Por: Rafael Rodríguez (*)
De acuerdo a los resultados oficiales emitidos por la ONPE, el
fujimorismo ha obtenido 72 de los 130 escaños congresales en las Elecciones
Generales 2016. Eso quiere decir que la bancada fujimorista cuenta con mayoría
absoluta en el Parlamento, y que por tanto, no requerirá de ningún tipo de
alianza o concertación para adoptar medidas como la aprobación de leyes
ordinarias, leyes orgánicas, o leyes de reforma constitucional (con el respaldo
de un referéndum, claro está).
Al respecto, cabría preguntarnos qué pasó en el Perú durante los años en
los que el fujimorismo, además de ser Gobierno, tuvo mayoría absoluta en el
Parlamento. En otras palabras, resulta sumamente importante recordar si la
bancada fujimorista se comportó como una fuerza política democrática, o si más
bien actuó como una aplanadora plebiscitaria capaz de violar sistemáticamente
los principios básicos de nuestra Constitución.
En 1995, Alberto Fujimori se presentó por segunda vez a las elecciones
presidenciales obteniendo el 64% de los votos. Asimismo, su organización
alcanzó el 52% de los votos para el Congreso, porcentaje que le permitió
obtener 67 de los 120 escaños parlamentarios. Como se puede apreciar, en
aquella oportunidad, el fujimorismo también alcanzó la mayoría absoluta en el
Parlamento. Una mayoría que al poco tiempo de ser elegida incurrió en una serie
de prácticas antidemocráticas que socavaron los frágiles cimientos del Estado
de Derecho en el Perú.
Así, por ejemplo, en 1996, tan solo un año después de haberse instalado
el nuevo Congreso, el fujimorismo logró aprobar la controvertida Ley de
Interpretación Auténtica, que favorecía a un único peruano: al amparo de esta
ley (abiertamente inconstitucional) se dejaba listo el camino para la tercera
postulación presidencial de Alberto Fujimori, a pesar de que la Constitución de
1993, aprobada por mayoría fujimorista, la prohibía expresamente. Es decir, el
aluvión de votos fujimoristas en el Parlamento sirvió para violar
flagrantemente su propia Constitución.
Sin embargo, al año siguiente, en 1997 el Tribunal Constitucional declaró
“inaplicable” la Ley de Interpretación Auténtica, ello en virtud de un recurso
constitucional presentado por el Colegio de Abogados de Lima. Frente a ello:
¿Qué hizo la mayoría parlamentaria fujimorista? En la muestra más clara de
autoritarismo y arbitrariedad, la bancada fujimorista, encabezada por el
parlamentario Enrique Chirinos Soto, logró la destitución de los tres magistrados
que habían fallado en contra de la tercera postulación de Alberto Fujimori
aplicando lo que la doctrina constitucional denomina “Control Difuso”: Manuel
Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano.
A pesar de ello, la oposición y la sociedad civil organizada decidieron
impulsar un referéndum en contra de la Ley de Interpretación Auténtica, y con
ello, convocar a los peruanos a manifestar en las urnas su rechazo a la tercera
postulación de Alberto Fujimori. No obstante ello, una vez más, la
arbitrariedad de la mayoría fujimorista se impuso logrando obstaculizar la
iniciativa organizada por la oposición, la misma que contaba con el respaldo
mayoritario de los peruanos. Es más, en el camino la mayoría fujimorista aprobó
nuevos requisitos para el proceso de referéndum tornando imposible su
celebración.
Finalmente, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, luego de sobornar a
los dueños de los medios de comunicación más importantes del país, se
encargaron primero de cerrarle las puertas de la televisión y de la radio a
quienes criticaron la Ley de Interpretación Auténtica, así como a aquellos que
estuvieron detrás del referéndum en contra de la misma. Luego, ya en 2000,
durante la campaña electoral, esos mismos medios de comunicación, digitados por
Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y con el apoyo de la mayoría
fujimorista, se convirtieron en los sicarios políticos de todos los que
decidieron competir en contra del fujimorismo: Alberto Andrade, Luis Castañeda,
Alejandro Toledo, entre los más conocidos.
A la luz de lo expuesto, resulta evidente que la mayoría fujimorista en
el Parlamento representa un peligro inminente para la democracia y el orden
constitucional en el Perú. Sobre todo, si tomamos en cuenta que existe la
posibilidad real, hoy más que nunca, que el fujimorismo vuelva a copar, como en
1995, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Más aún, cuando los
rasgos distintivos que caracterizaron al fujimorismo de los noventa siguen
siendo los mismos: autoritarismo político, mercantilismo económico y populismo
clientelista.
(*)Abogado PUCP. Post Grado y estudios de Maestría en Ciencia
Política y Gobierno (PUCP). Profesor de Derecho Electoral e Historia de las
Ideas Políticas 1 y 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de
Porres.
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