Por: Fernando
Rospigliosi
La última encuesta de Ipsos publicada en El Comercio revela que el 79% de
la población desaprueba la gestión del Poder Judicial. El más reciente sondeo
del Barómetro de las Américas, que se efectúa cada dos años en todo el
continente, muestra que en el Perú el 70% no confía en que el Poder Judicial
castigue a los culpables. Los últimos acontecimientos indican que, en este
caso, la mayoría tiene toda la razón.
Hace pocos días, un tribunal presidido por el juez Ricardo Brousset
determinó que los ‘petroaudios’ son una prueba ilícita y que, por tanto, deben
excluirse en el proceso que se sigue a Rómulo León y otros por tráfico de
influencias, patrocinio ilegal y cohecho.
Poco después, el mismo tribunal determinó que ninguno de los correos
electrónicos encontrados en la computadora de Rómulo León sirve como prueba, a
pesar de que fueron incautados de manera impecablemente legal por la policía y
la fiscalía. Los jueces arguyen que, como el origen de la investigación son los
‘petroaudios’, ahora declarados ilegales, todas las evidencias encontradas
luego, aunque hayan sido obtenidas legalmente, tampoco pueden ser utilizadas.
No se necesita ser abogado o experto en derecho para percibir el fuerte
hedor de resoluciones como estas, que sientan un nefasto precedente para
cualquier investigación, en particular en la que todos están pensando ahora.
Hace casi siete años, el domingo 5 de octubre del 2008, denuncié los
primeros ‘petroaudios’ en “Cuarto poder”, en los que Alberto Quimper, ‘Don
Bieto’, se jactaba del faenón. Al día siguiente, con el abogado José Ugaz
presentamos la denuncia en la fiscalía, que actuó con presteza decomisando la
computadora de León.
Hoy día, después de estas resoluciones judiciales, el proceso “agoniza”,
como ha señalado el procurador. No hay un solo detenido y es casi seguro que no
habrá ningún sentenciado. Nuevamente el triunfo de la impunidad,
descaradamente, a vista y paciencia de todo el mundo.
El ex fiscal Avelino Guillén ha anotado, con razón, que “las decisiones
de la sala del Caso ‘Petroaudios’ y las otras son un grave error y acentúan el
divorcio que existe entre el sistema judicial y la población, acrecientan la
gran desconfianza de la población”. (“La República”, 17/9/15).
Como es obvio, la exclusión de los ‘petroaudios’ y todas las pruebas que
se obtuvieron en las investigaciones es un precedente nefasto para la más
importante indagación sobre corrupción en curso en este momento, la que
involucra a Nadine Heredia.
La gobernante de facto ha logrado que el Poder Judicial emita varias
resoluciones impidiendo a la fiscalía investigarla y luego que amplíe esa
prohibición a sus parientes y allegados. Y está tratando de que las agendas
sean excluidas de cualquier proceso por ser, supuestamente, pruebas ilícitas.
Todos los juristas serios del país han rechazado esas decisiones
judiciales como una aberración. José Ugaz dice que no le cabe duda de que el
Tribunal Constitucional va a corregir el entuerto “porque ha sido tan grosera
la forma como se ha resuelto que no admite otra posibilidad”. (“Gestión”,
17/9/15).
El mismo Ugaz ha recordado en estas páginas cómo Vladimiro Montesinos
intentó la misma estratagema legal para tratar de invalidar los ‘vladivideos’,
maniobra que fue derrotada en su momento (11/9/15).
El punto es ¿por qué hace 15 años se pudo desbaratar la artimaña de
Montesinos y hoy día triunfan las maquinaciones de sus discípulos y sucesores?
Mi opinión: porque hace 15 años hubo un gobierno honesto –el de Valentín
Paniagua– que decidió enfrentar la corrupción y usó un instrumento poderoso, la
procuraduría precisamente dirigida por Ugaz. La situación del Poder Judicial y
el Ministerio Público, luego de una década de sumisión, control y corrupción,
era desastrosa, peor que la de ahora, si cabe. Pero había jueces y fiscales
honestos y capaces que integraron el sistema anticorrupción y, por primera –y
última– vez, se hizo justicia procesando y sentenciando a corruptos y
criminales de alto vuelo.
Hoy día, las cosas se han revertido completamente y están en el gobierno
precisamente los discípulos de Montesinos, que usan ese poder para influir
negativamente en el sistema judicial.
La conclusión: si queremos combatir realmente la corrupción, tenemos que
elegir un gobierno dispuesto a hacerlo, que, aliado con jueces y fiscales
honestos, pueda “evitar situaciones absurdas de impunidad” como las que se
están produciendo ahora, según anota Ugaz.
