Obsecuencia parlamentaria convenida nos conduce al autoritarismo

Por:  César Gutiérrez Peña

Coincidencias empresariales y políticas fruto de la conveniencia nos están conduciendo inexorablemente a un Estado autoritario, legado que heredará el siguiente gobierno.

El origen de la necesidad de plantear soluciones estructurales está en el cúmulo de males con característica de endémicos que padecemos: retracción de inversiones, excesos por acción y omisión en temas medioambientales y tributarios, mediocridad e impunidad consentida en la gestión de los gobiernos del interior del país y pésimo manejo del sistema universitario, entre otros. A nombre de ello se establecen soluciones que agravarán los problemas, pero que son aplaudidos desde las galerías por una minoría obsecuente pero con presencia mediática para generar corriente de opinión.

No es discutible sino perogrullesco afirmar: que la disminución de inversión privada está en la falta de confianza que genera el “humalismo”, con un ministro de Economía que ha decidido comportarse más como un defensor de intereses particulares, que como un tecnócrata con visión de estadista; que las laxitudes medioambientales llevarán a más conflictos sociales; que las flexibilizaciones tributarias beneficiarán a grandes empresas; que la persecución judicial a los presidentes regionales y alcaldes, con decisiones sumarias que vulneran derechos se convertirá en una costumbre que mañana le puede tocar el turno de padecerlo a los apologistas de hoy y que la vulneración de la autonomía universitaria a cambio de un control desde el Ejecutivo, no mejorará la calidad educativa superior

La alianza entre el “humalismo” y el “toledismo” vota leyes irresponsablemente en el Congreso de la República, sin opción alguna para la oposición, que tendrá que luchar en la calle la ilegitimidad y en los tribunales la ilegalidad de las leyes aprobadas. El problema para los opositores está en que la calle  está vedada para ellos y es su responsabilidad, no hay adeptos, ni masa crítica para protestar. Así que lo que nos queda a los discrepantes es pronunciarnos mediáticamente y a los políticos de oficio, recurrir a tribunales para plantear más de una medida cautelar. No hay salida o callamos o actuamos, porque el Estado autoritario está siendo impuesto legislativamente.