Corrupción y disolución del Congreso del Perú

Escribe: fraín Gonzales de Olarte

El 30 de setiembre será recordado como el día en que el presidente del Perú Martín Vizcarra, interpretando la Constitución aprobada por el gobierno de facto de Alberto Fujimori en 1993, disolvió el Congreso de la República -dominado por una mayoría fujimorista-aprista-  ante la negativa de una cuestión de confianza que había presentado. Un acto tan audaz como controvertido. La decisión ha sido apoyada por más del 80% de la población y la popularidad del presidente llegó a 79%. Sin embargo, los ex congresistas presumen desconocer dicha medida, aduciendo que fue inconstitucional y que fue un golpe de Estado.

Lo cierto es que los constitucionalistas peruanos y las opiniones en general están divididos unos -la mayoría- sostienen que fue constitucional la disolución y otros que no. En consecuencia, quien podría dirimir esta controversia interpretativa es el Tribunal Constitucional (TC), encargado de velar la constitucionalidad de todos los actos públicos y privados. El problema es que el TC está compuesto por algunos de los jueces que abiertamente apoyan al fujimorismo en consecuencia no tendría la imparcialidad que se requiere en este caso.

Sin embargo, el tema de fondo, tras de todo este zafarrancho político, es que el presidente Vizcarra está empeñado en la lucha contra la corrupción, que en el Perú tiene nombre propio: Oderbrecht, la compañía brasileña constructora que desde inicios de este siglo operó en el Perú y en otros países en base a un sistemático sistema de corrupción de políticos y altos funcionarios, para obtener las licitaciones de una gran cantidad de obras de infraestructura. Sin embargo, la oposición al gobierno de Vizcarra, encabezada por el fujiaprismo, trata de apañar a sus dirigentes y eludir la justicia, para lo cual el mejor camino era vacar al presidente. Hay que tomar en cuenta que los cuatro últimos presidentes están siendo investigados, procesados o fugados, además de varios ex autoridades y altos ex -funcionarios también están en investigación por la fiscalía. Ante tales amenazas, el fujiaprismo optó por impedir que el Poder Judicial sea imparcial cooptando a varios jueces y vocales, blindó al Ex Fiscal de la Nación Pedro Chavarry para que influya en las investigaciones a los acusados de corrupción amigos suyo y, como última medida, trataron de elegir nuevos miembros del TC para obtener fallos favorables a los investigados por corrupción.

El meollo de la disolución del Congreso es, pues, un asunto ético y moral, que ha dividido al Perú en dos partes: De un lado, aquellos que de una u otra manera están involucrados en la corrupción, que incluye a empresarios peruanos y no sólo a políticos, que están tratando de huir de la justicia y aquellos, como el presidente Vizcarra y una gran parte de la ciudadanía, la intelectualidad, varios medios de comunicación, que quisieran que los corruptos sean juzgados y sentenciados y que el Perú recupere la ética y la moral y destierre la corrupción que está desintegrando la sociedad peruana. Es importante tener en cuenta que el proceso de lucha contra la corrupción está siendo llevada por una “fiscalía especial” que ha demostrado no sólo entereza moral, apego al derecho, voluntad de llegar a los culpables, pero también una valentía digna de apoyo, que genera una esperanza fundada de lucha contra la corrupción.

Lamentablemente, el Perú ha sido incluido entre los 50 países más corruptos del mundo, lo que nos está convirtiendo en una “republiqueta bananera”, en un país sin futuro civilizado y atrasando las posibilidades de un desarrollo. De ahí la importancia de la disolución del Congreso, pues equivale a disolver una forma de hacer política para favorecer intereses particulares manchados por la corrupción.

La disolución del congreso esperamos que sea el inicio de una nueva etapa en un país cuya estabilidad económica no se condice con su crisis política y moral. Es necesario moralizar la política y el Estado.