No puede canjearse inmunidad por impunidad.
Se
han empezado a confirmar las versiones que indican que el Gobierno negoció con
Kenji y Alberto Fujimori los votos para impedir la vacancia del presidente de
la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Los datos publicados por este diario
y por otros medios indican que esta negociación ha corrido paralela a la
defensa pública de PPK y que mientras el discurso oficialista nos aseguraba la
vigencia de los valores democráticos y constitucionales, de modo oculto se
gestionaba la entrega de una prebenda política.
Esta
contradicción entre lo que se dice y se hace, un vicio que vulnera la ética
republicana, debe ser puesta sobre la mesa. Las instituciones y sectores de la
comunidad que defienden la legalidad democrática y los DDHH, donde este diario
se ubica resueltamente, no pueden ser indiferentes ante las evidencias que
aparecen y se agrupan en la dirección de un acuerdo bajo la mesa.
En
el Estado de derecho, así como las formas deben ser parte del contenido, los
medios deben guardar coherencia con los fines. De esa perspectiva, es
totalmente equívoca la tesis esgrimida en las últimas horas respecto a que la
defensa del presidente Kuczynski, cuyo cargo iba a caer arrollado bajo la
arremetida autoritaria de Fuerza Popular, justifica la concesión de una gracia
presidencial a Alberto Fujimori, una especie de canje entre inmunidad e impunidad.
Según
los datos publicados por este diario, el 15 de diciembre se presentó un pedido
de conmutación de pena a favor de Fujimori por el congresista disidente de
Fuerza Popular Guillermo Bocángel. El problema es que la operación se inició días
antes, con actos previos y preparatorios. En un extremo ilegal, la junta médica
que ha opinado a favor del indulto de Fujimori la integra Juan Postigo Díaz, médico
de cabecera del reo de Diroes desde 1997 y que ya adelantó opinión a favor del
indulto el año 2012. En esa ocasión, Fujimori exigió que su médico integrara
dicha junta, lo que fue rechazado por la Comisión de Gracias Presidenciales
para garantizar la objetividad e imparcialidad de la diligencia médica. En la
operación cruzada entre los ministerios de Justicia y Salud jugó un papel
destacado Luis Martín Champin, ex marino relacionado con el director general de
las Redes Integradas de Salud Lima Este. Hoy sabemos que el propio Alberto
Fujimori ha presentado su pedido de indulto y que el expediente está en manos
de la Comisión de Gracias Presidenciales. De ahí a Palacio hay una distancia
muy corta.
En
pleno debate de la vacancia, la premier Aráoz relativizó la posibilidad de la
concesión de un indulto express. No obstante, las evidencias indican una
operación en toda la línea con la participación de por lo menos dos
ministerios. Esta operación no tendría nada en especial si no fuese porque su
objetivo es ilegal. En su reciente visita a Lima, en octubre pasado, el alto
comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recordado sobre el probable
indulto a Fujimori que ha sido sentenciado “por muy serias violaciones a los
DDHH”, delitos que constituyen crímenes contra la humanidad, es decir, crímenes
que son del interés de la comunidad internacional en su conjunto, y sobre los
cuales las leyes peruanas y la jurisprudencia internacional señalan parámetros
a los que no se ajusta la libertad del ex presidente.
(Editorial del diario “La
República” 24 Dic. 2017).
