Una movida audaz pero costosa

En una propuesta que sorprendió a propios y extraños, el presidente Martín Vizcarra incluyó en su discurso por Fiestas Patrias un pedido de reforma constitucional mediante referéndum para el adelanto de las elecciones generales. De prosperar la iniciativa, tanto el mandato presidencial como el de los congresistas terminarían el próximo año en vez del 2021.

Lo que habría motivado la apuesta del mandatario es una lectura del entrampamiento político que se vive hoy, en la que la gobernabilidad y el ejercicio regular del poder público se hacen inviables. Manteniéndose dentro de los mecanismos constitucionales, el presidente Vizcarra ha retomado la iniciativa política aprovechando, como se está haciendo usual, el desprestigio del Congreso ante la ciudadanía.

La propuesta es, cuanto menos, audaz. Las causales constitucionales para forzar el cierre del Congreso basado en un supuesto rechazo de la segunda cuestión de confianza planteada a raíz de la reforma política, como pedían ciertos sectores, eran endebles. Por otro lado, la negativa del Legislativo a adoptar los principios de reforma de la inmunidad parlamentaria que había solicitado la administración Vizcarra ponía al presidente en una posición política incómoda. En ese escenario, el pedido de adelanto de elecciones logra descolocar a la oposición, centrar al debate en los términos que el presidente ha decidido, legitimar su pedido ante la ciudadanía a través del referéndum que forma parte de la modificación constitucional y, de paso, ganarle algo de oxígeno político al Ejecutivo.

La iniciativa, sin embargo, viene con costos. Los siguientes meses verán una intensificación de la turbulencia política que ha padecido el país desde las elecciones del 2016. Es difícil pensar, de hecho, que buena parte de los anuncios y propuestas que expuso el presidente durante la primera hora y media de su discurso tendrán un espacio político suficiente en esta coyuntura. Aquellas disposiciones que requieran consensos, sobre todo, se verán necesariamente postergadas.

Segundo, la convocatoria a nuevas elecciones tiene también que superar un obstáculo práctico: aún si el Legislativo aprobara el proyecto de ley con celeridad en la próxima legislatura, los plazos que dispone la Ley Orgánica de Elecciones para convocar a referéndum (una anticipación no menor a 60 días) y luego a elecciones (no menor a 270 días) hoy son imposibles de cumplir si se quiere tener los comicios en abril. Ello significa que el Gobierno tendrá que incluir un cronograma ad hoc en la disposición transitoria que propone incorporar en la Constitución para adelantar comicios, o que el Congreso lo apruebe elaborando una norma separada.

No obstante, la respuesta inmediata desde el Congreso a la solicitud de reforma constitucional sigue siendo desconocida (aunque varios parlamentarios ya han hecho notar su rechazo). Solo se ha limitado a decir que emitirá opinión sobre la misma una vez que el presidente presente el proyecto de ley pertinente, lo que agrega una dimensión de incertidumbre adicional. A ello se suma la posibilidad de una eventual renuncia del presidente Vizcarra y de la vicepresidenta Mercedes Araoz en caso los parlamentarios rechacen el acortamiento del plazo de sus funciones: ello forzaría al nuevo presidente del Congreso, Pedro Olaechea, a asumir la Presidencia de la República y a convocar nuevas elecciones, pero no existe un consenso entre los expertos sobre si dichas elecciones serían tanto presidenciales como congresales o solo para elegir un nuevo jefe del Estado. Está el hecho, además, de que los términos en los que el mandatario ha planteado su solicitud de adelanto de comicios están aún poco claros, pues no han sido expuestos formalmente en ningún documento. Toda esta inestabilidad tendrá, muy posiblemente, un correlato marcado en indicadores como la confianza empresarial y la inversión privada.

De todo esto se entiende que, a ojos del presidente, la crisis política y la relación tóxica entre el Gobierno y Legislativo superaron ya el punto de no retorno, y en honor a la verdad, la agenda política de los últimos tres años ha girado en gran medida en torno a su confrontación. Ante ello, el efecto del anuncio presidencial se irá esclareciendo a lo largo de los próximos días, no solo tras concretarse la medida en un proyecto de ley, sino también al definir el Congreso la manera en que responderá ante este pedido. Mientras tanto, sin embargo, el país asume desde ya el costo de esta nueva, y quizás última, pugna entre ambos poderes.

(Editorial del diario El Comercio 29 de julio 2019)