El Congreso quiere vacar al Presidente, pero el pueblo decidirá

Escribe Luis Eloy Plasencia Torres (Director de la revista Perú Siglo XXI

Deben controlar a Vladimiro Montesinos. Parece que está jugando el ajedrez político del Congreso, desde la cárcel, y, teóricamente, ya dio jaque mate al mandato del profesor Pedro Castillo. Debieron recluirlo en el penal de Challapalca, donde no hay señal para teléfono ni funcionan las redes sociales.

Puedo imaginar al Doc, con aires de sabelotodo, dando consejos para investigar, censurar y defenestrar ministros; para infiltrar asesores que aconsejen con mala intención al Presidente, y recomendando que los grandes medios de comunicación sean utilizados para sembrar el descontento en la población ante la suba del dólar y el encarecimiento de los alimentos, del gas, y de servicios en perjuicio de la economía popular “por culpa del comunismo que espanta a la inversión privada”.

Puedo imaginarlo diciéndoles a los ex militares operadores del régimen fujimorista: “No sean huevones, tienen que impedir el cierre del Congreso, mediante la regulación de la Ley de Cuestión de Confianza que debe ser aprobada en insistencia y publicada en el diario EL Peruano. El Ejecutivo apelará al Tribunal Constitucional, pero bastaría que dos de sus miembros (actualmente el pleno del TC está compuesto por 06 magistrados) digan que es constitucional para que sea aceptada como tal”.

Sí, si entiendo ¿Y luego?  -sospecho que contesta el militar retirado, ex operador del siniestro SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) fujimontesinista.

“Castillo ya no podrá cerrar el Congreso y lo tendremos contra las cuerdas. Se debe crear una comisión para que investigue lo que hizo durante los primeros 100 días de su gobierno. Luego el Congreso le acusará de incapacidad moral permanente y solicitarán su vacancia. Es cuestión de pocos meses, pero tienen que seguir soltando billete a la prensa y a los operadores de los colectivos de la calle quienes deben continuar terruqueando al Gobierno y, sobre todo, creando un clima de caos e ingobernabilidad para que funcione la vacancia presidencial ¿Comprendido?” ...

-Sí…sí doctor- me parece oír que responde, sumiso, el operador del Congreso conspirador.

- ¡Bueno, espero que esta vez hagan lo que les digo… ¡Ah, y no se olviden de la gasolina, porque sin ella no funciona la cosa!  - corta la conversación telefónica, Vladimiro Montesinos, el Doc, en mi imaginación.

Y vaya, esta vez, da la impresión que, en la realidad, sí está funcionando la Cosa Nostra. Es decir, la conspiración mafiosa, conformada por los partidos políticos conservadores y los grandes empresarios, alcahuetes y beneficiarios del régimen político añejo y desfasado con que se gobierna el Perú, desde hace más de 30 años.

En teoría, la derecha ya tiene todo listo para vacar al Presidente, por lo que Pedro Castillo estaría viviendo sus últimos días en Palacio de Gobierno.

Pero en la práctica, el Mandatario, continúa recibiendo el respaldo del Pueblo Peruano, de los partidos de izquierda y de organizaciones progresistas del país. Así lo testimonian las protestas masivas en contra de la vacancia presidencial, y el clamor de la Nación para que Pedro Castillo cierre el Congreso, por deshonesto e improductivo.

Mientras tanto, el Presidente continúa visitando los pueblos del interior para conocer y dar solución a las urgentes demandas de la población. El día 23 del mes en curso, informó que ha dispuesto “el inicio del desarrollo de la infraestructura para la masificación del gas natural en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Ucayali”.

De otro lado el Ministerio de Salud (MINSA) dio a conocer que más del 50% de la “población objetivo” cuenta con ambas dosis de la vacuna contra la COVID 19. Cabe indicar que la población objetivo está conformada por personas mayores de 12 años de edad que, en el país suman 28 millones 24,250.

Los ejemplos señalados, son hechos concretos que acreditan que el actual Gobierno viene cumpliendo sus metas establecidas para el presente año.

Entonces, ¿cuál es el motivo o la razones por las que el Congreso y el poder económico quieren sacar del cargo al Presidente de la República?

¿Por incapacidad moral? ¿Quién denota incapacidad moral, el que comete y corrige errores al nombrar ministros, o los congresistas que se coluden con los ricos para oponerse a los cambios políticos, económicos y sociales que demanda la Nación para el desarrollo del país?

¿Acaso no son incapaces morales aquellos congresistas que pierden el tiempo obstaculizando el trabajo del Ejecutivo y cobran, puntualmente, 35 mil soles, incluidos “función congresal” y sueldos para asesores? ¿No es inmoral el Congreso que, atropellando la Constitución, se apresta a vacar al Presidente elegido democráticamente por el pueblo?

Teóricamente, la oposición cree que está en condiciones de vacar al Presidente. Parece que el jaque mate fujimontesinista dará los resultados esperados por los partidos de derecha y  la CONFIEP. Pero, en la práctica, la oligarquía tendrá que vencer a la valiente y tenaz resistencia del Pueblo Peruano que es invencible y ha decidido defender y hacer respetar la democracia.

En consecuencia, para asestar el golpe de Estado, los golpistas deben pensarlo mil veces.

No vaya a ser que, por jugar con fuego, el asesor Vladimiro Montesinos termine siendo recluido en el penal de Challapalca, y la presidenta del Congreso -dirigente de los conspiradores- termine su aventura golpista, peor que Manuel Merino quien, ante incontenibles protestas populares, tuvo que dejar el cargo de Presidente con solo una semana como gobernante.

El Congreso quiere vacar al Presidente, pero el pueblo es quien elige, protege y echa a sus gobernantes. El pueblo, en última instancia, es quien decidirá sobre la vacancia.

 

 

Linajes y pituquería

 

Escribe: Eloy Jáuregui

“Y no hablo de la Confiep –la de los liberales, el Opus Dei, el Sodalicio y la ultraderecha católica–, ese es otro capítulo de este tinglado más perverso”.

Leo a Francisco Durand en el segundo número de La corriente. Sabe y bien. Acaso como Carlos Malpica, Alfonso W. Quiroz, Jorge Manco Saconetti. Conoce el Perú desde sus tripas y señala a la clase que ha impedido nuestro desarrollo, que mantiene al país a la deriva, con un millón de infectados por el Covid-19, con 36,609 muertos hasta inicios de enero y atrasado en la gestión de las vacunas.

Y de pronto fuimos sorprendidos por la pandemia y solo atinamos al “ponte la mascarilla” y “lávate las manos”. No obstante, los sistemas médicos, de ciencia, tecnología e innovación, casi no aportaron ninguna solución. Así sobrevivimos, con suerte, pero las víctimas siguen sumando. Y no solo me refiero al lucro de clínicas y químicas, también a las agroexportadoras que no pagan a EsSalud.

Y Durand señala que la oligarquía en el Perú no ha muerto. Que ahí están con todo su poder las viejas familias, los especuladores financieros, los empresarios reciclados. Dice: “No olvidemos que sus descendientes son parte de la clase alta, cuentan con apellido, propiedades y rentas. Culturalmente, son el grupo de referencia. Los hábitos y costumbres, la manera de marcar las distancias sociales, su comportamiento cerrado y su orgullo de riqueza, la modalidad de trato con los demás, vive con ellos y con otros al haberse extendido a otros segmentos burgueses”.

Familias y cómplices forman élites económicas alimentadas por la endogamia. Es decir, el matrimonio o reproducción entre individuos de ascendencia común, de una misma familia, linaje o grupo. Ese es el Perú de los poderosos. Y el ser pituco, una forma de mantener la riqueza acumulada en un círculo pequeño de “gente conocida”, incorporando selectivamente a nuevos miembros con ciertos requisitos sociales.

Aquello que González Prada definía como ‘encastamiento’. Sí, los dueños del Perú, los Romero en Piura, los Wiese de Osma en Lima y los Ricketts en Arequipa. El apellido como mercancía. Acaso los Graña y Montero (grupo GyM), los Rizo Patrón (Cementos Lima), los Bentín Mujica (ex Backus), los Olaechea Álvarez Calderón (Tacama) y los Benavides de la Quintana (mediana minería), demuestran ese tránsito de oligarquía a burguesía de hogaño.

Y no hablo de la Confiep –la de los liberales, el Opus Dei, el Sodalicio y la ultraderecha católica–, ese es otro capítulo de este tinglado más perverso. El del disfraz político, hoy de moda con una veintena de candidatos.

Respuesta a Juan Aste de la red Muqui sobre la minería peruana

Por: Reinhard Seifert (*)

FORMA Y FONDO

Existen tres actores principales para entender la problemática minera y sus conflictos socio ambientales en el Perú actual: La población involucrada (1), el Estado y la empresa minera, cada vez más trasnacional.

Las cifras macroeconómicas dan la idea equivocada que la minería peruana en cifras nominales aporta mucho al desarrollo del país. Me refiero a las cifras del BCR y del INEI (ambos difundidos ampliamente), o sea que son cifras oficiales del Estado peruano. Y que fueron la base para manipular a la población peruana en su conjunto, con el concepto del Perú, país minero. Tomando en cuenta que se exportan todos los minerales; sin embargo, este dinero ¿a dónde va? , ¿Dónde se queda? ¿Y quién o quiénes tienen un beneficio real de estas riquezas? La respuesta es obvia: El capital se va afuera!!!

PERÚ, ¿PAÍS MINERO?

En general, a nivel nacional hay 72% de evasión tributaria (según un diario limeño). Evasión tributaria quiere decir, los que no pagan o los que aportan con pocos impuestos (menos lo que debían según la ley), al erario nacional. La recaudación tributaria es solo el 15% del Producto Interno Bruto (PIB), comparado con casi el 40% de la Unión Europea, en Chile son 25%. Esta presión tributaria es una de las más bajas en la región. A raíz de los últimos sucesos en el Perú la presión tributaria –que es una medición sobre si el Perú cumple o no los estándares internacionales- ésta ha bajado aún más. Y con tendencia a la baja. Tiene que ver con la percepción de la gente si el impuesto pagado es bien utilizado. Obviamente en el Perú, lamentablemente ello no está sucediendo.

El sector minero apenas produce alrededor del 12% del PIB, mientras que el sector de los PYMES (micros y pequeñas empresas) aporta con el casi 40% al PIB. Y algo peor aún, en el caso de los impuestos pagados, en el Perú, el sector minero escasamente contribuye con el 5% a estos, que pagan todos los peruanos. Quiere decir, que el sector minero paga muy pocos impuestos.

Por el otro lado, la Población Económicamente Activa Nacional (PEA) es de aproximadamente 15 millones de personas (15 a 65 años) y el sector minero -limitadamente- da trabajo a apenas 300 000 personas, al 2 %. Casi nada. Es sabido, que a nivel nacional hay 21 facultades de las Universidades Nacionales y Privadas que preparan a los ingenieros mineros. Apenas salen entre 500 a 600 alumnos anualmente (fuente oficial de la CONFIEP y SNMP). De estos alumnos ni el 10% consiguen un trabajo estable en una empresa minera local en el Perú. La mayoría de los egresados emigra a otros países.

Por todo lo expuesto, entonces, ¿de qué país minero estamos hablando? Es falso. Los poderes fácticos del Perú (empresas mineras trasnacionales, prensa concentrada en Lima y la tecnocracia neoliberal, anclada en los ministerios) han creado este mito o leyenda, con su permanente propaganda. Es un cuento sin sustento académico, menos científico y que pertenece al eterno libro de las fábulas.

¿QUÉ HACER?

Con una reforma tributaria y aplicando los códigos tributarios por ley y sanciones( las grandes empresas mineras tienen una serie de ventajas tributarias y pagan muy poco al tesoro nacional), el Gobierno Nacional actual pudiera aumentar la recaudación de uno a dos puntos porcentuales por año, si es que tomen la decisión política necesaria y así, llegando a una tasa de 22% o 23% de presión tributaria, durante los próximos 5 años – lo que pudiera resultar en un promedio anual de US$ 4 a 6 mil millones de ingresos adicionales – más de lo que contribuirían, a la tesorería del país, Tía María, Conga, Yanacocha y toda la minería de oro, juntos; por tanto , el Perú sería otro.

Lo esencial de pagar impuestos es entender que el Estado está en la obligación constitucional (lo que en la actualidad no lo hace) de ofrecer un buen servicio de educación y de salud a sus ciudadanos y de cumplirlo. Estos servicios deben ser políticas de Estado de largo alcance y que ningún gobierno de turno o coyuntural cambie de manera arbitraria, lo que pasó con todos los gobiernos, que hemos tenido durante los últimos 40 años.

Hay impuestos que se pagan, sí, pero el impuesto a la renta y el canon minero (2) son inferiores que las devoluciones que reciben las mineras por los beneficios tributarios (3). Esto es en términos de análisis un verdadero escándalo. ¿Cómo es posible que hablan del Perú, como país minero y que no aportan absolutamente nada al erario nacional? Todo lo contrario, lo están saqueando!!! ¿Cómo es posible, que esta política neoliberal solo ha favorecida al capital transnacional y nada al capital nacional? Y menos a la clase trabajadora minera, o al conjunto de la sociedad, que -también- en teoría debería tener un beneficio tangible.

Y aquí entra la idea tan promocionada que el subsuelo es de todos los peruanos, del Estado y su explotación racional de los minerales deberá quedar en manos privadas y que traerá el anhelado desarrollo del Perú. Otro disfraz, porque no fue otra cosa que una expropiación de tierras privadas de los campesinos a favor de una empresa minera privada. De por sí, el postulado teórico del neoliberalismo que la propiedad privada es “intocable”, es inalienable fue anulado, se impuso un sofisma del “interés nacional”, de una empresa privada sobre otra, de los campesinos, para tener acceso a otra empresa privada y de sus tierras. Y los que se opusieron tenazmente fueron tildados de “perros del hortelano”. O peor, los mataban en su legítimo derecho en la defensa de su tierra privada. (1) Rechazamos el concepto de población afectada, por ser muy permisivo a los daños a la salud pública, producido por la ingesta permanente diario del agua, contaminada por los metales pesados. (2) Para el año 2016, la región de Cajamarca apenas recibió 144 Soles por persona al año. O sea, el equivalente del valor de un pantalón. Que son 12 Soles mensuales, o a lo mucho dos panes al día. (3) En el año 2017 recibieron 3.900 millones de soles, por este concepto, es una cifra astronómica, entre lo que se paga como impuestos (IR y IGV) y lo que les devuelven.

OTRO TEMA

Ojalá que los fiscales incluyan al Goyo y su banda (los “Goyos”), denominada Patria Roba y MAS corrupción en la investigación a Odebrecht!!! Hasta ahora no se pronuncian al respecto. Aunque de acuerdo al último reporte de una revista limeña, la fiscalía está pidiendo 25 años de cárcel, por los 44 millones de soles robados a Cajamarca. Muy poco, por cierto!!!

(*) Economista y escritor de origen alemán, vivió muchos años en Cajamarca.

Empresarios, democracia y poder

Escribe: Alberto Adrianzén.

Los recientes “descubrimientos” sobre el papel de los empresarios, incluyendo a la Confiep, en los procesos electorales no son una novedad. Lo que sí es novedad es saber toda la trama que está detrás y lo que ello representa en una democracia como la peruana. Ahora ya sabemos, como han dicho los propios empresarios, que financiaban campañas electorales contra sus adversarios. Si un candidato no les gustaba o iba contra sus intereses, lanzaban una campaña para recordarnos los valores del libre mercado, de la iniciativa empresarial, así como también los “horrores” del estatismo y el infierno que podría significar el triunfo de aquellos que proponían políticas obsoletas y peligrosas para el país.

La idea era construir, como dijo Mario Vargas Llosa, “un nuevo enemigo” que no era otro que el “populismo” y que estaba representado, no solo por el candidato real en cada país en el que había elecciones, sino también por esta suerte de candidatos virtuales en los que se habían convertido estos “presidentes populistas” en la mayoría de países de la región. La otra idea era –y sigue siendo– que, si uno votaba por el candidato que no les gustaba, votaba también, gracias a una activa campaña mediática y propagandística, por Hugo Chávez, Lula o Cristina Fernández de Kirchner. Las elecciones presidenciales se “internacionalizaban”. La batalla era, como lo es ahora, en contra de estos “procesos populistas” y a favor del neoliberalismo.

Hoy día, algunos quieren justificar las campañas de los empresarios y de la Confiep diciendo que no eran contra ningún candidato; que los aportes (o donaciones) de la empresa Odebrecht a ese gremio empresarial, así como las llamadas bolsas empresariales, eran legales porque estaban bancarizadas; y que estas campañas no tenían nada que ver con las campañas electorales. Y si bien se pueden añadir otros argumentos para defender este supuesto gremialismo apolítico, lo cierto es que estos hechos nos develan como operan políticamente los empresarios y los gremios. La afirmación de que hay que impedir que la política invada o influya a la economía porque es un saber técnico, no va con ellos. Ellos sí hacen política, lo que sucede es que pretenden ser invisibles. Hoy han sido descubiertos.

Es cierto que esta manera de operar, bastante antigua, por cierto, tiene mucho que ver con la falta de normas y reglas claras y precisas respecto al financiamiento de los partidos y de las mismas campañas electorales, incluyendo los gastos que en ella se incurren. Pero también -y acaso esto es lo más importante- con la manera cómo se vinculan los grupos empresariales no solo con los procesos electorales sino también con la política y con el poder.

No es extraño, en ese contexto, que no haya en el país un partido (de derecha) que represente abiertamente los intereses empresariales o un partido liberal que haga suyos las bondades de un auténtico liberalismo. Tampoco que no exista un líder político que salga de las filas empresariales como Mauricio Macri en Argentina o Sebastián Piñera en Chile que han creado partidos políticos y ganado elecciones. Y si bien PPK puede ser una excepción hay que recordar que este hombre de negocios-presidente no tiene partido y que tuvo que recurrir a uno “prestado” para candidatear. Por eso PPK no es expresión política de un grupo o de una clase sino más bien producto de un “capricho personal”,  de la política informal de este país y de las ambiciones de algunos.

En realidad, los grandes empresarios gobiernan, muchas veces, sin estar en el gobierno, pero sí conservando el poder. Son los llamados “poderes fácticos”. Para eso cuentan mecanismos como la llamada “puerta giratoria”, el poder mediático, estudios de abogados y lobbies, como lo demuestran ahora último los intentos por modificar la ley de Alimentación Saludable, o representantes directos en el gobierno y el Estado, y hasta recurren al transfuguismo y cooptación de políticos, congresistas y de partidos que tienen como única “fortaleza” la legalidad para presentarse en las elecciones. Toda una charada, que hace de la democracia un hecho opaco, que esconde los intereses de unos pocos, un baile de máscaras, donde algunos son invitados, y que permite que la corrupción, como hoy día es evidente, sea la nutriente que organiza y mueve el sistema político de esta República Empresarial.

Derecha avergonzada

Por: Francisco Durand

Hurgando documentos sobre cómo ocurrió la captura de Humala el 2011 por parte de los grupos de poder económico, la CONFIEP y los lobbies, me topé con una constante: políticos y tecnócratas prefieren ocultar su relación con las grandes empresas.

Revisando las declaraciones en “El Comercio” y “Perú 21”, abanderados de la política de “continuar con el modelo económico”, caí en la cuenta de que nadie quería asociarse abiertamente con la gran empresa privada, admitir que trabajan con ella o para ella. Alonso Segura, por ejemplo, en ese entonces director del BCP (grupo Romero), fue entrevistado como “economista” por “Perú 21” (6/6/2011). También los candidatos preferían tomar distancia y hasta se mostraron críticos. Todavía se recuerda la famosa frase de Alan García el 2006, cuando acusó a Lourdes Flores de ser “la candidata de los ricos”, mientras él, en privado, les daba todas las garantías. Es como si los superricos  y sus empresas estuvieran apestados, como si a sus voceros y representantes políticos les diera vergüenza informar al país que trabajan para las grandes empresas limeñas que lideran el poder económico o que son apoyados por ellas. Eso fue ayer. Hoy es lo mismo, y ejemplos sobran si recordamos  los recientes distanciamientos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala sobre los grupos de poder.

¿Qué hay entonces de la popularidad de los ricos? ¿No es que ahora existe una “derecha popular” que debería considerar a los jefes de los grupos de poder económico y a sus gerentes héroes del desarrollo? Al parecer los esfuerzos para difundir una cultura empresarial entre los pobres (la ideología del emprendedurismo) han logrado legitimar al empresario popular, al emergente, pero no a los grandes empresarios limeños y a las multinacionales, que forman el segmento dominante.

Entonces, en estas elecciones se ve que persiste la actitud vergonzante de la derecha y sus técnicos. Ninguno quiere reconocerse como tal, ni asociarse a las grandes empresas que van a ser sus principales financiadores. Es lo que deduzco. Lamentablemente no contamos ni siquiera con una encuesta que mida las percepciones del pueblo sobre todos los empresarios o las diferencias entre distintos tipos. Aquí también existe una inhibición. O interés.

Quienes contratan las encuestadoras son gente con bolsillos profundos, es decir, clientes  importantes cuyo favor no hay que perder. Quienes las pagan, además, son los que deciden qué preguntar. Así discurre la vida en la República Empresarial. Nadie puede decir en público que la CONFIEP gobierna, o discutir el tema en una entrevista, a pesar de que en la calle se habla de los superricos con toda familiaridad.

CASO PPK

Uno de los casos más representativos de una casi total omisión de su pasado y presente corporativo es Pedro Pablo Kuczynski (PPK), candidato presidencial de un partido que lleva las siglas de su apellido: Peruanos  por el Kambio. PPK es el candidato de las multinacionales. Y ahora que se lanza por segunda vez a las elecciones prefiere dejar de lado esa parte central de su historia. Su hoja de vida (ver www.ppk.pe) narra su infancia feliz como hijo de un médico europeo llegado al Perú a hacer medicina social. Se presenta como miembro de la clase media miraflorina que, gracias a su talento y becas, pudo estudiar en  Oxford y Princeton. Sus referencias como profesional abundan. Nos habla de sus primeros trabajos  en el Banco Mundial y luego en el Banco Central de Reserva del Perú, trabajo que lo empujó al exilio, donde no cuenta las razones de su salida. PPK fue acusado por el gobierno de Velasco de participar en una devolución de impuestos a la IPC, cobrados supuestamente en forma indebida, por 17 millones de dólares de la época.

Esta omisión es hasta cierto punto entendible, pero lo que no tiene excusa es que casi no hable de aquello a lo que ha dedicado gran parte de su vida: los negocios. En la sección “Mitos y Verdades” de su portal, PPK hace una rapidísima referencia a su largo historial como director y gerente de empresas multinacionales.

Encontramos  dos líneas en  la sección titulada “¿SABÍAS QUE PPK HA TRABAJADO PARA EL SECTOR PRIVADO EN DIVERSAS PARTES DEL MUNDO?”. Dice muy poco: Resaltan su cargo de presidente del First Boston Internacional y director del First Boston Corporation. Anteriormente habría sido socio de Kuhn, Loeb & Co. Internacional y presidente de Halco Mining, Inc. En Pittsburgh. Nada más.

Pero su historial es mucho más generoso: entre 1,977 y 1,980 trabajó en el sector minero en África Occidental e incursionó en el sector industrial. A través de los años ha sido miembro del directorio de diversas empresas como Compañía de Acero del Pacífico (1,992-1,995), Magma Copper (1,995-1,996), Edelnor S.A (1,996-1,999), Toyota Motor Corporation (1,996-2001), Siderúrgica Argentina (1,996-2001), R.O.C Taiwan Fund (1,983-2001), Tenaris (2003-2004), Shoutern Perú  Copper Corporation (2003-2004) y Ternium Inc. (NYSE) (2007). En realidad, la lista es mayor e incluye otras empresas, todas grandes y algunas grandísimas.  

OCULTAR VÍNCULOS

La actitud de los políticos más cercanos y de las redacciones de los periódicos y noticieros televisivos o las encuestadoras, con muy raras excepciones, oculta la procedencia y conexiones de los candidatos y entrevistados. Por algo será.

Debe ser la maldición de Pizarro, el porquero extremeño que se hizo marqués exigiendo un rescate a cambio de una vida que no pudo respetar. Claro, desde la conquista las cosas han cambiado, o al menos eso creemos. Ya no existen oligarquías ni marqueses. Lo que existe, si hemos de creer en los titulares y estudios de márquetin, es la nueva clase media, los ricos provincianos, los emprendedores. Pero la riqueza sigue siendo concentrada en  Lima, en un grupo reducido de grandes corporaciones  limeñas asociadas a las multinacionales. Probablemente estemos viendo el más alto nivel de concentración de la historia republicana. Véase el caso de las AFP, que fueron 7 en total en 1,994 y que ahora se reducen a 4 (eso si contamos Hábitat, la más pequeña). Véase el propio caso del Grupo El Comercio, cuya familia solía editar este diario desde los tiempos de la República Guanera del siglo XIX y que continuó luego durante la República Aristocrática de comienzos del siglo XX.

Pero el discurso oficial es otro. Ahora afirma que lo nuevo y muy revelador es que tenemos “emprendedores”, término sustitutorio del menos popular concepto de empresarios. Pero esta categoría es deliberadamente vaga. Unos son grandes y otros, la gran mayoría, informales. Unos son de Lima y otros, la gran mayoría, son de provincias o de origen provinciano. En realidad, lo que se ha democratizado es la base de la pirámide más que la cúpula. El cogollo de la República Empresarial sigue siendo básicamente el mismo: una minoría privilegiada limeña que maneja el sistema financiero y que tiene, junto con sus  socios multinacionales, casi todas las concesiones mineras, petroleras y gasíferas y, no lo olvidemos, esos 4 fondos de pensiones donde están nuestras míseras jubilaciones.

¿Y qué me dice del emporio de Gamarra? Bueno, eso es una muestra de pujanza empresarial urbana que apareció en plena crisis, antes de que surgieran los grandes centros comerciales construidos por los grupos de poder (entre los que destaca el grupo Rodríguez-Pastor y los conglomerados chilenos). Hoy Gamarra languidece y sus propias masas de consumidores prefieren la seguridad y el lujo de los malls, esas nuevas catedrales del consumo que empezaron en los conos de Lima y que hoy existen en todas las ciudades intermedias del país.

¿Acaso Acuña no representa un cambio? Cierto, lo representa, tanto él como su fortuna labrada con la “educación con fines de lucro” ese exceso libremercadista que propuso el Banco Mundial en los años 1,990 y que ha dado lugar a extrañas fortunas . Ahora bien, no se puede negar que la propiedad se ha democratizado, que existen nuevos millonarios y que pueden comprar casa en Las Casuarinas y manejar un Porsche. Pero algunas de esas fortunas son o parecen de origen dudoso. En algunos casos es más un estigma limeño que otra cosa (Añaños), pero en varios otros el dinero mal habido puede estar en el origen de esos negocios. Véase el caso de Wilfredo Oscorima, el fugado presidente regional de Ayacucho, cuya fortuna se hizo, según afirma, a partir de tiendas tragamonedas, y que ha optado, probable indicio de culpabilidad, por fugarse.

Finalmente, recordemos que no basta ser millonario para mandar y entrar a los altos círculos de la política peruana, que incluye todavía ese remanente elitista llamado Club Nacional. Son gente de apellido y pretendida alcurnia, aristocratizados o elitizados, quienes manejan las más grandes empresas del país, los principales socios de las multinacionales y, finalmente, quienes gobiernan las finanzas. Ese es el centro del poder y de allí se proyectan al Estado.

Es de ellos que los candidatos quieren desmarcarse. Es la asociación con ellos la que ocultan los columnistas o expertos consultados por los principales medios de comunicación. Por algo será. El tabú existe.

Ollanta: Devuélveme mi voto

Escribe: Claudia Cisneros

Ese día en la Casona de San Marcos, antes de salir a jurar por la hoja de ruta, Ollanta saludó extendiendo la mano a cada uno de los participantes de la juramentación. Cada cual, a su turno le decía algunas palabras. Esperé al final, y justo antes de salir a escena lo miré fijamente a los ojos y con una mezcla de urgencia, petición y exigencia le dije lo que me ardía en el corazón: “No nos defraudes”. Debí haber reparado entonces en lo protocolar, distante y –ahora me parece– esquiva respuesta. Un lacónico no con los ojos escapándose. Apoyé al entonces izquierdista Humala por tres cosas: 1) Porque el fujimorismo no era (es, ni será jamás una opción para quien se toma en serio la democracia). 2) Porque por información privilegiada que me llegó sin que la buscara y de fuente directísima, pude tener la seguridad de que Humala no estaba ya con Chávez como en el 2006, y sus cercanías eran más bien con el Brasil. 3) Porque La Hoja de Ruta era un compromiso con los derechos y deberes fundamentales que garantizan una democracia plena, con libertades políticas, económicas y ciudadanas. Y porque si Vargas Llosa, después de conversar con el candidato, estaba persuadido de sus intenciones al punto de lanzarse a endosarlo, por extensión yo también elegía darle el beneficio de la duda.

 En el tiempo, los peruanos descubrimos cuán equivocados estuvimos: tanto la ultra derecha ultra capitalista que hizo campaña en contra de Humala (con los vergonzosos argumentos de que quitaría sus casas y hasta sus hijos a los ricos), y que para sus plácemes y conveniencia acabó esforzándose en ser uno de ellos. Como equivocados estuvimos, desde el centro y las izquierdas, al escoger poner nuestras esperanzas en él.

 Humala engañó a todos. Es probable que solo su esposa supiera entonces la ruta que pensaban tomar. Es más, hasta arriesgaría decir que no es poco improbable que ni siquiera Humala supiera que acabaría siendo el ventrílocuo presidencial del más abusivo empresariado nacional que de a pocos tomó posesión del cuerpo y mente de su consorte.

Por eso, este último discurso en el Congreso a mí no me ha sorprendido nada. Más allá de las cifras maquilladas –lo más probable que sin su conocimiento  o interés– lo que queda sellado en ese discurso es el Humala colonizado por la tecnocracia. Y no que la tecnocracia en sí sea un demérito, pero no solo de tecnocracia vive el pueblo. Porque así sí es deficiente y puede ser hasta perversa la tecnocracia, cuando se usa como el marketing, como la propaganda del neo liberalismo, ese modelo antisocial y antinación que solo persigue la consecución del lucro de unos pocos privilegiados por encima y en perjuicio del pueblo, el colectivo, la nación.

 Y eso terminó siendo Humala, el facilitador de esos intereses egoístas, capitulando su poder de cambiar la historia, de imponer el bien común. Y eso vimos en el Congreso este 28: Humala, el tecnócrata, en su último acto de mal circo político.

No me arrepiento de haber querido creer en algo mejor para el país. Ni de que haya salido Humala en vez de Keiko. Porque más allá de su mediocridad política, de su alienación económica, de su invisibilidad de ideas propias, su sometimiento al poder económico o su inexistente partido, lo cierto es que el fujimorismo hubiera sido igual de brutal en el salvajismo neoliberal pero con el añadido de su cinismo, uñas de lobo, prepotencia, arbitrariedades y transgresión a derechos humanos, políticos e individuales. Eso sí, quien debería vivir el resto de su vida avergonzado frente al espejo es el que ganó nuestros votos a punta de engaño y oportunidad. Tanto esmero puesto en ser una decepción. Devuélveme mi voto, Ollanta Humala.

A CONGA LE CONVIENE QUE SANTOS ESTÉ ENCARCELADO

Por: Francesca Emanuele.

En el Perú existe una clara estrategia de criminalización a la protesta social y una persecución activa a los pocos líderes que han encabezado las luchas populares. Quien no quiera verlo es que no tiene ojos.
La detención “preventiva” de 14 meses contra el actual presidente regional de Cajamarca es el más reciente de los ejemplos de que los poderes públicos tienen estrecha relación con los intereses de la Confiep y con las transnacionales afincadas en el país.
El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, dijo ayer en RPP (refiriéndose a Santos) que “es una pena porque no solamente ha delinquido, creo que tiene el delito moral de haber puesto a personas en extrema pobreza”.
Ambas afirmaciones son falsas. Primero, hasta la fecha no existen pruebas fehacientes de que Santos haya delinquido, por lo que su encarcelamiento es un verdadero abuso. Segundo, lo que las estadísticas y evidencias demuestran es que los responsables de la pobreza en una de las zonas más ricas en minerales auríferos del país son las empresas mineras y el poder estatal central que ha permitido las millonarias explotaciones sin que estos beneficios sean revertidos en la población cajamarquina que descansa en oro.
En los 20 años que la minera Yanacocha opera en Cajamarca, los índices de pobreza han rondado el 60%. Y no es verdad que la pobreza se haya incrementado con la presidencia regional de Santos desde 2011: ciñéndonos a las evidencias estadísticas, la pobreza empezó a reducirse levemente en los últimos 3 años, aunque siempre con cifras de alrededor del 50%.
Pero la persecución a Santos no ha sido la única en el marco del proyecto Conga y es por eso que la considero parte de una estrategia de criminalización a los opositores al proyecto. Recordemos cómo a lo largo de esta legislatura otros líderes anticonga fueron también encarcelados. Entre ellos tenemos al grupo de dirigentes cajamarquinos (incluido el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca) detenidos al salir de una reunión con la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso, y recluidos por más de 10 horas en la Dircote, como si su lucha fuera terrorista. Otro de los líderes apresados por protestar en 2012 contra el proyecto fue el líder del partido Tierra y Libertad, Marco Arana, quien además recibió una fuerte paliza.
Después de las incansables manifestaciones en contra de Conga, el Gobierno de Humala finalmente aceptó que las operaciones previstas por la minera eran inadmisibles en las condiciones previstas y es por esa razón que el proyecto quedó en suspenso. Sin embargo, el país entero sabe que el Gobierno tiene apalabrado que Conga vaya, y que Santos —teniendo el amplio apoyo para salir electo en los próximos comicios— constituiría la continuada piedra en el zapato que impide la ágil reanudación de Conga. Ante tal panorama, la conveniencia de un Santos encarcelado brilla con luces de neón.

Los 200

Por: Rocío Silva Santisteban

Me llamó la atención que la semana pasada Ricardo Vásquez Kunze, muy indignado en Canal 10 –RPP, cuestionara a la CONFIEP y a su representante Alfonso García Miró, por haber sostenido que el proceso de aprobación del Gabinete Jara en el congreso era “sólo un trámite”. Vásquez Kunze dijo que para tal caso debería gobernar directamente la CONFIEP en lugar de tener un congreso de representantes. Con las grandes diferencias que tengo con Vásquez Kunze, considero que su reclamo cuestiona la mirada reduccionista al tecnicismo que proponen los gremios empresariales de lo que debe de ser un gobierno. La representación política debe ser eso, política, y no técnica. Los liberales también lo saben.

Pero no he escuchado directamente ni a Vásquez Kunze ni a otros analistas políticos liberales cuestionar otra forma de mermar la gobernabilidad: lo que se ha denominado las “puertas giratorias” (revolving doors). Me refiero al mecanismo aparentemente “técnico” por el cual funcionarios de empresas y gremios pasan a ser funcionarios del Estado, benefician a sus empresas y gremios, y luego regresan a sus puestos privados. ¡Y en medio hacen y deshacen políticas públicas!

Esto sucede de manera permanente en el MINEM: 1) durante el gobierno de Alejandro Toledo, Hans Flury, asesor legal de Southern, fue ministro; 2) durante el gobierno de AGP, Pedro Sánchez, funcionario del Banco Mundial (con inversiones en varias empresas mineras), también fue ministro 3) Felipe Ramírez del Pino, ex gerente de relaciones comunitarias de Yanacocha, pasó a ser director de Asuntos Medioambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, encargado de aprobar la ampliación del EIA de Yanacocha; 4) Ramón Huapaya Raygada, ex gerente de relaciones exteriores de Yanacocha, pasó a ser secretario de la PCM durante el mandato de Cornejo. Son solo cuatro ejemplos concretos de que el mecanismo se ha echado a andar en nuestro país para beneficio de los “200”.

¿Quiénes son los 200? Me refiero a las 200 empresas que, al decir de Roxana Barrantes, directora del IEP, conforman la base dura del PIB del Perú. El crecimiento pues depende de un puñado y ahí, como ella también lo afirma, hay un juego político muy peligroso, “quienes financian la campaña y sostienen los programas sociales son los 200. Si quieres hacer un juego de toma y daca, no tienes que articular partidos…” ¿Esa será la explicación por la cual los partidos en estas elecciones (con grandes excepciones) son apenas garitas de resguardo de los intereses de sus caudillos?

Tenemos este menú: una institucionalidad débil, un gobierno cooptado por los intereses de los 200; funcionarios en puertas giratorias permanentes para beneficio económico de los 200; movimientos sociales con expectativas acumuladas y frustradas por las sucesivas “traiciones”; uso de la fuerza pública permitido al máximo sin topes racionales (Ley 30125, DLeg 1095); crisis del gabinete ante el Congreso, un listado de hojas de vida de candidatos que parecen prontuarios y una sensación de impotencia generalizada que se convierte en cinismo desde el electorado. Prepotencia, frustración, cinismo: parece el caldo de cultivo de la violencia. Ojalá que en medio del caos surja, más temprano que tarde, una fuerza política con líderes apoyados en una amplia legitimidad social, honestos, y que además sepan desafiar a los 200 y a sus representantes.

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Publicado en el diario La República, martes 26/08/2014