miércoles, 27 de noviembre de 2019

Embargan cuentas de municipalidad de Cajamarca por irresponsabilidad de ex alcalde Marco La Torre

Marco La Torre, ex alcalde provincial de Cajamarca.


  • ·        Debido a incumplimiento de contrato, empresa enjuició a municipalidad la cual debe pagar más de 9 millones de soles.

A mediados de setiembre, la Contraloría General de la República publicó el Informe de Auditoría N° 013-2019-2-0368: “Concesión para la ejecución del proyecto estación turística de pasajeros de Cajamarca”, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
El objetivo de la auditoría fue determinar si el contrato celebrado entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la empresa Estación Turística de Pasajeros de Cajamarca S.A, durante la gestión del alcalde Marco La Torre Sánchez en el año 2010, se ajustó a la normatividad vigente y si su incumplimiento generó un proceso arbitral que concluyó en desmedro de la municipalidad.
Durante el gobierno de La Torre (2007-2010) se construyó el Complejo Qhapac Ñan, en el que funciona actualmente la Municipalidad de Cajamarca, además, se incluyó un polideportivo y un coliseo cuyo costo y construcción ha sido criticado hasta la actualidad. Asimismo, se contempló la construcción de un terminal terrestre que no fue ejecutado a pesar de que se firmó un contrato con la empresa Estación Turística de Pasajeros de Cajamarca S.A. Las razones para la no ejecución tuvieron que ver con que el lugar no reunía las condiciones necesarias para una obra de este tipo, razón por la cual, la empresa resolvió el contrato y decidió iniciar un proceso de arbitraje por incumplimiento, obviando el pedido de la municipalidad para que se busque otro terreno. El proceso legal concluyó, ordenando que se le pague a la empresa más de 8 millones de soles y la cobranza forzada. Según el citado informe, a la fecha se han efectuado embargos a las cuentas de la municipalidad por más de 750 mil soles y sumando los intereses, la deuda bordea los 9 millones de soles.
Sin embargo, se han identificado también a 10 funcionarios comprendidos en los hechos y las responsabilidades que tendrían. En este grupo resaltan el propio ex alcalde provincial, Marco La Torre, con una presunta responsabilidad penal de su parte y el ex gerente municipal en la gestión del ex alcalde Ramiro Bardales (2011-2014), e Iván Domínguez Peralta, con responsabilidad administrativa.


Corruptos gobiernan municipalidad de Sucre



Alcalde del distrito de Sucre, David Torres Abanto, es investigado por actos de corrupción cometidos cuando se desempeñaba como administrador de la Municipalidad Distrital de Utco.

El alcalde, David Torres Abanto, y el gerente municipal César Ludwing Sánchez Díaz de la Municipalidad Distrital de Sucre son investigados por actos de corrupción que cometieron, años atrás, en perjuicio del Estado.
Sus fechorías las realizaron en las municipalidades distritales de Utco y Sucre, ambas pertenecientes a la provincia de Celendín.
Los procesos han sido considerados “casos complejos” por lo que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, ha concedido Prórroga del Plazo de la Investigación Preparatoria el cual ya ha vencido.
DAVID TORRES ABANTO
Según el Expediente Nro. 00144-2018-0-0603-JR-PE-01, “Óscar Mercedes Campos Díaz, en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Utco, contrató directamente y sin mediar proceso de selección con la proveedora Digna Esperanza Cabanillas Rodrigo, en el año 2015, por 31 mil soles cuando conforme a la Ley de Contrataciones vigente D.L. 1017 y su Reglamento podía contratar directamente hasta el monto de 3 UITs que equivalían en dicha fecha a 11 mil 500 soles”.
Y “fraccionó los requerimientos para que sean solicitados de manera individual, favoreciendo con ello a la citada proveedora, la misma que tiene su negocio en la ciudad de Celendín”. Ello evidencia el afán que tuvo el ex alcalde de burlar la ley.
Posteriormente, en el año 2016, la municipalidad de Utco pagó a la proveedora Digna Esperanza Cabanillas Rodrigo la suma de 49 mil 105.40 soles, lo que superó largamente el monto tope de 8 IUTs que la entidad podía contratar directamente (S/. 31,600). Para ello también fraccionó los requerimientos con el fin de poder tramitar en forma individual en beneficio de la mencionada proveedora, marginando de esta manera a otros proveedores de la ciudad de Celendín que pudieron brindar los mismos servicios.
En ese entonces el actual alcalde de Sucre, David Torres Abanto, trabajaba como administrador de la Municipalidad Distrital de Utco por lo que se le imputa de haber favorecido en la contratación directa de bienes a la proveedora Digna Esperanza Cabanillas Rodrigo, por cuanto ésta ha señalado que él era quien hacía los requerimientos en forma directa.   
Además el acusado también se aprovechó del cargo para contratar como personal docente a Liseth Eloina Sánchez Martos, desde finales del 2015, con quien mantuvo una relación sentimental producto de la cual tuvieron una hija que nació en octubre del 2016, año en que la favorecida trabajó -durante los 12 meses- como docente de la I.E. de Secundaria César Vallejo del centro poblado El Limón.
Así informa la Corte Superior de Justicia de Cajamarca en la Resolución Nro 05 del 28 de noviembre del año 2018.
EL GERENTE
Por su parte el actual gerente de la municipalidad de Sucre también es investigado por el Poder Judicial (Expediente Nro. 00271-2017-0-0601-JR-PE-05) junto al ex alcalde de dicha comuna, Fernando Agapito Chávez Collantes,  y otros por el delito de Colusión Agravada y Peculado en agravio del Estado.
El caso se remonta a la gestión de la referida autoridad donde la comuna de Sucre realizó en forma irregular la obra denominada “Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable del Caserío La Victoria-San Isidro” mediante un convenio de transferencia financiera realizado el 20 de marzo del 2012 entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Sucre.
Como cofinanciamiento el Gobierno Regional de Cajamarca asignó la suma de 225 mil 300 soles y la Municipalidad Distrital de Sucre 19 mil 999.59. Luego mediante proceso de selección la municipalidad contrató a la empresa “Constructora & Servicios Generales Rumari SRL” por la suma de 230 mil 629.59 soles.
En el año 2014, a raíz de la resolución del referido convenio se conformó un comité con la finalidad de revisar el expediente técnico de la obra y se descubrió que las observaciones técnicas señaladas en el Acta de Reunión de Obra del 10 de enero del 2014 suscrita entre los representantes de ambas instituciones no habían sido levantadas. Y, lo más grave, se constató que la municipalidad había cancelado a la empresa ejecutora tres valorizaciones de obra por un total de 236 mil 856.61 soles, advirtiéndose que el total del monto transferido por el Gobierno Regional de Cajamarca se ejecutó en su totalidad en el pago de valorizaciones de obra, y la suma de 11 mil 526.62 soles corresponden a la municipalidad.
Además Fernando Agapito Chávez Collantes, como alcalde hizo la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por el monto de 23 mil 062.96 soles, sin que se aprobara la liquidación del contrato de obra, pese a que el ingeniero Segundo Abraham Valencia Ispilco, jefe del Área de Infraestructura y Maquinaria de la municipalidad le había informado de tales observaciones y de adulteraciones en el cuaderno de obra, entre otras irregularidades.
No obstante, de acuerdo a la valorización final, la municipalidad de Sucre canceló el 100% de las partidas programadas, pese a que según la constatación física existen partidas que han sido valorizadas sin haber sido ejecutadas, irregularidades también advertidas durante el Acta de Constatación Física y Financiera de Obra realizada el 03 de agosto del 2015 por funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca y por la propia municipalidad.
El acta señalada concluye que la municipalidad no cumplió con sus obligaciones y ni con el levantamiento de las observaciones.
Por todas esas irregularidades el Ministerio Público concluye que se evidencia el mal manejo y apropiación del presupuesto de la obra por parte de los imputados y que ha existido concertación para defraudar al Estado.
En esa acusación de defraudación al Estado, de manera concertada, se le considera como coludido al Comité de Recepción presidido por Limber Narro y que tuvo como miembros a César Ludwing Sánchez Díaz (actual gerente de la Municipalidad Distrital de Sucre) y Niño Aliaga Machuca quienes recibieron la obra como si estuviera en buen estado cuando debieron verificar el cumplimiento exacto de las especificaciones técnicas.
Así lo sostiene el informe de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, que ha concedido un plazo de investigación preparatoria por ser un caso complejo, el cual ha vencido el 30 de mayo del presente año.
EXIGEN JUSTICIA
Como podemos ver han transcurrido varios años de investigación y aún no hay sentencia contra los dos acusados, porque la justicia en nuestro país camina con cadenas en los pies. Por ello hay autoridades y funcionarios  que se aprovechan de sus cargos para beneficiarse personalmente o en favor de familiares y allegados.
En los procesos judiciales a los que nos referimos hay evidencias contundentes para que se aplique todo el peso de la ley a los denunciados.

Empero, el alcalde David Torres Abanto y su gerente César Ludwing Sánchez Díaz -investigados por corruptos en los mencionados procesos judiciales- están haciendo de las suyas en la Municipalidad Distrital de Sucre, al extremo que pagan con un mes de retraso a sus trabajadores con el cuento de que la gestión anterior del ex alcalde Wilson Aníbal Zavaleta Pérez dejó endeudado al municipio. Lo cierto es que el Estado les asigna un presupuesto (Foncomun), mensualmente, para que paguen sueldos y servicios ¿Por qué no lo hacen? Se debe investigar ¿Y la Contraloría?
Señores magistrados los pobladores de los distritos de Sucre y Utco claman justicia. Acuérdense estamos en el “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad".

  

Cementos Pacasmayo pretende engañar al pueblo de Tembladera



  • ·        Su relacionista comunitario, César Ruiz Cárdenas, aseguró que “sabe manejar al pueblo de Tembladera”, luego de negar apoyo para el reinicio de la obra de agua potable.

El 24 de octubre -mes de los milagros- Cementos Pacasmayo inauguró el pintado de la losa deportiva de Chinguión y la construcción de servicios higiénicos públicos en las inmediaciones de esa área deportiva, como parte de la programación de la festividad del Señor de los Milagros.
En esa inauguración el alcalde César Terán López, agradeció el apoyo de la citada empresa pero, a la vez, invocó a su representante César Ruiz Cárdenas allí presente  “unir esfuerzos para construir en ese lugar un coliseo cerrado en el cual se puedan hacer actividades deportivas, culturales y deportivas bajo un techo y en un ambiente adecuado que merecen los ciudadanos. Nuestro distrito necesita obras de envergadura que generen desarrollo económico y social”, dijo e invitó a la empresa privada trabajar coordinadamente con la comuna tembladerina por el bien de su distrito.  
Y el sábado 26 de octubre, en cumplimiento de la indicada programación, se realizó un baile social completamente gratis también con el apoyo de la referida empresa. El baile estuvo amenizado por la orquesta “Clinker Band” que tocó y cantó hasta altas horas de la madrugada. Cientos de ciudadanos bailaron y bebieron hasta el amanecer. Y durante toda la noche los animadores del zapateo alabaron,  hasta el aburrimiento, el “gran” apoyo que brindó Cementos Pacasmayo en la construcción de los baños públicos y el pago de la orquesta.
¡Por favor, no es para tanto! Hace años que Tembladera necesita un coliseo cerrado no solamente una losa deportiva que se la maquilla, cada año, para realizar actividades importantes del pueblo. Necesita también un gran hospital para atender las enfermedades cancerígenas y pulmonares que están afectando a los pobladores por la contaminación que produce Cementos Pacasmayo.
La juventud necesita un instituto tecnológico especializado en carreras técnicas relacionadas con la minería para que puedan trabajar en las minas de la región Cajamarca y del país -Cementos Pacasmayo así se limitaría de contratar a técnicos foráneos y daría prioridad a los lugareños. Los institutos tecnológicos de Tembladera carecen de laboratorios adecuados para mejorar la formación profesional de sus alumnos y obtener el licenciamiento, pero la empresa privada no les ayuda.
La mayoría de los pobladores del distrito de Yonán carecen de fuentes de trabajo y ni siquiera se elaboran proyectos productivos eficaces que generen empleo y aseguren mercado para la venta de productos en beneficio de la población.
Los agricultores necesitan la reparación de sus acequias y canales de regadío que durante muchos años han sido malogradas por los desastre naturales.
Tembladera está bebiendo agua contaminada por desidia e irresponsabilidad de autoridades municipales anteriores y por la falta de sensibilidad social de Cementos Pacasmayo que ha negado  el financiamiento del perfil técnico, instrumento que permitirá el reinicio de la obra de agua potable  y alcantarillado de esa localidad.
Con maquillajes al parque Pedro Lusich, mejoramiento de capillas en Yonán y  con ferias gastronómicas pretende engañar al pueblo la empresa Cementos Pacasmayo que viene explotando la piedra caliza del distrito de Yonán durante más de 60 años. Y sus operaciones extractivas causan contaminación ambiental y generan graves enfermedades, no lo decimos nosotros, lo dicen sendos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A víspera de las festividad del Señor de los Milagros, han escuchado decir a al  relacionista comunitario de la empresa cementera, César Ruiz Cárdenas, “que sabe manejar a este pueblo”, en respuesta a las duras críticas que el alcalde tembladerino hizo ante la negativa de Cementos Pacasmayo para el apoyo del peritaje técnico del agua potable.
Seguramente, César Ruiz, cree que nos engaña y maneja  dividiendo al pueblo y haciendo baños públicos o apoyando con el  pintado de centros recreativos y solventando ferias gastronómicas en las fiestas patronales de cada año, sin coordinar siquiera con el alcalde quien es el representante legal del pueblo.
Sin embargo no se da cuenta que está alimentando una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explosionar como esos calambucos que estremecen la tierra y llenan de polvo al aire, agua y a los pulmones de los pobladores.
Desde esta tribuna sugerimos a Cementos Pacasmayo que ordene a su relacionista comunitario coordine con la Municipalidad Distrital de Yonán a fin de cumplir eficientemente la responsabilidad social de su empresa. Es una obligación ineludible a cambio del enriquecimiento de los empresarios y la contaminación que dejan para miles de pobladores que son afectados por la explotación de la piedra caliza.
Don César Ruiz, no actúe como los congresistas que fueron defenestrados por corruptos e irresponsables. Trabaje con el alcalde y no trate de engañar al pueblo con estrategias pícaras y trasnochadas que generan pobreza, divisionismo y violencia ¡Usted no es dueño de Cementos Pacasmayo ni de la riqueza que se llevan diariamente de Tembladera ¡No vamos a permitir tanta soberbia y engaño!




La Nación no quiere políticos corruptos



Escribe: Luis Eloy Plasencia Torres.

La Nación no quiere políticos corruptos, por ello exigió al Presidente Martín Vizcarra echarlos del Congreso. Sin embargo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó  que los congresistas que fueron disueltos sí podrán postular en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero de 2020.
Por eso varios congresistas vendepatria, corruptos, apañadores de la corrupción y servidores de los poderosos se aprestan a regresar al Congreso, pese a que el pueblo en multitudinarias marchas los ha echado del hemiciclo para que no vuelvan más.
El caso más escandaloso de corrupción, en el que están involucrados los líderes de los partidos políticos más importantes del país, lo representa  Odebrecht, empresa brasilera mafiosa que pagó millonarios sobornos a cambio de obtener grandes contratos en obras públicas, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los candidatos "ganadores"  a la Presidencia de la República.
Por ello están imputados los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de prisión; y Pedro Pablo Kuczynski  (2016-2018), en arresto domiciliario. También estaba investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011) hasta que el año pasado se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando la Policía había llegado a su casa para detenerlo.
Por el mismo caso también están en prisión preventiva la líder opositora Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.
La Contraloría General de la República informó que los contratos suscritos con la empresa brasilera Odebrecht, entre 1988 y 2015, causaron al Perú un perjuicio económico de 283 millones de dólares. Y el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló, recientemente, que la corrupción generada por Odebrecht, le cuesta al país 12 mil millones de soles cada año.
En esta vorágine de corruptela -en la que autoridades se coluden con empresarios y narcotraficantes para enriquecerse a costa de plata del Estado-  estarían involucrados magistrados de primer nivel como el ex juez supremo César Hinostroza, y el ex Fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry quienes son  investigados por supuestos vínculos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos” y porque habrían pretendido archivar el caso de lavado de activos de Keiko Fujimori.
Así carentes de civismo y valores cristianos nuestras autoridades principales conducen el gobierno, promulgan y defienden leyes, y administran justicia. Y, pese a que hay uno que otro juez o fiscal probos y uno que otro congresista honesto, la situación política, social y económica del país se ha deteriorado.
En lo que se refiere al aspecto económico y social, el país va cuesta abajo. El gasto del gobierno del Presidente Vizcarra en los proyectos de sus 18 ministerios solo alcanzó el 43,36% en promedio, de un total de presupuesto para el Ejecutivo que asciende a los 16 mil 229 millones 878 mil 532 soles.
Es inadmisible que el Estado guarde tanto dinero cuando a los hospitales les falta camas y medicinas para atender a los enfermos, cuando hay niños que no pueden estudiar por la falta de escuelas y cuando es necesario construir obras públicas que generen trabajo e impulsen desarrollo en todas las regiones del país.
Por todo ello, es obvio que no habrá cambios importantes para el Perú con las próximas elecciones congresales, más aún cuando el tiempo que legislarán los nuevos congresistas será muy corto.
Empero nos alegra que dichas elecciones sean consecuencia de la protesta popular y felicitamos al Pueblo Peruano por haber obligado al Presidente a cerrar el Congreso. Además abrigamos la esperanza de que, en la contienda electoral próxima, los ciudadanos pensemos bien antes de votar para cerrarles el paso a los Mulder, a las Marthas Chávez y a tantos sinvergüenzas que se han aburguesado con la plata del pueblo y no deben volver jamás a contaminar el Congreso.
Necesitamos congresistas amantes de nuestra Patria, que legislen para lucha frontalmente contra la corrupción y la pobreza, que elaboren las bases legales de un país democrático, industrializado y próspero. Los nuevos congresistas sí pueden iniciar esta tarea histórica.
Compatriotas, el 26 de enero del 2020, antes de sufragar pensemos en la dignidad de nuestra Nación. Rechacemos con nuestro voto a los políticos corruptos porque  son destructores de la democracia y obnubilan el futuro del país. Votemos por gente honesta y patriota que son la esperanza de un Perú libre, justo y soberano.



 
 

Los efectos y lecciones del caso Odebrecht en el Perú



Mientras las revelaciones sobre el caso Odebrecht en el Perú siguen sucediéndose, particularmente tras la declaración de Jorge Barata a los fiscales, el Perú ya puede ir sacando lecciones y afrontar sus consecuencias en la política, la sociedad y la economía local. La Nación puede reforzar sus mecanismos de lucha contra la corrupción, tanto con prevención como con castigos ejemplares, y comenzar a educarse para que un caso similar no vuelva a ocurrir.
“UN SISTEMA DONDE GANE EL HONESTO”
Para señalar una posible consecuencia inmediata, el gerente general del Instituto Nacional de Economía, Diego Macera, indicó que, ante el parón en el crecimiento económico del Perú en los últimos años, la aprobación de la ley que reemplaza el decreto de urgencia 003 -el cual busca que las empresas investigadas como parte del caso Odebrecht puedan seguir operando y asegurar que le paguen una reparación al Estado- es clave. “Nos estamos jugando muchísimo, quizás no solo las expectativas de este año, sino de los siguientes”. La meta hacia el 2021, explicó, es crecer al 4% o 4.5%, lo que “depende de empezar a hacer las cosas bien hoy”.
Más allá de lo inmediato, Macera advirtió sobre los efectos que tiene para la ciudadanía ver a sus líderes políticos y/o empresariales, sus modelos de éxito, involucrados en caso de corrupción. “Si vemos que es alguien que nos decepciona, que no cumplió con nuestras expectativas, luego uno mismo se cuestiona para qué está siendo virtuoso, por qué no le estoy dando coima al policía. “Debemos de tratar de tener un sistema que permita que el honesto, el transparente sea el que gane”.
El economista lamentó que tengamos “un sistema [político] en el que la percepción es que solo triunfas si aceptas plata por aquí, si escondes la cuenta por allá”. “¿Qué estamos haciendo para fortalecer las elecciones internas de los partidos, para transparentar? No se trata de decir que nadie dé plata, porque entonces toda la plata que se quiera recaudar será negra”. También advirtió que si desde el Congreso no se empieza a tratar este problema “vamos a llegar a las elecciones del 2021 con exactamente el mismo problema y posiblemente las mismas consecuencias que vivimos hoy en el 2022 y 2023”.
En el Perú, el caso Odebrecht estalló con la revelación de una confesión de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa, según la cual sobornaron a funcionarios peruanos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. A esto se sumarían los aportes a campañas.
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
El exprocurador Antonio Maldonado señaló que la corrupción en el Perú es un problema antiguo, bastante difundido en el país, que está en la política y las empresas, y que “ataca el concepto mismo de desarrollo de país”. “No basta el crecimiento económico, hay que acompañarlo con una construcción institucional que permita prevenir, investigar y sancionar rigurosamente todos los actos de corrupción, aseguró. Por esto, el caso Odebrecht es una oportunidad para “cerrar esta cuenta de la República con el tema de la corrupción como corresponde: con investigaciones rigurosas en estricto respeto al debido proceso y con sanciones ejemplares. Esto nos puede poner en la órbita de los estados modernos”.
Para Maldonado, hay tareas de corto, mediano y largo plazo en esta lucha. En el primer grupo están las sanciones ejemplares, que los protagonistas de los casos, respetando el debido proceso, vayan presos. “Son medidas de prevención general y especial en el ámbito penal, de renacimiento moral y de esperanza. Si esto no es así, va a seguir la antigua frase de ‘para mis enemigos la ley, para mis amigos todo’. También señaló la necesidad de reformas institucionales, no solo electorales, con un enfoque mucho más amplio y diverso”, así como “trabajos de largo plazo que van durar más allá de nuestra existencia: temas de educación y salud”.
El abogado, que como funcionario anticorrupción del Estado abordó el caso del gobierno de Fujimori, también señaló que luego de la caída de este régimen el Perú esperaba “un liderazgo comprometido con el Estado de derecho y la democracia”. Sin embargo, ocurrió lo contrario, ya que los próximos mandatarios “han traicionado” ambos principios. “Es difícil poder pedirle al ciudadano de a pie, al gobernador regional y local, al alcalde, una conducta distinta si el propio presidente no lo demuestra con su ejemplo”.
 REFORMA ELECTORAL INMEDIATA
Francisco Tudela, excanciller (1995-97) y vicepresidente (2000-01), señaló que a la luz de las declaraciones de Jorge Barata sobre aportes de Odebrecht a campañas electorales en el Perú, “el problema central acá es el sistema electoral”. “Distintos grupos compiten por el poder y esa competencia es muy cara. El Perú exige, por ejemplo, una valla para inscribir un partido de cientos de miles de firmas. Entiendo que reunirlas cuesta alrededor de un millón de dólares, sino dos. Eso es monstruoso: el que quiere entrar en política necesita ‘mecenas’, empresas que le paguen esa plata y que lo endosen, o gente de mucho dinero”.
Según el exministro, el problema parte de esos aportes a candidatos, quienes “se sienten moralmente endeudados con las personas que los han financiado". “Fijémonos que todos nuestros casos, tanto el de los ‘vladivideos’ como este: giran alrededor del tema de las campañas y se producen cuando vienen las campañas electorales. El corazón del problema está ahí, está identificado, ese es el campo en el que tenemos que actuar. Tenemos que ver qué hacemos con las firmas, con los costos de las campañas”.
Tudela señaló que los ‘vladivideos’ mostraron “un modus operandi que por desgracia y gran tristeza para el país sigue siendo el mismo”, con la diferencia de que “hoy no tenemos videos como entonces, todavía, y no podemos probar nada”. “No sabemos si hay registros de estos pagos y esto está por verse (…) En el caso Odebrecht y todo lo que ha señalado Barata, que no me atrevería a decir que es falso, el dinero lo traen los ‘doleiros’, los contrabandistas que se pegaban el dinero al cuerpo, que luego se coloca en maletines y se hacían las contribuciones en billetes a siete partidos, según Barata. Si Montesinos no se hubiese autofilmado cometiendo sobornos con empresarios, políticos, congresistas, todos hubieran podido negar haber recibido el dinero”.
El exministro agregó que el problema también está en cómo se dan las concesiones de obras públicas. “El sistema de concesiones ha estado atado al poder de dar leyes o decretos para regular esas mismas concesiones según convenga. Eso abre la puerta a la corrupción. Barata ha revelado corrupción electoral, pero también hay corrupción corporativa, judicial (…) Un sistema electoral que pone vallas imposibles y que es enormemente oneroso, genera necesariamente corrupción, es casi automático”. Acerca de cómo de resolver el problema con educación, señaló que lo básico es “identificar qué valores debemos enseñar” a los alumnos desde el Estado. (Fuente: RPP Noticias).

Corrupción y disolución del Congreso del Perú



Escribe: fraín Gonzales de Olarte

El 30 de setiembre será recordado como el día en que el presidente del Perú Martín Vizcarra, interpretando la Constitución aprobada por el gobierno de facto de Alberto Fujimori en 1993, disolvió el Congreso de la República -dominado por una mayoría fujimorista-aprista-  ante la negativa de una cuestión de confianza que había presentado. Un acto tan audaz como controvertido. La decisión ha sido apoyada por más del 80% de la población y la popularidad del presidente llegó a 79%. Sin embargo, los ex congresistas presumen desconocer dicha medida, aduciendo que fue inconstitucional y que fue un golpe de Estado.
Lo cierto es que los constitucionalistas peruanos y las opiniones en general están divididos unos -la mayoría- sostienen que fue constitucional la disolución y otros que no. En consecuencia, quien podría dirimir esta controversia interpretativa es el Tribunal Constitucional (TC), encargado de velar la constitucionalidad de todos los actos públicos y privados. El problema es que el TC está compuesto por algunos de los jueces que abiertamente apoyan al fujimorismo en consecuencia no tendría la imparcialidad que se requiere en este caso.
Sin embargo, el tema de fondo, tras de todo este zafarrancho político, es que el presidente Vizcarra está empeñado en la lucha contra la corrupción, que en el Perú tiene nombre propio: Oderbrecht, la compañía brasileña constructora que desde inicios de este siglo operó en el Perú y en otros países en base a un sistemático sistema de corrupción de políticos y altos funcionarios, para obtener las licitaciones de una gran cantidad de obras de infraestructura. Sin embargo, la oposición al gobierno de Vizcarra, encabezada por el fujiaprismo, trata de apañar a sus dirigentes y eludir la justicia, para lo cual el mejor camino era vacar al presidente. Hay que tomar en cuenta que los cuatro últimos presidentes están siendo investigados, procesados o fugados, además de varios ex autoridades y altos ex -funcionarios también están en investigación por la fiscalía. Ante tales amenazas, el fujiaprismo optó por impedir que el Poder Judicial sea imparcial cooptando a varios jueces y vocales, blindó al Ex Fiscal de la Nación Pedro Chavarry para que influya en las investigaciones a los acusados de corrupción amigos suyo y, como última medida, trataron de elegir nuevos miembros del TC para obtener fallos favorables a los investigados por corrupción.
El meollo de la disolución del Congreso es, pues, un asunto ético y moral, que ha dividido al Perú en dos partes: De un lado, aquellos que de una u otra manera están involucrados en la corrupción, que incluye a empresarios peruanos y no sólo a políticos, que están tratando de huir de la justicia y aquellos, como el presidente Vizcarra y una gran parte de la ciudadanía, la intelectualidad, varios medios de comunicación, que quisieran que los corruptos sean juzgados y sentenciados y que el Perú recupere la ética y la moral y destierre la corrupción que está desintegrando la sociedad peruana. Es importante tener en cuenta que el proceso de lucha contra la corrupción está siendo llevada por una “fiscalía especial” que ha demostrado no sólo entereza moral, apego al derecho, voluntad de llegar a los culpables, pero también una valentía digna de apoyo, que genera una esperanza fundada de lucha contra la corrupción.
Lamentablemente, el Perú ha sido incluido entre los 50 países más corruptos del mundo, lo que nos está convirtiendo en una “republiqueta bananera”, en un país sin futuro civilizado y atrasando las posibilidades de un desarrollo. De ahí la importancia de la disolución del Congreso, pues equivale a disolver una forma de hacer política para favorecer intereses particulares manchados por la corrupción.
La disolución del congreso esperamos que sea el inicio de una nueva etapa en un país cuya estabilidad económica no se condice con su crisis política y moral. Es necesario moralizar la política y el Estado.