Goldenberg (*)

LIMA — Después de casi veinte años de tratar de reconstruir su democracia, Perú todavía sigue luchando por encontrar una fórmula que le permita al gobierno funcionar sin corrupción. En los últimos años, una sucesión de presidentes peruanos está prófugos o en prisión. Y en la crisis política más reciente, Pedro Pablo Kuczynski, antes de cumplir dos años en la presidencia, se vio obligado a renunciar el miércoles 21 de marzo. Es hasta ahora la víctima de más alto perfil en la interminable progresión de escándalos que se ha extendido por toda América Latina.

Kuczynski no tuvo más remedio que dar un paso al costado tras la revelación de unos videos en los que aparecen funcionarios del gobierno ofreciendo sobornos a legisladores de la oposición en el Congreso para intentar evitar su destitución.

En el año 2000, videos grabados clandestinamente también ocasionaron el final abrupto del régimen autoritario de Alberto Fujimori, uno de los predecesores de Kuczynski. Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel en 2009 por violaciones a los derechos humanos y corrupción, fue liberado por un indulto presidencial en diciembre del año pasado como parte de un acuerdo para salvar la presidencia de Kuczynski. Pero esta vez, como Fujimori, Kuczynski no sobrevivió a los videos.

Y, sin embargo, pese a que los videos han arrojado luz sobre las transacciones turbias en las más altas esferas del poder en el Perú en las últimas décadas, la corrupción persiste. Ha sido más fácil expulsar o encarcelar a los presidentes que limpiar la política en el país.

En tres semanas, Perú será el anfitrión, ahora con Martín Vizcarra a la cabeza —el exvicepresidente de Kuczynski— de la Cumbre de las Américas, en la que participarán los jefes de Estado de los países de América, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No es una sorpresa que los grandes temas de la reunión sean mejorar la gobernabilidad democrática y el combate a la corrupción.

¿Puede una democracia sobrevivir y tener éxito en derrotar a una corrupción omnipresente? ¿Podrá la democracia del Perú desarrollar un sistema judicial lo suficientemente fuerte e independiente como para enfrentar el problema? Y si no, uno podría preguntarse: ¿por qué molestarse en celebrar elecciones que les dan a los políticos licencia para defraudar a los electores?

El modo en el que Perú resuelva esta crisis será crucial para América Latina, donde los sobornos a presidentes, ministros y candidatos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos públicos han desatado un escándalo que recorre el continente. Este año, mientras que la desilusión a la democracia aumenta, se llevarán a cabo elecciones decisivas en la región.

El drama que atraviesa Perú es un buen ejemplo. La corrupción está profundamente arraigada en la historia del país. Durante casi tres siglos de dominio colonial, el oro y la plata de los Andes fueron enviados a España. En 1821, en medio de una larga guerra que devastó el país y lo dejó en bancarrota, se declaró una república independiente con grandes sueños y aspiraciones. Pero desde el comienzo, en la construcción de los ferrocarriles y en la explotación de sus nuevas riquezas —como el guano de las islas y el caucho de la selva—, el país vio cómo su esplendor económico se desvanecía y dilapidaba rápidamente en un pantano de corrupción.

Más recientemente, el expresidente Alejandro Toledo está prófugo de la justicia en Estados Unidos. Ollanta Humala, otro expresidente, está en la cárcel mientras se le investiga por cargos de corrupción. Y la hija de Alberto Fujimori, Keiko, cuyo partido político, Fuerza Popular, obtuvo la mayoría en el Congreso peruano e instrumentó desde el principio la destitución de Kuczynski, está en investigación por corrupción y lavado de dinero. Ella también quiere ser presidenta y en la contienda electoral de 2016 fue derrotada por Kuczynski con una diferencia estrecha.

¿Deberíamos perder la esperanza? No lo creo, porque en los últimos veinticinco años el país ha progresado mucho. Perú acabó con una sangrienta guerra interna contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, resolvió conflictos con sus vecinos, superó la hiperinflación, se convirtió en una democracia relativamente estable y, a pesar de su situación actual, tuvo crecimiento económico sostenido y logró reducir la pobreza.

¿Por qué erradicar la corrupción ha sido tan difícil? Las recetas para un buen gobierno y las estrategias contra la corrupción se conocen desde hace tiempo, pero su aplicación ha fallado estruendosamente.

Un tema clave es que la falta de control sobre el financiamiento ilegal de las elecciones presidenciales, combinado con las estructuras extremadamente endebles de los partidos políticos, ha convertido a las campañas electorales en una vía fácil para que algunos aventureros recién llegados a la política se hagan millonarios incluso antes de conquistar el poder. Los candidatos presidenciales en el Perú han sido financiados por Venezuela y Brasil, y el financiamiento de este último llegó a través de la asignación de contratos de infraestructura pública a empresas de construcción brasileñas seleccionadas previamente. Con ese mecanismo puesto en marcha, no debe extrañarnos que los peruanos sigan eligiendo a mercenarios como presidentes.

Ya hemos estado antes en esta situación. La corrupción se generalizó en la década de los noventa bajo el mandato de Alberto Fujimori. Su principal asesor, Vladimiro Montesinos, el infame jefe de los servicios secretos, corrompió a todo el espectro de la sociedad peruana sobornando a políticos, banqueros, empresarios, jueces, militares y periodistas a los que grababa en el acto, mientras hacía pirámides grotescas de dinero en efectivo y los extorsionaba. Cuando las cintas se exhibieron por la televisión en horario estelar se creó una comisión gubernamental formada por figuras respetadas para diseñar una estrategia exhaustiva y vigorosa contra la corrupción.

Irónicamente, el sucesor de Fujimori, Alejandro Toledo, cuya candidatura se centró en acabar con la corrupción, antes de llegar a la presidencia robó dinero de campaña donado por George Soros. Más adelante le pidió al representante de Odebrecht en el Perú un soborno de 35 millones dólares, de los que obtuvo tan solo 20 millones, y creó una nueva maquinaria de corrupción.

Hace una década, como ministro de Economía y Finanzas y primer ministro durante el gobierno de Toledo, Kuczynski supervisó un sistema que produjo el sobreprecio de las obras públicas. La compañía de Kuczynski tuvo contratos con Odebrecht mientras era servidor público.

¿Qué sigue ahora? Todavía no está claro si Kuczynski enfrentará cargos, pero está bajo investigación y el poder judicial ha allanado sus viviendas y le ha impedido salir del país. Su sucesor, Martín Vizcarra, quien tiene un récord público limpio, tendrá mucha presión para poner en práctica una estrategia efectiva que combata la corrupción.

Pero su posición es débil: Vizcarra será el nuevo mandatario hasta 2021, pero tendrá que ejercer su cargo con un congreso dominado por el partido de Keiko Fujimori.

El combate contra la corrupción requiere de instituciones sólidas y un liderazgo fuerte, y ninguno de los dos existen hoy en Perú. Muchos de los políticos con el poder e influencia para reformar el sistema han sido acusados de malos manejos en el pasado. Figuras clave en los sectores público y privado también se han beneficiado del sistema de corrupción imperante. Ellos son los más interesados en mantener el statu quo. ¿Ellos van a impulsar la necesaria reforma política que podría llevarlos a la cárcel?

Quizás la única ventaja que tiene Vizcarra es que, según las últimas encuestas, el Congreso de Perú es la institución más desacreditada y corrupta. Si logra movilizar la opinión pública para respaldar una campaña anticorrupción, podría obligar a los legisladores a apoyar algunos cambios por temor a ser expuestos. Vizcarra es un presidente accidental. El hecho de que nunca aspiró a ese cargo podría ser su arma política más poderosa.

(*) Sonia Goldenberg es periodista y documentalista. Fue directora del Comité de Protección a los Periodistas y realizó el documental “Poderoso caballero”, un exposé sobre los videos de la corrupción en el Perú.

Artículo publicado en el diario The New York Times, el 25 de marzo del 2018.

Los apátridas nos gobiernan

Escribe: Claudia Cisneros.

El poder político está capturado por profesionales del deshonor, la mentira, el negocio oscuro, los privilegios de clase y argollas de poder. Es casi imposible esperar que las cosas en el Perú empiecen a cambiar con las estructuras políticas que actualmente (des)componen el tejido social. La derecha no entiende ni quiere entender que el indicador económico no es señal de desarrollo. Su obsoleta mirada del mundo les impide incorporar conceptos de acortar brechas de desigualdad, mejorar la distribución, trabajar por objetivos de equidad y mayor participación política y cívica de las personas, de su mejor educación y formación.

Y es sencillo entender por qué no les interesa actualizarse respecto de este sentido común de primer mundo. Y es que quienes controlan el poder político y económico en el Perú son personas para las que el país no es un fin en sí mismo sino solo un medio donde hacer florecer sus negocios –políticos y financieros– y asegurar su fortuna y privilegios. El Perú solo es su país en tanto sea la chacra donde pueden mangonear a quienes someten como peones; su chacra para explotar y disfrutar recursos sin importar derechos laborales, cuidado del medio ambiente y salud de la población, todos conceptos que ellos trastocan llamándolos tramitología. Para ellos las vidas de otros peruanos es un trámite engorroso si les dificulta hacer dinero.

A esa derecha bruta en valores y empatía no le interesa en lo más mínimo que en nuestra sociedad prosperen valores como la inclusión, la transparencia, la equidad, los derechos civiles y políticos porque los consideran una obstrucción a sus estrategias de enriquecimiento. A esa derecha indolente no le interesa integrarse con el cholo, con el indio, con el nativo, el mestizo, el peruano al fin. En verdad los desprecia. Solo son para ellos fuerza de trabajo, sujetos de explotación. Por eso, por ejemplo, murieron tantos quechuahablantes durante el terrorismo y a ellos no les importó. Ni siquiera ahora les importa. Si la masacre hubiera sido a su gente de apellidos compuestos y de alcurnia, estarían horrorizados con lo que pasó; con la cantidad de fosas con restos de los suyos; con la cantidad de desaparecidos suyos. Pero como no los sienten suyos, les da igual. De hecho por eso pueden, tan fácilmente, aceptar que Alberto Fujimori, uno de los mayores perpetradores de delitos contra la nación, contra los pobres, contra los inocentes, pueda ser eximido de su prisión. Total, sus víctimas no eran los de su collera, eran esos otros, sin nombre, sin estatus, sin valor humano para ellos.

Ese es el país de tantos “tecnócratas-apátridas” en la política, tan orgullosos ellos de sus títulos y posgrados y a la vez tan desvergonzadamente antiperuanos. Dispuestos a trastocar cualquier valor trascendente para un país –Justicia, Democracia, Institucionalidad, Equidad, Honestidad– si conviene a su argolla de poder o a su CV. Así son los lobistas que entran al servicio público, no para diseñar las mejores estrategias y políticas públicas que reduzcan brechas de desigualdad, que den acceso a buena educación, salud, calidad de vida, sino para hacer currículum y ver a quién ayudan de su entorno que luego pueda devolverles el favor al regresar al sector privado. Ese es el perfil de nuestro tecnócrata-aprendiz-de-político-promedio: un Zavala, una Aráoz, un Giuffra o un PPK.

El JNE nos condenó en las últimas elecciones a elegir entre la derecha bruta, ignorante y achorada del Keikismo y la derecha tecnócrata, apátrida y lobista-corporativista de PPK. El JNE, movido por intereses aprofujimoristas, sacó de carrera a Guzmán que venía creciendo meteóricamente; a Keiko le perdonó tramposamente la vida cuando no la eliminó por los mismos motivos que fue necesario sacar al tramposo Acuña; y en el colmo, el JNE le salvó el pellejo al Apra bajando la valla para que su inscripción no feneciera y entraran algunos chaveteros. Algún día, alguien tendrá que responder por ese fraude que nos colocó en esta situación de país imposible: entre una derecha revanchista, obstruccionista y degradante, llena de vulgares y mafiosos; y otra derecha educada en títulos pero no en humanidad ni honestidad. PPK ha decidido blindarse protegiendo a los sospechosos, creyendo que accediendo a sus exigencias de cuotas de poder los acallará. No sabe que así indulte a Fujimori, regale ministerios al Apra, entregue la dignidad del país, no lo dejarán en paz, no lo dejarán seguir. Y ya no tendrá quién lo defienda. Los apátridas vulgares, tanto como los “refinados”, matan al pueblo y lo destruyen. Convierten al Perú en un país imposible. Solo la participación política de otra estirpe de peruanos podrá darnos una esperanza de cambio.

Presidente prisionero

Escribe: Rosa María Palacios

El título de esta columna puede confundir. No voy a escribir sobre el condenado Alberto Fujimori. Tampoco sobre el detenido, sin ser acusado, Ollanta Humala. Tampoco del buscado por la justicia y hoy prófugo en los Estados Unidos, Alejandro Toledo. Menos del ex presidente García prisionero de sus palabras y de los que le callan lo que deberían contar. Todos ellos son, de formas distintas, prisioneros.

Sin embargo, nuestro nuevo reo es el presidente en ejercicio. La mayoría fujimorista en alianza con la izquierda (con la que encuentra, en los extremos, harta coincidencia) decidió negarle el permiso de salida del país. Kuczynski es hoy, prisionero del Congreso. Lo era, ya en un sentido político. Lo es hoy en un sentido físico. No puede abandonar los límites geográficos del Perú. Importa poco al fujimorismo que las relaciones exteriores del Estado Peruano estén en juego. No ha concedido permiso al Presidente para ir a la Asamblea General de Naciones Unidas en donde iba a hablar del tema de Venezuela. Tampoco podrá ir al Vaticano, en anticipo a la visita del Papa Francisco en enero del próximo año.

La doble moral del discurso fujimorista se ha exhibido como nunca en esta semana. Pueden pegar de gritos contra la dictadura venezolana pero, desde aquí, impiden el liderazgo del Estado Peruano en encontrar una solución a una crisis política y humanitaria. Impiden, de la forma más torpe toda investigación de casos de abuso en el Sodalicio –jugando a ser conservadores – pero impiden que el presidente visite al papa. No se entiende nada porque ni Keiko Fujimori sabe lo que quiere. Salvo fregar.

Solo así se entiende sus asaltos magisteriales de la mano de sus nuevos amigos cercanos al Movadef. Cuando Pedro Castillo los puso contra la pared con la derogatoria de la ley de la carrera magisterial, recularon. Pero era tarde. La política de “todo con tal de vacarlo” sigue en marcha. La tregua terminó y duró pocas semanas. ¿Cómo entender la frase de ese esmerado vocero del fujimorismo, Héctor Becerril en el debate del viernes?: “Tenemos un Presidente no solamente ausente físicamente, tenemos un presidente ausente mentalmente”. ¿Acaso no le está diciendo loco en su cara pelada?

La defensa de la bancada PPK fue lo que pudo. Nada se puede contra una mayoría arrolladora que actúa bajo las ordenes de Ana Vega y Pier Figari, salvo dejar constancia pública del abuso y de la doble vara. Lo peor es que el Ejecutivo, desde que llegó en agosto del 2016, se ha esmerado en ponerse de rodillas ante la prepotencia y la patanería. Su defensa ha sido tan débil, que es inexistente. Hoy he escuchado al presidente prácticamente rogar que le den permiso para salir del país. Sí, a estas alturas de gobierno, es claro que la estrategia genuflexa no sirve. ¿Por qué seguir en ella?

Tal vez, por la misma razón que un Ministro de Cultura como Salvador del Solar, con un activismo conocido –no en vano es el director de una película como “Magallanes”– puede aceptar que la historia puede reescribirse a gusto de sus opresores de ayer. Por miedo. El presidente no logra salir, por sí mismo –sin tregariuas concedidas por el enemigo– de este estado de cosas. La cabeza de la Ministra de Educación, Salud y la de “esa que no sé qué cartera ocupa” están pedidas por la misma Keiko Fujimori que se dirige al país desde la clandestinidad de un video. ¿La respuesta del gobierno? La misma.

Tal vez el ser humano es la única especie tan necia como para creer que haciendo las cosas de la misma manera se puede obtener un resultado diferente. No hay forma de que la relación Ejecutivo–Legislativo cambie si no cambia la estrategia política de Keiko Fujimori o de Pedro Pablo Kuczynski. O la de ambos. Cuando ella necesitó cambiar por la emergencia de su hermano, el cambio ocurrió. Pero ya vemos lo poco que ha durado.

¿Y si de una vez por todas el presidente deja de ser prisionero? ¿Si, por ejemplo, le recuerda a Keiko Fujimori que el único presidente que abandonó el país con permiso del Congreso y renunció desde el extranjero fue su propio padre? ¿O ya no se acuerda? ¿Quién traicionó la confianza del Congreso peruano? Porque por eso la Constitución ordena pedir permiso ¿verdad? Se considera que el puesto de mando del presidente es tan importante para la nación que tiene que ser celosamente asegurado ¿o no?

Una vez más, Kuczynski tiene la oportunidad de salir ganando, si sale peleando por intereses de Estado que son superiores a él. Pero, como con el tiempo el burro no mejora a caballo, veo muy difícil que lo haga. Muerto de miedo, jugándose por la aprobación de lo menudo, nuestro presidente prisionero en ejercicio, seguirá agachando la cabeza en el bonito Palacio que ha aceptado por prisión. Su carcelera verá si le provoca abrirle la puerta. Cuándo, dónde y cómo a ella le dé su regalada gana.

La doble moral del discurso fujimorista se ha exhibido como nunca esta semana.

Encarcelan a Ollanta Humala y Nadine Heredia para evitar su fuga

·     El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

Escribe: Cecilia Quiroz

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que dirige el magistrado Richard Concepción Carhuancho, aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, presentado por la fiscalía de lavado de activos a cargo del fiscal Juárez Atoche.

El Ministerio Público está investigando a Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros implicados, por el presunto pago de aportes de campaña que habrían recibido del gobierno venezolano y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en los años 2006 y 2011.

El magistrado Concepción Carhuancho durante la lectura del fallo dijo: “A juicio de este despacho y, concluyendo, existe un alto grado de probabilidad a la luz de los nuevos elementos de convicción de que Nadine Heredia y Ollanta Humala habrían recibido dinero de Venezuela y Brasil. Y lo habrían colocado para las campañas del 2006 y 2011 con un alto grado de probabilidad. Y para ello habrían simulado mediante aportantes fantasmas e incluso habrían colocado parte del dinero en compra de equipos, en PRODIN (ONG creada por la ex primera dama para generar y administrar los fondos para las campañas presidenciales de Ollanta)... Tienen otros fondos en el Banco de Crédito del Perú BCP, fondos mutuos, y en cuentas del Banco de Comercio”.

Si bien se ha logrado apresar a personajes como Ollanta y Nadine que no sólo violaron las leyes peruanas, sino que engañaron a millones de ciudadanos con los cantos de sirena de la gran transformación que ayudaron a desviar la voluntad de lucha del pueblo peruano, lo que llama mucho la atención es la rapidez de su encarcelación y el hecho que otros ex presidentes, como Alan García y Toledo, sobre quienes pesan gruesas denuncias por corrupción estén libres y sin responsabilidad penal, así mismo la posibilidad que Alberto Fujimori – sentenciado por delitos de corrupción y violación de los derechos humanos – esté a punto de ser indultado por el gobierno.

Al parecer, esta medida podría obedecer a los acuerdos arribados entre el fujimorismo y el gobierno a raíz de la última reunión entre Keyko Fujimori y PPK y estaría condicionada por la devaluación política de la ex pareja presidencial y del nacionalismo (no lograron meter ni un congresista y su partido está casi diluido). No olvidemos que, más allá de las grandes coincidencias en materia económica (neoliberalismo), entre el fujimorismo y los esposos Humala-Heredia existieron roces políticos, que podrían estar saldándose con esta sanción legal a la ex pareja presidencial.

Sin embargo, en momentos de incremento de la conflictividad social como los que empezamos a vivir ahora expresados en la huelga médica, la huelga docente y la inminente huelga minera, el encarcelamiento de los esposos Humala-Heredia se convierte en un gran distractivo social que además ejercerá presión sobre algunos sectores políticos que hoy impulsan la lucha contra el indulto a Fujimori y que hace algunos años estuvieron muy cercanos a Ollanta y Nadine, como es el caso de Verónika Mendoza quien fue parte de la famosa ONG PRODIN.

Luchemos contra la corrupción en defensa de la democracia

Parece que la maldad y mal ejemplo del fujimontesinismo  -que duró 10 años (1990-2000)- contaminaron grosera y letalmente el alma de políticos y de la sociedad. La dictadura dejó flotando su slogan “está bien que roben, pero que hagan obras”, refiriéndose a las autoridades que habían sido elegidas democráticamente para gobernar.   

Es decir fueron diez años -lo que dura el estudio de la carrera de Medicina Humana, aproximadamente- de escuela y legado de crímenes, robos, violación de derechos humanos, narcotráfico y de traición a la patria que dejaron un colectivo espiritual enfermo, el cual ha desencadenado un espiral de corrupción y crímenes de nuestros “políticos”, al más alto nivel, en perjuicio del país.

Tan es así que los últimos cuatro ex presidentes de la República  -incluido el chino Fujimori, que purga condena por criminal y corrupto- estarían involucrados  en el ya famoso caso Lava Jato en el que la empresa brasilera Odebrecht habría coimeado a los últimos gobernantes peruanos para ganar licitaciones de megaproyectos millonarios con los que se habrían enriquecido ilícitamente tanto los dueños de la empresa carioca como los ex mandatarios Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, según declaraciones del exgerente y máximo representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Henrique Simoes Barata.

Se incluye en esta vorágine de rapiña presidencial, al ex dictador Alberto Fujimori, porque fue en su mandato prolongado que Odebrecht ejecutó la mayor cantidad de obras en el Perú (30). Los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala totalizaron apenas 24 obras públicas -ocho fueron privadas.

En cuanto al Ex Presidente  Ollanta Humala su situación al respecto  se agrava, pues el ex gerente Jorge Barata ha declarado que Odebrecht entregó  más de 3 millones de dólares a Nadine Heredia como aporte a la campaña electoral del nacionalismo, en el año 2011.

Como podemos ver, la corrupción de nuestros “líderes políticos” es evidente, pero hay que esperar que el Ministerio Público y el Poder judicial hagan las investigaciones correspondientes y luego se pronuncien sobre el tema.

Mientras tanto el Congreso de la República debe legislar para que se sancione drásticamente a los “políticos” y funcionarios corruptos - tal como se hace en Inglaterra, Alemania, China, Corea entre otros países desarrollados- también para que el Perú tenga auténticos partidos políticos -con doctrina y bases activas en todo el país- y para que en las próximas elecciones el dinero del narcotráfico y la mafia empresarial no nos impongan presidentes, congresistas y alcaldes deshonestos e incapaces.

Por su parte el pueblo, a través de marchas de protesta, debe exigir  juicios sumarios y sanciones ejemplares contra los “políticos” y funcionarios que han robado al erario nacional. Exigir también nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos con el fin de democratizar las elecciones y, de esa manera, los auténticos líderes del pueblo y ciudadanos honestos y capacitados puedan gobernar nuestro país.

No permitamos que el mal ejemplo de Presidentes sinvergüenzas y torcidos incentive el accionar de la delincuencia común -arrebatadora y sanguinaria- que está aterrorizando a la población y parece incontrolable. Es necesaria la lucha de la sociedad civil organizada -que derrumba tiranías e injusticias- y el trabajo honesto de fiscales, jueces y congresistas para extirpar, urgentemente, el cáncer de la corrupción que pone en peligro de muerte a la democracia.

Bajemos el dedo a la corrupción en defensa de la democracia.

Blanditos con los corruptos

Por: El Buho.

Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Coincido plenamente con la preocupación de Avelino Guillén, el exfiscal supremo que acusó a Alberto Fujimori, quien sostiene que ‘existe una falta de voluntad del gobierno para afrontar el caso Odebrecht’. Guillén ingresó como figura emblemática anticorrupción en el equipo de PPK en la última parte de la campaña. Sin embargo, cuando este ganó la Presidencia, sospechosamente, fue apartado del entorno del jefe de Estado.

Desde ese momento abrí mis ojazos y sospeché que el nuevo gobierno pareció utilizar esa bandera para ganar las elecciones. Pero bastó que sucedieran los primeros casos clamorosos de corrupción, dentro del mismo cogollo de los asesores presidenciales, como Carlos Moreno, el del ‘Negociazo’ en el sector Salud, para observar cómo el Ejecutivo actuaba con una lentitud pasmosa. Este médico estuvo por ‘la sombrita’ dos meses, no fue procesado administrativamente por las autoridades del sector y reapareció en su trabajo, porque ‘estaba de vacaciones’.

Solo le faltó decir a la directora del hospital ‘Loayza’, que lo ‘blindó’ en una penosa conferencia de prensa, que ‘Negociazo’ estaba ‘de parranda’. ¿Cómo quedan el presidente, el premier y la ministra de Salud en este caso? Y ni digan que solo el Gobierno apañó a este funcionario, porque en la Comisión de Fiscalización del Congreso, dominada por fujimoristas y un filudo aprista, trataron al médico Moreno con ‘manos de seda’. Recordemos que también atendió a Alan García, estuvo en un mitin del ‘partido de la estrella’ y fue presentado con honores por el líder aprista.

Pero en el caso Odebrecht vemos otra vez que el Gobierno, en boca del propio presidente, parece dudar. Como sostiene Guillén: “Es una mala señal que el jefe de Estado diga textualmente ‘no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto’”. Pero si el propio dueño de la empresa sostuvo, ante la justicia norteamericana, que durante los regímenes de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala sobornaron a funcionarios públicos por 29 millones de dólares.

Y que solo en el Gobierno aprista abonaron 20 millones, gracias a lo cual ganaron la licitación de 400 millones del Tren Eléctrico y recibieron concesiones que terminaron sobrevaluando los costos, permitiendo a Odebrecht llevarse 1,400 millones. ¿Por qué nadie parece interesado en averiguar quiénes fueron los funcionarios y políticos que recibieron las coimas que revela el mandamás brasileño? En Brasil ya se saben los nombres de políticos de peso y ya están presos.

No me parece una buena señal que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quite el cuerpo y diga que ‘todavía no hay nombres’. Los norteamericanos y los brasileños saben quiénes fueron ‘aceitados’ en el 2008. El hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Dirceu, se entrevistó con el presidente Alan García, y la exesposa brasileña de un ministro aprista está investigada por haber trabajado con la empresa en estos vergonzosos sobornos.

La dama en cuestión, Zaida Sisson, era caserita en sus visitas a Palacio de Gobierno. Resulta sintomático que Alan García tuitee exigiendo que se revelen los nombres de los implicados, mientras su abogado Wilber Medina se enfrenta al exministro de Transportes del segundo Gobierno aprista por el tema de los sobornos. Enrique Cornejo, que fue aludido por Medina como implicado en el escándalo, salió al frente y le dijo que Oswaldo Plasencia, el ‘hombre clave’, ¡¡era asesor de Alan García!! Ahora Plasencia niega haber trabajado en Palacio y ser hombre de confianza de Alan.

¿Querrán convertirlo en el nuevo Facundo Chinguel? Difícil, esos funcionarios de segundo orden no podían decidir y recibir coimas de millones de dólares. Pero nadie parece querer que salga la lista de los corruptos de alto vuelo. El operativo donde han capturado al ‘zar de oro ilegal’ Peter Ferrari o la captura de Ronny García, más parecen ser ‘pantallazos’ para bajar los decibeles a la bomba atómica que significó las ‘confesiones’ del pago de sobornos en nuestro país. Apago el televisor.

Mano dura contra la corrupción

Luis Eloy Plasencia Torres.

“Y el mal viene de arriba, las confabulaciones para todas las iniquidades se consuman en lo más elevado. Aquí la podre contagiosa se oculta bajo el frac y la levita, no bajo la blusa ni el poncho”, así denunció a la corrupción peruana de su tiempo -en 1,889- el insigne escritor peruano, Manuel Gonzales Prada, en el ensayo intitulado “Los Beduinos” de su obra magistral “Horas de Lucha”.

Ha pasado más de un siglo, desde aquella época, y las cosas han empeorado.

La corrupción en nuestro país ha llegado al más alto nivel, al extremo de que tenemos al ex presidente Alberto Fujimori purgando sentencia de 25 años de cárcel por ladrón y asesino, junto a altos funcionarios, entre ellos generales de las Fuerzas Armadas y Policiales que fueron parte y cómplices de la dictadura más corrupta y sanguinaria que asoló el país durante 10 largos años (1,990-2000).

Al dictador corrupto, le  sucedieron en el cargo -en forma consecutiva- los expresidentes Alan García Pérez, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, cuyos gobiernos habrían recibido coimas millonarias de la constructora brasileña Odebrecht.

La empresa afirma haber pagado coimas en el Perú por 29 millones de dólares, en diversas obras, entre los años 2005 y 2014, es decir, bajo los gobiernos de los ex-presidentes indicados, logrando ganancias por más de 143 millones de dólares.

Odebrecht hizo esta revelación en base al acuerdo que ha firmado con la justicia de Estados Unidos. Admitió el pago de 788 millones de dólares en coimas a funcionarios gubernamentales del Perú, Venezuela, Ecuador, Angola, Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana.

¿Y qué dijo el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, sobre este escándalo que otra vez pone al Perú  ante los ojos del mundo como un país rankeado en atraso y corrupción?

“Estoy totalmente en contra de la corrupción, pero no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto”, declaró PPK al diario gestión, luego de dos días de la celebración de Navidad.

Esa declaración ligera del Presidente sobre la corrupción generada por Odebrecht en perjuicio del Perú y otros países sonó como “roba, pero trabaja”, filosofía mafiosa que se puso de moda en la dictadura fujimontesinista. Ello sumado a los delicados decretos supremos contra la corrupción dictados por este gobierno, ha dibujado en el imaginario colectivo un PPK blandengue frente a este grave problema.

En el gobierno de Ollanta Humala, la Contraloría denunció penalmente a 13 mil funcionarios por corrupción para recuperar el dinero perdido, entre ellos tres exministros y 11 gobernadores regionales. Del total de los denunciados y pese a la abundancia de pruebas, solo fueron sentenciadas 700 personas con penas menores a cuatro años, sin prisión efectiva sino el cumplimiento de una serie de normas, como firmar cada mes o no salir del país. Solo 60 funcionarios están presos.

Es decir no existió -ni existe aún- voluntad de los jueces para sancionar, tampoco de los congresistas para investigar esos casos. El Perú está entre los 10 países más corruptos del mundo en materia de sentencias judiciales, según el último ranking del Foro Económico Mundial.   

Esta situación hace que la mayoría de los peruanos desconfiemos tanto de la justicia como de los políticos que ya han gobernado el país dejando una estela de robos y crímenes en perjuicio de las grandes mayorías.

Debemos recordarle a nuestro Presidente que el país pierde, anualmente, más de 3 mil millones de dólares por actos de corrupción de funcionarios, dinero que podría ser utilizado para construir más escuelas, postas médicas y carreteras que necesitan los pueblos del interior, especialmente, para salir de la pobreza.

Hay que poner mano dura a los corruptos, tal como lo hacen Alemania, Reino Unido, entre otros países desarrollados, cuyas leyes son las más avanzadas del mundo en la lucha contra la corrupción. La república de Singapur, por ejemplo, ha logrado disminuir drásticamente la corrupción  mediante una legislación severa y eficaz que redujo la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguros de Asia.

En el Perú, para empezar, a los presidentes y ex presidentes de la República y altos funcionarios del Estado que sean sentenciados por corruptos se le debe aplicar la pena máxima que establecen las leyes y la Constitución y privarlos del sueldo vitalicio. No se debe premiar a criminales con cárceles doradas y jugosos sueldos porque éstos se aprovecharon del poder conferido por el pueblo para enriquecerse a costa del sufrimiento de los más pobres y del atraso del país.

El Perú necesita, con urgencia, leyes enérgicas contra los funcionarios corruptos quienes jamás deben gobernar ni ser trabajadores públicos después de haber sido sentenciados por haber cometido delitos en contra del patrimonio e intereses del Estado.

No más atraso, no más violencia, no más informalidad, no más desempleo, no más pobreza -con niños desnutridos y sin escuela-, no más narcotráfico, no más caos y subdesarrollo paridos por la deshonestidad. Pongamos mano dura contra la corrupción.