Juez protege a mineros ilegales en Contumazá

Dr. Homero Abel Cabanillas Díaz, fiscal de la provincia de Contumazá.

Lo de nunca acabar: Autoridades que luchan contra el delito y jueces que defienden a delincuentes. Esta figura que agrava la vorágine de corrupción que sacude el país y pone en riesgo nuestro sistema democrático, también se repite en Contumazá capital de la provincia que lleva el mismo nombre.

Allí, el 20 de diciembre del año pasado, la Fiscalía Penal Provincial de Contumazá, en coordinación con la Policía, detuvo a tres camiones cargados de minerales -entre ellos oro y plata-, los condujo a la comisaría del lugar y luego levantó las actas de decomiso del referido material, sin embargo el Poder Judicial ordenó la devolución del material incautado a los mineros denunciados.

“Por informaciones de la Policía de la comisaría de esta ciudad, tuvimos conocimiento de que por las alturas de Cascabamba estaban bajando tres camiones repletos de minerales. Inmediatamente nos constituimos en el lugar de los hechos y detuvimos a los vehículos luego los condujimos a la comisaría. Allí procedimos a levantar las actas de la incautación, luego el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la confirmatoria de estas actas, sin embargo éste (el Poder Judicial) emitió una resolución que ordena la entrega del mineral a la parte denunciada, sin restricción alguna”, informó el fiscal Homero Abel Cabanillas Díaz en entrevista con Perú Siglo XXI.

En consecuencia -agregó el fiscal entrevistado- la Fiscalía Penal Provincial de Contumazá ha realizado la apelación correspondiente a efectos de que la Sala Penal de Cajamarca revoque la indicada resolución emitida por el Poder Judicial.

Al preguntarle al fiscal Homero Abel Cabanillas sobre las razones esgrimidas por el Poder Judicial para emitir la resolución cuestionada, manifestó que “en un extremo de dicha resolución el juez hace ver que no se había identificado a los denunciados y, además, que el hecho en investigación no constituía delito de hurto de mineral como lo denuncia la fiscalía”.

¿Cómo ha reaccionado la fiscalía que usted representa ante esa resolución del Poder Judicial que protege a los mineros ilegales quienes contaminan el agua y el medio ambiente de Contumazá?

Bueno en principio, el mineral incautado aún no ha sido entregado porque el Ministerio Público ha interpuesto un Recurso de Apelación contra la resolución judicial que dispone la entrega del material incautado. Fundamentamos nuestra apelación en que las personas denunciadas no han acreditado ser propietarias del mineral que sacan de Cascabamba, tampoco poseen documentos de posesión ni de concesión minera que les otorgue el derecho de explotar el yacimiento minero denominado los Pozos Ricos de Contumazá.

¿Tiene algo más que decir sobre este caso que ha calentado el ánimo de la población contumacina?

El Ministerio Público está actuando de acuerdo a ley. Nuestra función es perseguir, investigar y luchar contra todo ilícito que se presente dentro de nuestra jurisdicción.