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| La Primera Fiscalía Superior Penal ordenó la reapertura de investigación preliminar contra Manuel Becerra Vílchez, en su calidad de alcalde provincial de Cajamarca, por la presunta comisión del delito contra la administración pública. |
La
Primera Fiscalía Superior Penal ordenó la reapertura de investigación
preliminar contra Manuel Becerra Vílchez, en su calidad de alcalde provincial
de Cajamarca, por la presunta comisión del delito contra la administración pública,
en su modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado:
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
La
Fiscal Provincial, responsable del Primer Despacho de Investigación de la
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Cajamarca, debe realizar la investigación que incluye a la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), donde Becerra es
accionista mayoritario.
Según
el informe del Fiscal Superior, Germán Dávila Gabriel, la Fiscal Provincial
rechazó la denuncia “sin haber antes efectuado una correcta y completa revisión
de la información y documentación adjunta, hecho que generó la prematura emisión
de una decisión de archivo no ajustada a derecho”.
La
denuncia formulada por el congresista se refiere al delito de negociación
incompatible en que ha incurrido Becerra Vílchez, en su calidad de alcalde de
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo, donde él mismo es accionista mayoritario.
Durante
su gestión, el 06/08/2015 el alcalde, representado por su primer regidor, Marco
Antonio Gallardo Silva, suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre la Municipalidad y la universidad, representada por su cónyuge, Yuri
Elena Estrada Saucedo, quien se desempeña como presidenta del directorio de la
casa superior de estudios.
Es
evidente el conflicto de intereses en el que habría incurrido el alcalde
provincial, quien suscribe un convenio que representaba un mercado cautivo de
alumnado a favor de la UPAGU, pero además publicidad y un trato preferencial
para la misma, en desmedro de las demás universidades de la provincia.
Recordemos
que hay otras denuncias en curso, confiamos en que el Ministerio Público
realice su trabajo ajustado al derecho. (www.osiasramirez.pe/)
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