En el Perú existe una clara estrategia de criminalización a la protesta
social y una persecución activa a los pocos líderes que han encabezado
las luchas populares. Quien no quiera verlo es que no tiene ojos.
La detención “preventiva” de 14 meses contra el actual presidente regional de Cajamarca es el más reciente de los ejemplos de que los poderes públicos tienen estrecha relación con los intereses de la Confiep y con las transnacionales afincadas en el país.
El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, dijo ayer en RPP (refiriéndose a Santos) que “es una pena porque no solamente ha delinquido, creo que tiene el delito moral de haber puesto a personas en extrema pobreza”.
Ambas afirmaciones son falsas. Primero, hasta la fecha no existen pruebas fehacientes de que Santos haya delinquido, por lo que su encarcelamiento es un verdadero abuso. Segundo, lo que las estadísticas y evidencias demuestran es que los responsables de la pobreza en una de las zonas más ricas en minerales auríferos del país son las empresas mineras y el poder estatal central que ha permitido las millonarias explotaciones sin que estos beneficios sean revertidos en la población cajamarquina que descansa en oro.
En los 20 años que la minera Yanacocha opera en Cajamarca, los índices de pobreza han rondado el 60%. Y no es verdad que la pobreza se haya incrementado con la presidencia regional de Santos desde 2011: ciñéndonos a las evidencias estadísticas, la pobreza empezó a reducirse levemente en los últimos 3 años, aunque siempre con cifras de alrededor del 50%.
Pero la persecución a Santos no ha sido la única en el marco del proyecto Conga y es por eso que la considero parte de una estrategia de criminalización a los opositores al proyecto. Recordemos cómo a lo largo de esta legislatura otros líderes anticonga fueron también encarcelados. Entre ellos tenemos al grupo de dirigentes cajamarquinos (incluido el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca) detenidos al salir de una reunión con la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso, y recluidos por más de 10 horas en la Dircote, como si su lucha fuera terrorista. Otro de los líderes apresados por protestar en 2012 contra el proyecto fue el líder del partido Tierra y Libertad, Marco Arana, quien además recibió una fuerte paliza.
Después de las incansables manifestaciones en contra de Conga, el Gobierno de Humala finalmente aceptó que las operaciones previstas por la minera eran inadmisibles en las condiciones previstas y es por esa razón que el proyecto quedó en suspenso. Sin embargo, el país entero sabe que el Gobierno tiene apalabrado que Conga vaya, y que Santos —teniendo el amplio apoyo para salir electo en los próximos comicios— constituiría la continuada piedra en el zapato que impide la ágil reanudación de Conga. Ante tal panorama, la conveniencia de un Santos encarcelado brilla con luces de neón.
La detención “preventiva” de 14 meses contra el actual presidente regional de Cajamarca es el más reciente de los ejemplos de que los poderes públicos tienen estrecha relación con los intereses de la Confiep y con las transnacionales afincadas en el país.
El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, dijo ayer en RPP (refiriéndose a Santos) que “es una pena porque no solamente ha delinquido, creo que tiene el delito moral de haber puesto a personas en extrema pobreza”.
Ambas afirmaciones son falsas. Primero, hasta la fecha no existen pruebas fehacientes de que Santos haya delinquido, por lo que su encarcelamiento es un verdadero abuso. Segundo, lo que las estadísticas y evidencias demuestran es que los responsables de la pobreza en una de las zonas más ricas en minerales auríferos del país son las empresas mineras y el poder estatal central que ha permitido las millonarias explotaciones sin que estos beneficios sean revertidos en la población cajamarquina que descansa en oro.
En los 20 años que la minera Yanacocha opera en Cajamarca, los índices de pobreza han rondado el 60%. Y no es verdad que la pobreza se haya incrementado con la presidencia regional de Santos desde 2011: ciñéndonos a las evidencias estadísticas, la pobreza empezó a reducirse levemente en los últimos 3 años, aunque siempre con cifras de alrededor del 50%.
Pero la persecución a Santos no ha sido la única en el marco del proyecto Conga y es por eso que la considero parte de una estrategia de criminalización a los opositores al proyecto. Recordemos cómo a lo largo de esta legislatura otros líderes anticonga fueron también encarcelados. Entre ellos tenemos al grupo de dirigentes cajamarquinos (incluido el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca) detenidos al salir de una reunión con la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso, y recluidos por más de 10 horas en la Dircote, como si su lucha fuera terrorista. Otro de los líderes apresados por protestar en 2012 contra el proyecto fue el líder del partido Tierra y Libertad, Marco Arana, quien además recibió una fuerte paliza.
Después de las incansables manifestaciones en contra de Conga, el Gobierno de Humala finalmente aceptó que las operaciones previstas por la minera eran inadmisibles en las condiciones previstas y es por esa razón que el proyecto quedó en suspenso. Sin embargo, el país entero sabe que el Gobierno tiene apalabrado que Conga vaya, y que Santos —teniendo el amplio apoyo para salir electo en los próximos comicios— constituiría la continuada piedra en el zapato que impide la ágil reanudación de Conga. Ante tal panorama, la conveniencia de un Santos encarcelado brilla con luces de neón.
