miércoles, 25 de mayo de 2016

Capacitan a agentes de salud de Centros de Promoción y Vigilancia Comunal de San Miguel

La charla estuvo a cargo del subgerente de Desarrollo Social Dr. Carlos Uceda y la Lic. María Romero Sánchez.


El alcalde, Julio Aníbal Vargas Gavidia, está comprometido con la salud de los pobladores de la provincia de San Miguel.
El alcalde de la Municipalidad Provincial de San Miguel, Dr. Julio Aníbal Vargas Gavidia,  comprometido con la salud de los pobladores y en cumplimiento del Plan de Incentivos Municipales (PI) 2016, organizó el primer taller de capacitación dirigida a los agentes de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC) en coordinación con el Centro de Salud de la ciudad.
La charla estuvo a cargo del subgerente de Desarrollo Social Dr. Carlos Uceda y la Lic. María Romero Sánchez, quienes desarrollaron temas sobre reducción de la desnutrición crónica y anemia infantil con el fin de fortalecer las competencias de los agentes de salud de los CPVC ubicados en Lladén Alto y Sunuden.
Otra finalidad fue promover prácticas saludables en la familia y en el pueblo sobre la base del autocuidado de la salud, para lograr el adecuado crecimiento y óptimo desarrollo del niño desde la gestación, generando espacios de articulación local entre todos los actores involucrados.
Estos establecimientos son implementados por la Municipalidad Provincial, con kits para sesiones demostrativas sobre: lavado de manos, adecuada preparación de alimentos, estimulación temprana para promover el desarrollo infantil, acciones de vigilancia, higiene y limpieza para prevenir enfermedades.
La jefa del Centro de Estimulación Temprana del municipio sanmiguelino, Jessica García Baez, acotó que diversas instituciones se han comprometido a trabajar con los CPVC sobre el cuidado integral de la madre y del niño.
Se debe señalar que la implementación de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC) es una intervención clave frente a la desnutrición crónica infantil que afecta a un gran parte de madres y a la población menor de 3 años en el Perú.



UGEL de Contumazá paga deuda social a profesores

 El Mg. Enrico Edin Cedrón León, viene realizando una gestión eficiente como Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Contumazá.

•         Monto total de la deuda asciende a 1 millón 169 mil 663.74 nuevos soles. 

Con el fin de conocer los avances y las dificultades por las que atraviesa la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Contumazá, hemos entrevistado a su director, el Mg. Enrico Edin Cedrón León quien  haciendo un alto en sus labores ejecutivas nos atendió gentilmente en su oficina.

Señor director, ¿cómo encontró la administración de la UGEL al asumir la dirección de dicha institución?
Uno de los problemas es que no se estaba dando cumplimiento a documentos importantes y los trámites documentarios eran deficientes. Esto, obviamente, afectaba a los docentes, incluso al personal administrativo.
¿Y cuáles son las medidas que está  adoptando para revertir tal situación? 
En primer lugar tuvimos que ordenar la casa. Después nos hemos abocado a atender los requerimientos tanto de los docentes como del alumnado, basados y dando cumplimiento al ordenamiento legal en el sector Educación.
Pero entendiendo que los derechos van de la mano con los deberes, también estamos exigiendo responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de los profesores.
Nuestra gestión se basa en la responsabilidad, la disciplina y la honestidad.
¿Qué está haciendo la UGEL que usted dirige para reivindicar los derechos de los docentes?
Al asumir el cargo hallé en la UGEL deudas sociales y resoluciones judiciales que nunca fueron cumplidas, referentes a subsidio por luto y sepelio, asignación por tiempo de servicios (20, 25 y 30 años), encargaturas de dirección, entre otras.
Nosotros, respetuosos de los derechos de los profesores, inmediatamente  hicimos la consolidación e información de la deuda social y/o judicial de la UGEL Contumazá y, con el apoyo del consejero regional, doctor Jhony Eduardo Barrantes Herrera, hemos realizado las gestiones necesarias para obtener la disponibilidad presupuestal y cancelar los rubros antes señalados; cuyo monto asciende a un total de un millón 169 mil 663.74 nuevos soles aproximadamente; los cuales han sido cancelados a los docentes que contaban con resoluciones administrativas y judiciales.
Esta deuda social y/o judicial estuvo pendiente durante varios años, durmiendo el sueño de los justos. Nosotros la hemos atendido y con su pago han sido beneficiados más de 300 docentes.
Sin embargo ha quedado pendiente el pago de algunas deudas sociales, pero estamos haciendo las gestiones pertinentes para que éstas sean canceladas. Por ejemplo ha quedado sin pagar la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, deuda judicial que asciende a más de 3 millones 831 mil soles.
¿En qué consiste el derecho de preparación de clases?
Es un derecho de todos los profesores que está amparado por la Ley 24029, Ley del profesorado, modificada por Ley N° 25212, que ordena el pago de bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total; sin embargo en noviembre del año 2012 el Gobierno promulgó la Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 la cual ya no considera ese derecho.
En consecuencia los profesores que fueron nombrados antes de la indicada ley, están en su derecho de exigir el pago de ese beneficio, pero hasta noviembre del año 2012. Y lo tienen que hacer mediante vía judicial, luego de agotar el trámite administrativo que se inicia en la UGEL de cada provincia.
¿Qué otros beneficios para los docentes ha logrado en su gestión?
Hemos creado el Sub Comité de Administración de Fondos de Alimentación y Estímulo (SUB CAFAE); el cual brindará asistencia en préstamos y alimentación así como fondos por convenios financieros, entre otros beneficios a favor de los profesores, auxiliares de educación y personal administrativo con el fin de mejorar sus condiciones de vida.
Faltan plazas docentes en la provincia de Contumazá.
Efectivamente. Ese es uno de los principales problemas de la educación, a nivel nacional. Consciente de ello, desde que ocupé la dirección de la UGEL venimos gestionando la creación de plazas docentes en nuestra jurisdicción provincial, con resultados positivos.
En secundaria: hemos logrado la creación de 06 plazas docentes en la I.E. Las Tayas (distrito de Guzmango) y 04 plazas docentes en la I.E. El Mote (distrito de Contumazá). En Inicial: 01 plaza docente para la I.E. Chapolán (San Benito), 01  plaza docente en la I.E.  Pueblo Nuevo (distrito de San Benito), y 01 plaza docente en la I.E. San Nicolás del distrito de Guzmango.
Por la creación de dichas plazas  a la UGEL de Contumazá se le asigna 255 mil 206 soles al año.
¿Cómo viene trabajando la UGEL con las municipalidades para impulsar la educación en la provincia de Contumazá?
Venimos trabajando estrechamente con las municipalidades de nuestra provincia para mejorar el nivel educativo. Por ejemplo, estamos coordinando con  el alcalde distrital de San Benito, la Dirección Regional de Educación y el Instituto Superior Pedagógico de Contumazá con el objetivo de crear un anexo de dicho instituto en el caserío de Jagüey. De igual manera estamos en conversaciones con el burgomaestre del distrito de Santa Cruz de Toledo para crear un Centro Educativo Rural de Formación en Alternancia (CERFA), en el que los alumnos estarán 15 días internados recibiendo clases y los otros 15 días del mes se dedicarán a actividades productivas.
También hemos creado un PRONOEI (Granero Fortuna) en el distrito de Cupisnique con el apoyo de su alcalde. La UGEL que dirijo ha firmado importantes convenios con el alcalde distrital de Guzmango, Lic. Óscar Suárez, en bien de la educación.
Y ante el alcalde provincial, Ing. Wildor Rodríguez Díaz, se ha gestionado la asignación de docentes para Chanta Corrales y otras instituciones educativas con necesidad de servicio. Asimismo la realización de juegos deportivos escolares que tendrán como sede regional a la ciudad de Contumazá, en la disciplina de futbol categoría sub-14, varones y mujeres.
Estamos trabajando conjuntamente con todas las municipalidades para impulsar la educación en todo el ámbito de la provincia de Contumazá.
Comentan que usted está aplicando mano dura para imponer orden y disciplina.
Nosotros solamente velamos para que se cumplan las leyes y normas internas que rigen a la educación. Por ejemplo, ante las quejas de inasistencia a clases de algunos profesores estamos monitoreando su asistencia y desempeño con el apoyo del programa educativo “PELA”, “Soporte Pedagógico” y “Semáforo Escuela”. Además nuestra UGEL tiene una Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios que investiga y sanciona a los docentes que han incurrido en faltas.
¿Tiene algún mensaje que dar a través de este medio de comunicación?
Sí, agradecer a la población y a las autoridades de nuestra provincia por su comprensión y apoyo en los esfuerzos de mejorar la educación. En este trabajo -que debe ser integral- debemos redoblar esfuerzos los directores, profesores, padres de familia, autoridades y estudiantes, porque la educación es tarea de todos y base del desarrollo de los pueblos.    













Inauguran espacio recreativo en Yonán Nuevo

                                                                                              
                                                                                              
La construcción del espacio recreativo en el caserío de Yonán Nuevo fue financiada por la empresa Cementos Pacasmayo.

El evento contó con la presencia de pobladores y autoridades del distrito, también se hicieron presentes representantes de la empresa privada.
  • Además ha sido mejorado el parque Pedro Lusich de Tembladera.

·  El día jueves  05 de mayo fue inaugurado un  espacio recreativo  en el caserío de Yonán Nuevo. El evento contó con la presencia de pobladores y autoridades del distrito, también se hicieron presentes representantes de la empresa privada.
Esta obra que beneficia a la infancia yonanera, consiste en juegos recreativos como columpios, pasamanos y subibajas.
El espacio recreativo en mención es el único en su género -en ese lugar- y se encuentra ubicado al costado del patio de la Institución Educativa Primaria de Yonán Nuevo por lo que puede ser utilizado por los alumnos para sus sanas diversiones, en sus horas de recreo.
En consecuencia los pobladores expresaron su agradecimiento a sus autoridades ediles y a la empresa privada que están sumando esfuerzos para realizar obras de bien común.
Cabe indicar que la construcción del espacio recreativo señalado fue financiado por la empresa Cementos Pacasmayo.
PARQUE PEDRO LUSICH
De otro lado, en la ciudad de Tembladera también fueron realizados trabajos de mantenimiento en el Parque Pedro Lusich con el fin de que los niños tembladerinos puedan disponer de un lugar apropiado para su diversión.
Se dio mantenimiento a los juegos metálicos y servicios higiénicos. Además se hizo el pintado de paredes internas y externas del indicado recinto recreativo.
El mejoramiento de las instalaciones del parque Pedro Lusich, ha sido posible gracias al apoyo de la empresa Cementos Pacasmayo.

Perú: Elecciones 2016 y Desafíos del Bicentenar


Por: Manuel Dammert Ego Aguirre (*)

Los resultados de las elecciones presidenciales 2016 en Perú, cierran para la patria de Túpac Amaru y Mariátegui un ciclo político-económico de hegemonía neoliberal apátrida (1990-2016). Con casi un tercio nacional (32.30%) de ausentes-blanco-viciados, el mapa electoral muestra el entrampamiento nacional. Han pasado a segunda vuelta dos fuerzas neoliberales (el fujimorismo autocrático con 26.99%, y el lobismo de PPK 14.24%). Se ha posicionado el programa de la izquierda y el progresismo con el FA y Verónika Mendoza con 12.74% (cerca de 3 millones de votos), y estuvo a punto de pasar a segunda vuelta por el respaldo en rápido crecimiento. Estos resultados evidencian la fragilidad y crisis del actual sistema de representación, así como el ascenso indudable y prometedor de la izquierda.
Está abierta la disputa estratégica del Perú en nuevo ciclo histórico por la soberanía y la democracia en el Bicentenario el 2021. Ha cambiado el mundo al pasar de la unipolaridad USA a la multipolaridad global civilizatoria. América Latina vive nuestra segunda gesta independentista continental, con diversos procesos nacionales, amenazados por el afán restaurador neoliberal de la Operación Condor II, impulsado por los afanes imperiales desde USA y sus socios derechistas en diversos países.
Los desafíos históricos del Perú han quedado marcados, en la campaña del Frente Amplio y Verónika Mendoza. El Perú debe recuperar su soberanía nacional, sobre sus recursos y poder, en sus atribuciones públicas y de sociedad democrática. La reforma política debe afirmar al pueblo como depositario del poder y reformar el sistema de representación y de gestión estatal con una nueva constitución democrática. La vida y el trabajo dignos, con servicios públicos en educación, salud y seguridad, reclaman ser el eje de la política y la atención del Estado. Es urgente iniciar la diversificación productiva sostenible, recuperando las rentas estratégicas del gas y otras. Es imprescindible derrotar la alianza del poder bancario usurero con la corrupción, y el peso del narcopoder en sus diversas modalidades en el Estado y en la vida social.
Se ha marcado el inicio de la gesta nacional del bicentenario. Está en crisis la república lobista apátrida y sus representantes. Desde nuestras raíces históricas y con los sueños construidos, crece poderosa la lucha nacional, con soberanía, justicia y libertad. Millones de páginas de papel periódico o de señales de radio y tv concentrados, no pueden ocultar este ascenso de la patria hermosa con la naciente república de ciudadanos.

(*) Congresista de la República.

Gregorio Santos: El Lula cajamarquino


La Corte Suprema consiente una extensión mayúscula del plazo para investigar a Gregorio Santos. Está pendiente la decisión de considerar procedente su encarcelamiento. Una discusión que importa a todos.

Escribe: Ricardo Uceda

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió rechazar un recurso de casación de Gregorio Santos, el ex candidato presidencial y electo gobernador regional de Cajamarca. Existen evidencias, sometidas a juicio, de que un empresario le pagó para ganar licitaciones. La disyuntiva de la sentencia no fue si era o no inocente, sino si las condiciones de su enjuiciamiento respetaban el debido proceso. Preso desde hace dos años, Santos espera una investigación fiscal que no tiene cuándo acabar.
DUDAS RAZONABLES
A un amplio sector del país la suerte penal de Santos le es, cuando menos, indiferente: se lo percibe como antiminero, culpable de haber saboteado la inversión en el proyecto Conga. Que además sea acusado de corrupción parece el colmo. Por otra parte, la mayor parte de la izquierda lo olvidó porque su opción era el Frente Amplio, cuyo hombre fuerte es Marco Arana, en Cajamarca rival político de Santos y de su partido, el MAS. Los observadores electorales extranjeros no lo han visitado. Pero Santos ha sido votado por seiscientas mil personas a escala nacional y obtuvo el 40% de los sufragios en su región, donde Arana, en cambio, no consiguió el respaldo necesario para ser congresista. Cajamarca seguirá siendo un escenario sensible de la política nacional y Santos un actor relevante como su líder. Es lo más conveniente, por tanto, que su juicio esté libre de sospechas.
 El caso suscita dudas razonables. ¿Bajo qué parámetros una autoridad acusada de corrupción termina juzgada como jefe de una organización del crimen organizado? ¿Por qué una investigación simple como la suya debe durar un tiempo indefinido? ¿Por qué una parte de los presidentes regionales acusados de corrupción sigue su proceso en libertad y Santos es encarcelado? ¿Por qué no lo juzgó un juez natural, en Cajamarca, y se lo trajo a Lima, a Piedras Gordas, limitando su comunicación y su derecho de defensa? ¿Por qué se le ordena prisión preventiva cuando claramente —estaba postulando a la Presidencia de la República— no había riesgo de fuga?
CRIMEN ORGANIZADO
Como puede verse, si por razones políticas el proceso contra Santos es relevante, no lo es menos desde el punto de vista de la administración de justicia en casos de corrupción.
La reciente resolución de la Corte Suprema tiene que ver con una de las interrogantes: el tiempo que se le otorga al Ministerio Público para que determine su tesis. Santos  está siendo investigado desde 27 de noviembre del 2012 inicialmente por los delitos de lavado de dinero, colusión y cohecho. El plazo para su investigación era de ocho meses, ampliables por ocho más. Pero en el camino la fiscalía, que ya había declarado complejo el caso y por lo tanto se permitía un tiempo mayor para sus pesquisas, abrió investigación preparatoria por el delito de asociación ilícita, con lo cual Santos pasaba a ser tratado como miembro de una organización criminal.
Mientras tanto, fue aprobada una ley que endureció las medidas contra la criminalidad organizada, estableciendo períodos mayúsculos para el trabajo del Ministerio Público. Esto alargó la investigación contra Santos hasta extremos imprevistos. El fiscal logró que se autorizara su trabajo por once meses más.  Primero lo hizo un juzgado y luego, ante una acción de la defensa, la Sala Penal de Apelaciones. Fue este último fallo el que dio pie para una recurrencia ante la Corte Suprema, demandando una casación.
PIERDE EL JUICIO
Como dijo Mario Rodríguez, el abogado de Santos, en su alegato ante la Corte Suprema, los efectos de la nueva ley no podían ser retroactivos en perjuicio del presidente regional. Comenzó a ser investigado con plazos que luego  fueron cambiados. Si la Sala Penal Permanente concedía el recurso de casación —válido para reparar irregularidades de un proceso— Santos comenzaría a ser juzgado con las evidencias hasta ahora obtenidas. Que no son pocas: la confesión del empresario beneficiado, un audio supuestamente incriminatorio, apuntes con las cifras entregadas, declaraciones diversas. Santos aduce inocencia. Para sus partidarios, él está siendo acusado por razones políticas y no por corrupción. Una especie de Lula cajamarquino.
La Corte Suprema estuvo de acuerdo, sin embargo, con la decisión judicial que permite investigar a Santos con los nuevos plazos que la ley otorga a los casos de criminalidad organizada. Hubo votos a favor de Javier Villa Stein, César Hinostroza, Hugo Príncipe y José Neyra. En contra, respaldando el recurso presentado por Santos, votó Josué Pariona. En su sentencia, Pariona dijo que mantener el plazo original de investigación estaba permitido por una excepción establecida en el Código Procesal Penal. Agregó que la aplicación retroactiva de una ley está prohibida por la Constitución, y en el caso de Santos vulnera sus derechos y el debido proceso.
SEGUNDO RECLAMO
Villa Stein, en un voto singular, dijo que Santos aún tenía expedito su derecho a pedir que se discutiera la prisión preventiva a la que estaba sometido. En efecto, la decisión de recluirlo para investigarlo es otra materia cuestionable del proceso. Arguyó el fiscal, y en 2014 la jueza Juana Caballero lo avaló, que había peligro de fuga, y que la pena que le correspondía, si fuera declarado culpable, era muy severa. Este año, ante un reclamo, la Sala Penal de Apelaciones, presidida por Inés Villa Bonilla, le dio la razón al juzgado. Este tipo de prisión, no obstante,   es para casos excepcionales. La Corte Suprema ya se ha manifestado, en jurisprudencia previa, que no cabe invocar la gravedad de las penas para mandar a la cárcel a alguien que no ha sido sentenciado. Por lo mismo, otra vez la Sala Penal Permanente verá en los próximos días un pedido de casación solicitado por la defensa de Santos. El objetivo es lograr que siga su juicio en libertad.
Esa es la situación hasta ahora. Con la sentencia anterior, la investigación contra Santos puede extenderse hasta niveles inverosímiles. La nueva norma sobre criminalidad organizada le permite al Ministerio Público pedir hasta 72 meses de ampliaciones. Diera la impresión de que la Corte Suprema es permisiva con la ineficiencia de los fiscales para investigar los casos. Uno podría entenderlo si se trata de desentrañar a complejas mafias del narcotráfico, ¿pero para determinar un favoritismo en once licitaciones, con un solo corruptor y ocho funcionarios involucrados?

 Entretanto, empleando un doble rasero, el Ministerio Público limpió al empresario que supuestamente entregó hasta ochocientos mil soles a Santos y los coacusados. La ley en casos de organización criminal no desaparece la culpa del delator: le rebaja la pena. Pero el nombre de Wilson Vallejos ha desaparecido de los escritos del fiscal.

¿Qué pasó cuando el fujimorismo fue mayoría en el Parlamento?

La mayoría fujimorista en el Parlamento representa un peligro inminente para la democracia y el orden constitucional en el Perú. Sobre todo, si tomamos en cuenta que existe la posibilidad real, hoy más que nunca, que el fujimorismo vuelva a copar, como en 1995, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo.

Por: Rafael Rodríguez (*)

De acuerdo a los resultados oficiales emitidos por la ONPE, el fujimorismo ha obtenido 72 de los 130 escaños congresales en las Elecciones Generales 2016. Eso quiere decir que la bancada fujimorista cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, y que por tanto, no requerirá de ningún tipo de alianza o concertación para adoptar medidas como la aprobación de leyes ordinarias, leyes orgánicas, o leyes de reforma constitucional (con el respaldo de un referéndum, claro está).
Al respecto, cabría preguntarnos qué pasó en el Perú durante los años en los que el fujimorismo, además de ser Gobierno, tuvo mayoría absoluta en el Parlamento. En otras palabras, resulta sumamente importante recordar si la bancada fujimorista se comportó como una fuerza política democrática, o si más bien actuó como una aplanadora plebiscitaria capaz de violar sistemáticamente los principios básicos de nuestra Constitución.
En 1995, Alberto Fujimori se presentó por segunda vez a las elecciones presidenciales obteniendo el 64% de los votos. Asimismo, su organización alcanzó el 52% de los votos para el Congreso, porcentaje que le permitió obtener 67 de los 120 escaños parlamentarios. Como se puede apreciar, en aquella oportunidad, el fujimorismo también alcanzó la mayoría absoluta en el Parlamento. Una mayoría que al poco tiempo de ser elegida incurrió en una serie de prácticas antidemocráticas que socavaron los frágiles cimientos del Estado de Derecho en el Perú.
Así, por ejemplo, en 1996, tan solo un año después de haberse instalado el nuevo Congreso, el fujimorismo logró aprobar la controvertida Ley de Interpretación Auténtica, que favorecía a un único peruano: al amparo de esta ley (abiertamente inconstitucional) se dejaba listo el camino para la tercera postulación presidencial de Alberto Fujimori, a pesar de que la Constitución de 1993, aprobada por mayoría fujimorista, la prohibía expresamente. Es decir, el aluvión de votos fujimoristas en el Parlamento sirvió para violar flagrantemente su propia Constitución.
Sin embargo, al año siguiente, en 1997 el Tribunal Constitucional declaró “inaplicable” la Ley de Interpretación Auténtica, ello en virtud de un recurso constitucional presentado por el Colegio de Abogados de Lima. Frente a ello: ¿Qué hizo la mayoría parlamentaria fujimorista? En la muestra más clara de autoritarismo y arbitrariedad, la bancada fujimorista, encabezada por el parlamentario Enrique Chirinos Soto, logró la destitución de los tres magistrados que habían fallado en contra de la tercera postulación de Alberto Fujimori aplicando lo que la doctrina constitucional denomina “Control Difuso”: Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano.
A pesar de ello, la oposición y la sociedad civil organizada decidieron impulsar un referéndum en contra de la Ley de Interpretación Auténtica, y con ello, convocar a los peruanos a manifestar en las urnas su rechazo a la tercera postulación de Alberto Fujimori. No obstante ello, una vez más, la arbitrariedad de la mayoría fujimorista se impuso logrando obstaculizar la iniciativa organizada por la oposición, la misma que contaba con el respaldo mayoritario de los peruanos. Es más, en el camino la mayoría fujimorista aprobó nuevos requisitos para el proceso de referéndum tornando imposible su celebración.
Finalmente, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, luego de sobornar a los dueños de los medios de comunicación más importantes del país, se encargaron primero de cerrarle las puertas de la televisión y de la radio a quienes criticaron la Ley de Interpretación Auténtica, así como a aquellos que estuvieron detrás del referéndum en contra de la misma. Luego, ya en 2000, durante la campaña electoral, esos mismos medios de comunicación, digitados por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y con el apoyo de la mayoría fujimorista, se convirtieron en los sicarios políticos de todos los que decidieron competir en contra del fujimorismo: Alberto Andrade, Luis Castañeda, Alejandro Toledo, entre los más conocidos.
A la luz de lo expuesto, resulta evidente que la mayoría fujimorista en el Parlamento representa un peligro inminente para la democracia y el orden constitucional en el Perú. Sobre todo, si tomamos en cuenta que existe la posibilidad real, hoy más que nunca, que el fujimorismo vuelva a copar, como en 1995, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Más aún, cuando los rasgos distintivos que caracterizaron al fujimorismo de los noventa siguen siendo los mismos: autoritarismo político, mercantilismo económico y populismo clientelista.

(*)Abogado PUCP. Post Grado y estudios de Maestría en Ciencia Política y Gobierno (PUCP). Profesor de Derecho Electoral e Historia de las Ideas Políticas 1 y 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.