Gobierno debe proteger a Cascabamba de la minería ilegal

Escribe: Luis Eloy Plasencia Torres (*).

“No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista”. Han tenido que pasar más de 40 años de destrucción, contaminación y muerte en Cascabamba -situada en la provincia de Contumazá- para que al fin la Autoridad Nacional del Agua (ANA) reconozca que dicho lugar es cabecera de cuenca y que es contaminado por la minería ilegal.

Efectivamente, allí, a 4 mil metros sobre el nivel del mar, específicamente en la zona denominada Pozos Ricos, mineros informales continúan realizando la explotación de minerales, entre ellos oro y plata, desde hace más de cuatro décadas, sin contar con licencia legal ni social.

Perú Siglo XXI ha sido testigo -en estos últimos años- de la lucha valiente del pueblo contumacino junto a los hermanos casqueños de la provincia de Gran Chimú (región La Libertad). Corren a los mineros ilegales, pero éstos -cual zorros dañinos- se esconden ante el aviso de infiltrados antes de que sean pillados en inspecciones que realizan las autoridades por exigencia de la población organizada.

Y, pasados unos días, los mineros vuelven a sus actividades ilícitas, destructivas y contaminantes. Continúan matando diversas formas de vida, con sustancias químicas y explosiones, en esas alturas solitarias  de Contumazá.

Mientras que los dirigentes populares -entre los que destacan los ronderos- defensores del agua, la vida y el medio ambiente son acusados de subvertir el orden y ocasionar daño a la propiedad privada de los mineros y, paradójicamente, son investigados por la Fiscalía como si fueran los malos de la película.

Así, han pasado largos años, entre inspecciones avisadas, protección de los destructores de la naturaleza y denuncias contra los defensores del agua y el medio ambiente. Un círculo vicioso que ha generado contaminación, baja producción agrícola, enfermedades y muertes.

Sin embargo, esa lucha persistente de dos pueblos hermanos contra la minería ilegal, ha motivado la intervención de la ANA -a solicitud de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú- institución que luego de visitar y realizar estudios del suelo y el agua de Cascabamba ha concluido que el lugar es cabecera de cuenca y es contaminado por la minería informal.

Las apreciaciones detalladas de las investigaciones de la ANA, al respecto, figuran en el Informe Nº 016-2019-ANA-AAA-HCH-QALA-CHICAMA-AT/JBPÑ, firmado por el Ing. Ricardo David Castillo Salazar (administrador del Agua  Chicama) y Juan Benito Polo Ñique (jefe del Área Técnica de Calidad ALA Chicama).

En el documento señalado dice que “en el recorrido por el sector los Pozos Ricos, cabecera de cuenca del río Ochape que es tributario del río Chicama, se constató la existencia de socavones y actividades de extracción de mineral aurífero, no existiendo el tratamiento de efluentes de esta actividad, comprometiendo las condiciones de la calidad del agua que va directamente al a río Ochape y quebradas existentes en la parte alta de la cuenca”.

Ojo, la ANA dice que el lugar es cabecera de cuenca, definición que la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Cajamarca nunca la dio, pese a que sus representantes constataron, hace tiempo, aquella naciente de agua y la actividad minera que la afecta.

Agrega el informe que “se constató la existencia de restos de residuos producidos por las actividades mineras, abandonados… que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población y el ecosistema circundante…”

Nosotros queremos agregar a ese informe que esas actividades mineras continúan. Los mineros ilegales siguen extrayendo toneladas de minerales que los llevan en enormes camiones a vista y paciencia de algunas autoridades. Pobladores de Contumazá así lo testimonian.

Además, la contaminación y destrucción de la cabecera de cuenca aludida no solamente está afectando a la provincia de Gran Chimú sino también a miles de pobladores de la provincia de Contumazá quienes utilizan el agua que nace en Cascabamba para su consumo y para realizar actividades agrícolas.

Por ello el informe de la ANA concluye que “según el D.L Nº 1101, Artículo 4…los titulares de operaciones de la pequeña minería y minería artesanal son responsables por los impactos ambientales de las actividades a su cargo, incluida la rehabilitación ambiental, siéndoles de aplicación la legislación ambiental sectorial y transectorial que regula esta materia…”.

Y en su segunda conclusión manifiesta que “según el D.S. Nº 003-2009-EM, los gobiernos regionales, a través de sus respectivas Direcciones Regionales de Energía y Minas u órganos que cumplan funciones equivalentes…son los encargados de evaluar y aprobar los instrumentos de remediación…Asimismo están a cargo de la fiscalización de estos instrumentos, y la consecuente imposición de sanciones”.

Además el informe aclara que la ANA -con opinión del Ministerio del Ambiente- puede declarar zonas intangibles en los que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua.

Sostiene también que de acuerdo a la Ley Nº 28804 que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, modificada por la Ley Nº 29243 “…se considera emergencia ambiental la situación en la cual, no siendo el hecho desencadenante inesperado, la gravedad de sus efectos o impactos en la salud y la vida de las personas o en su entorno ambiental requiera la acción inmediata sectorial a nivel local, regional o nacional”.

Más claro ni el agua. La ANA está pidiendo al Ministerio del Ambiente le dé potestad, de acuerdo a ley, para declarar zona intangible a la cabecera de cuenca de Cascabamba.

Con este informe la ANA ha puesto el cascabel al gato, mejor dicho a los mineros ilegales que operan en los Pozos Ricos. El mismo que ha sido entregado a la Municipalidad Provincial de Gran Chimú, Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca , la OEFA de Cajamarca, y a la Fiscalía Provincial de Contumazá

Entonces resta que los representantes de las instituciones del Estado, llamados a dar solución a este grave problema, hagan respetar la ley y erradiquen definitivamente a la minería ilegal de Cascabamba, porque está ocasionando destrucción en perjuicio del agua, el  medio ambiente y la salud de miles de pobladores.

Esa tarea es de vida o muerte. Por lo tanto la deben realizar urgentemente. Los pueblos hermanos de Contumazá y Cascas así lo demandan y les agradecerán eternamente.

  (*) Director del periódico PERÚ SIGLO XXI.

Cuidado con las cabeceras de cuenca

Los defensores de las actividades extractivistas, sostienen que los “antimineros” han encontrado dos términos muy efectistas que son colchón acuífero y cabeceras de cuenca.

Dicen que: “El primero hace consentir que los acuíferos son un ‘colchón’ plano donde está el agua que alimenta los manantiales, y el segundo sugiere que nacen las aguas de las partes altas de la cuenca… pero (que ambos términos) son términos falaces”.

Raúl Benavides –hermano de Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, y cuya familia es propietaria de la minera Buenaventura– da argumentos técnicos atendibles de por qué serían falaces, pero lo que más le preocupa son dos cosas: Por un lado que el 90% de las minas y los minerales se encuentran por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto en cabecera de cuenca. Y, por otro, se pregunta, ¿qué sería de nuestra sierra sin minería?

En resumen, sostiene el empresario minero en Lampadia, que la defensa de las cabeceras de cuenca “es una forma de oponerse a todo emprendimiento minero futuro (y) haría que los funcionarios de la ANA (Autoridad Nacional del Agua) sean constantemente hostilizados por elementos conservacionistas y antisistema para que declaren inviables proyectos (mineros, lo que) se puede usar para oponerse a represamientos, hidroeléctricas y hasta incluso carreteras por ser cabecera de cuenca”.

Por lo anterior, sostiene Raúl Benavides, es necesario derogar cuanto antes la Ley 30640 –presentada por el congresista Marco Arana del Frente Amplio, discutida y aprobada en la Comisión de Pueblos y el Pleno del Congreso de la República y promulgada en El Peruano el 19 de agosto–, que modifica la Ley 29338 de Recursos Hídricos y establece “Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca”.

Acorde con esta ley modificatoria, apoyada por la izquierda, los fujimoristas y congresistas de PPK, la ANA, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede “declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua y otorga 90 días para adecuar la norma reglamentaria y 365 días para elaborar el marco metodológico para implementarla”.

Según Raúl Benavides y Lampadia, las consecuencias de aplicar esta ley serían que ningún proyecto de inversión podrá ser desarrollado hasta no saber si será declarado “cabecera de cuenca”, que todo proyecto de reservorio de agua, hidroeléctrica, mina u otro deberá esperar a que la ANA diga si es o no cabecera de cuenca antes de comprometer la inversión, que la ley de marras genera mayor “permisología” –término acuñado por la tecnocracia neoliberal–, atentando contra una de las Políticas de Estado proclamadas por PPK y el Congreso, que es la simplificación administrativa. Es más, sostiene Raúl Benavides, esta modificatoria de la Ley de Aguas será una fuente más de conflictos para los proyectos de inversión.

Sin embargo, los extractivistas mineros, que se expresaron largamente contra esta ley en la reciente Perumin 33 (Arequipa, 18 al 22 de setiembre), no saben o no quieren saber que en varios de países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, muchos de Europa, los proyectos extractivos y en general los productivos, incluyendo megaproyectos de construcción para viviendas, carreteras y energía, tienen vallas ambientales e institucionales que NO permiten que se instalen en cabeceras de cuencas y acuíferos subterráneos.

Tampoco permiten que se impulsen a tajo abierto, que afecten áreas naturales protegidas o sitios incluidos bajo la Convención de Ramsar (sobre humedales con especies endémicas de flora y fauna), que destruyan sitios arqueológicos y santuarios religiosos de pueblos indígenas y no indígenas, que se realicen sin procesos previos de ordenamiento territorial, que se desarrollen sin consulta a los ciudadanos (vía referéndum) o pueblos indígenas (vía aplicación del Convenio 169 de la OIT), que violentan los usos y costumbres locales (culinaria, patrones comunitarios, prostitución, consumo de drogas), entre otros.

¿Existe extractivismo responsable en el Perú, es decir empresas con responsabilidad social y ambiental? Tengo serias dudas, ya que la mayoría de nuestras empresas mineras ni siquiera cumplen los principios que varias de ellas, agrupadas en el Consejo Mundial de Minería y Metales (ICMM, por su sigla en inglés) firmaron en mayo del 2003.

Sostengo que no hay verde sin azul, no hay agricultura, ganadería, piscicultura, maricultura, árboles y biodiversidad sin agua y no hay agua con extractivismo irresponsable, depredador, sin procesos sociales, políticos y técnicos de ordenamiento territorial (OT), evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y estudios de impacto ambiental (EIA). El agua blanca y dura de los glaciares se está derritiendo. En 44 años los glaciares peruanos retrocedieron en un 42%: en 1970 habían 2,041 Km2 de superficie glaciar; al 2014 solo quedaban 1,211 Km2. Se ha perdido el agua que consume Lima en 20 años y los glaciares ubicados debajo de 5,000 msnm podrían desaparecer en el 2021.

La tierra se está secando, el verde se está talando en la Amazonía como muestran los 8 a 10 millones de hectáreas ya arrasadas, la agricultura está colapsando, el mar lo estamos contaminando y agotando sus recursos. El hambre puede comenzar a matarnos en un país que busca ser una potencia gastronómica y pertenecer a la OCDE. El stress hídrico nos toca la puerta ya que el agua dulce disponible se encuentra principalmente en humedales, bofedales, lagunas y acuíferos subterráneos que están desapareciendo: la minería metálica y no metálica está bajo ellos en las cabeceras de cuenca..

(Publicado por el Diario Uno - Lima)

Ordenanza municipal en defensa de Cascabamba, ahora

Escribe: Luis Eloy Plasencia Torres.

Es de necesidad urgente una Ordenanza Municipal que declare a la cabecera de cuenca de Cascabamba como zona turística y no apta para la minería.

La norma servirá para impulsar el turismo en esa área ubicada en los andes contumacinos, pero, además, erradicaría la minería ilegal que desde hace más de 40 años viene causando graves daños al agua y el medio ambiente.

Contumazá se enaltece de ser “Tierra de intelectuales y del buen trigo” y tiene entre sus hijos a ilustres políticos e intelectuales. En su historia destacan el ex diputado aprista Fidel Zárate Plasencia, y el poeta de talla internacional Mario Florián.

También tiene un pueblo heroico que jugó un papel importante en la lucha por la independencia nacional y que defiende con valor y decisión los sagrados intereses de nuestra provincia. Ese pueblo, cuyo corazón está conformado por las famosas rondas campesinas, es el que corre a los mineros ilegales quienes destruyen la naturaleza, pero lamentablemente éstos son protegidos por jueces y fiscales venales.

Poderoso caballero es el dinero. Se calcula en 20 mil soles la carga de minerales de cada camión que extrae la mafia minera de Cascabamba y son varios los vehículos en los que diariamente se roban la riqueza de Contumazá ante las narices de las autoridades encargadas de velar por la seguridad, el orden y los derechos de las personas.

Aunque, de vez en cuando, para aplacar la ira de la población -motivada por los hechos indicados- esas autoridades decomisan uno que otro cargamento de mineral a exigencias de la población organizada, pero luego lo devuelven y formulan sendas denuncias en contra de los dirigentes del pueblo “por alterar el orden” o “por causar perjuicio a la propiedad privada” de los mineros.

Uno de estos casos que subleva el espíritu, se dio en el mes de diciembre del año pasado, cuando la Fiscalía de Contumazá, alertada por la Policía, detuvo un camión que salía de Cascabamba y decomisó su cargamento de mineral, sin embargo el Poder Judicial inmediatamente ordenó que se devuelva el mineral a sus propietarios (los mineros).

Esta vez, la Fiscalía apeló y no acató esa orden por considerar que no hay quien acredite ser propietario del mineral incautado.

Como se puede notar, en este caso tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial no hablan de la protección de la cabecera de cuenca de Cascabamba que puede ser defendida con la Ley 30640 -presentada por el congresista Marco Arana del Frente Amplio, discutida y aprobada en la Comisión de Pueblos y el Pleno del Congreso de la República y promulgada en El Peruano el 19 de agosto del 2017-, que modifica la Ley 29338 de Recursos Hídricos y establece “Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de Cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca”.

También la pueden defender con  el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-Ley 29785 que establece la consulta previa a los pueblos afectados para la explotación minera en cabecera de cuenca. En el Perú, el Congreso Constituyente Democrático aprobó dicho Convenio mediante Resolución Legislativa Nº 26253, del 2 de diciembre de 1993, que entró en vigencia 12 meses después.

Sin embargo, parece que a los doctores de la ley más les interesa  saber quién o quiénes son los propietarios del mineral decomisado y les importa un bledo la defensa del medio ambiente y la vida de las personas.

O quizás están esperando que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) identifique y delimite la cabecera de cuenca de Cascabamba, cuando ésta no ejecuta su trabajo  porque el Gobierno Regional de Cajamarca aún no le otorga información sobre la zonificación ecológica y económica ni le hace ver su  plan de reordenamiento territorial.

¿Cuándo la ANA y el Gobierno Regional de Cajamarca se pondrán de acuerdo para declarar cabecera de cuenca a Cascabamba? ¿Hasta cuándo las autoridades locales tendrán que esperar para proteger la principal fuente de agua que da vida a miles de pobladores de la provincia de Contumazá? 

Consideramos, de vital importancia y de necesidad urgente, que la Municipalidad Provincial de Contumazá elabore y apruebe una Ordenanza Municipal para proteger la cabecera de cuenca de Cascabamba. Caso contrario los mineros informales pueden atraer la voracidad de empresas transnacionales -entre ellas Yanacocha- que pueden desatar mayor destrucción y muerte en Cascabamba, el Kuan y otros parajes bellos y vivificantes de nuestra provincia.

Ordenanza Municipal que ayude a defender Cascabamba, ahora. Mañana puede ser muy tarde.

Minería y corrupción en la provincia de Contumazá

El alcalde Wildor Rodríguez, acompañado del fiscal Róger Hurtado, policías, representantes del Gobierno Regional de Cajamarca y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Contumazá, constataron que en la cabecera de cuenca de Cascabamba se viene realizando minería ilegal. 

-REPORTAJE-

Por: Luis Eloy Plasencia Torres.

Dos hechos repudiables fueron revelados en el mes de la primavera, en la provincia de Contumazá: 1) La explotación de minerales valiosos en  la cabecera de cuenca de Cascabamba, actividad ilegal que está contaminando el agua que consume la población contumacina; 2) La denuncia e investigación por corrupción a dos fiscales y efectivos policiales que estarían comprometidos en la desaparición de 504 sacos de mineral extraído de Cascabamba, valorizados en 400 mil soles, aproximadamente.

Recordemos el primer hecho: A mediados del mes de setiembre, exactamente el 18 de setiembre, se descubrió que un cargamento de mineral (pirita) explotado ilegalmente de Cascabamba había sido cambiado por arena seca de cerro, acto delincuencial en el que habrían intervenido dos fiscales y efectivos policiales.

En el “cambiazo” -uno de los actos más avezados y abominables de corrupción en  la región Cajamarca- estarían involucrados el fiscal Luis Pablo Zavaleta Carrasco, fiscal provincial adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta de Yonán-Tembladera así como los suboficiales PNP Kevin Dávalos Cosanatan, Alexander Cabanillas Linares y César Sobrino Sobrino, estos últimos estaban de servicio en la comisaría de Chilete cuando se cometió el hecho vergonzante.

Además sindican como autor intelectual del delito al fiscal adjunto provincial titular, Homero Cabanillas Díaz.

Los empleados en mención están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción y la Inspectoría de la Policía de la región Cajamarca. De hallarlos culpables serían recluidos en  el penal de Huacariz.

ALCALDE RECHAZA MINERÍA ILEGAL Y DEFIENDE EL AGUA

En la inspección, las autoridades hallaron sacos llenos de  mineral explotado en cabecera de cuenca.

Al enterarse de que en la cabecera de cuenca de Cascabamba, dos grupos de mineros ilegales estaban explotando plata, oro y otros minerales, el alcalde provincial de Contumazá, ingeniero Wildor Rodríguez Díaz -en coordinación con las rondas campesinas- presentó la denuncia del caso ante la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca.

Y, merced a esa denuncia, el 1º del presente mes, autoridades de Contumazá y de la región Cajamarca visitaron la cabecera de cuenca de Cascabamba donde comprobaron que allí, efectivamente -a 200 metros de una quebrada que provee de agua a la población contumacina-, gente irresponsable está extrayendo minerales ilegalmente en perjuicio de la vida y el medio ambiente.

Hecho que fue confirmado por Juan Carlos Angulo, ciudadano contumacino que estuvo presente en  la diligencia realizada en Cascabamba y, a través de una acta elaborada por el fiscal especializado en medio ambiente, doctor Roger Hurtado Sánchez, declaró ser uno de los peones de la minería ilegal que venía operando desde el mes de mayo hasta el 18 de setiembre del presente año.

Cabe resaltar que en esa inspección realizada en Cascabamba estuvo presente un equipo periodístico de Perú Siglo XXI y pudimos ver los daños que viene ocasionando la minería ilegal al ecosistema de esa zona agreste donde se proyecta construir una represa para dar solución a la escasez de agua que padece Contumazá .

Nos impresionaron sobremanera los pasivos ambientales, los socavones y el campamento remozado por los mineros ilegales, en estos últimos meses. También nos causó preocupación el futuro  de más de mil 200 vicuñas que pastan y beben en ese lugar que es contaminado por la minería, animales del Estado que por estar en peligro de extinción fueron aclimatados en  Cascabamba. Según el ingeniero Pompeo Azañedo Alcántara, presidente de la Asociación de Criadores de Vicuñas en la Provincia de Contumazá, “algunas vicuñas están muriendo en forma extraña, posiblemente a causa de las sustancias tóxicas que emana la minería informal”.

Nos llenó de indignación la contaminación de una quebrada que pasa a escasos 200 metros de los socavones y del campamento minero, la cual –a decir del propio alcalde- provee de agua para el consumo de la población y también sirve para irrigar más de 5 mil hectáreas de tierras agrícolas.

¿Cuáles serán los daños que viene ocasionando la minería en la salud de los contumacinos? ¿Cuál es el futuro de los pobladores citadinos y de la gente del campo si es que no se erradica, inmediatamente, la minería en  Casacabamba? ¿Por qué nuestras autoridades no declaran zona intangible ese lugar para proteger  la vida y la salud de la población? ¿Será posible construir una represa en Cascabamba para llenar de verdor y convertir en despensa aquellos lomos aplanados de los andes contumacinos?

Para despejar nuestras interrogantes, entrevistamos -junto al socavón- al burgomaestre Wildor Rodríguez Díaz.

Señor alcalde, ¿cómo se llama este lugar?

Estamos en la cuenca de Cascabamba, pero por los minerales que han encontrado también se le llama  mina de Cascabamba o Pozos Ricos. Como usted puede apreciar aquí hay un asentamiento minero muy antiguo.

Aquí hay indicios de minería ilegal.

El campamento había sido remozado y en él se encontró instrumentos para las faenas extractivas así como habitaciones con camas  e indumentaria de los mineros.

El fiscal Roger Hurtado Sánchez lo ha dicho: Aquí hay elementos que evidencian  el ejercicio, reciente, de la minería ilegal. Esos sacos nuevos llenos de mineral, el socavón que está muy cerca de nosotros, el campamento renovado provisto de camas e indumentaria de los mineros, las declaraciones de un minero ilegal dadas al fiscal, entre otros, confirman nuestra denuncia.

Cascabamba es cabecera de cuenca y cuando llueve las sustancias tóxicas de los pasivos ambientales son arrastradas hacia la quebrada que abastece de agua para el consumo  de la población de Contumazá. Esa contaminación también afecta a más de 5 mil hectáreas de tierras agrícolas

¿Qué medidas tomarán las autoridades para erradicar la minería que está causando daño al medio ambiente y contaminando una fuente de agua importante de esta provincia?

El Alcalde, señala la quebrada que pasa a escasos metros del centro minero y es contaminada, causando daño a la salud y a las actividades agropecuarias de la provincia de Contumazá. Dijo que solicitará a la ALA un análisis del agua y tomará las medidas pertinentes para proteger la vida y la salud de la población.

Las autoridades tenemos que actuar rápidamente y con firmeza para erradicar la minería ilegal de este lugar porque es perjudicial tanto para las actividades agropecuarias como para la salud de la población. Luego de esta constatación, lo primero que hará nuestra municipalidad será solicitar a la Autoridad Local del Agua -ALA-  un análisis del agua de esta quebrada que nace en la cabecera de cuenca de Cascabama. 

¿Se ha identificado a las personas responsables de la actividad minera ilegal en la cabecera de cuenca de Cascabamba?

Se tiene algunos nombres de los intermediarios que dirigen esta actividad ilegal, entre ellos Víctor Paredes Angulo y la señora Irma Zegarra Silva, el resto son obreros que trabajan en los socavones en un número de 15, aproximadamente.

¿Desde cuándo venía operando la minería ilegal en Contumazá?

Tengo entendido que venían trabajando desde hace tres meses atrás, entonces nos preguntamos, ¿por qué las autoridades competentes no atendieron  con  más anticipación  las denuncias sobre el caso que hicieron las rondas campesinas de esta provincia?

¿Al respecto, qué hizo la municipalidad que usted dirige?

Nosotros como autoridades locales hemos tomado las acciones correspondientes en forma oportuna. Primero convocamos a una reunión multisectorial en Contumazá y luego hemos ido a Cascabamba para constatar la actividad minera en ese lugar, acompañados por las rondas campesinas. Acto seguido yo, personalmente, en mi condición de alcalde he presentado la denuncia contra los mineros ilegales ante la Fiscalía la cual fue trasladada a la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca. 

Si es que hay demora en las investigaciones y los mineros reinician sus actividades ilegales en Cascabamba, ¿cuál sería la reacción de contumacinos?

Nos reconforta que la Fiscalía de Cajamarca haya constatado el delito que se está cometiendo en perjuicio de los contumacinos y esperamos que, inmediatamente, se ponga coto a la minería ilegal en  nuestra provincia. Pero si no se determina judicialmente la responsabilidad de las personas involucradas en esas actividades ilícitas, entonces el pueblo tomará las acciones correspondientes para defender sus derechos.

¿Qué nos puede decir del cargamento de mineral extraído de Cascabamba que fue cambiado por arena de cerro en la localidad de Chilete?

Es un caso en el que -según informaciones periodísticas- estarían implicados dos fiscales y policías. Las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes. Generalmente, la minería ilegal va de la mano con la corrupción de algunas autoridades.

¿Algún mensaje a su pueblo?

Nuestro pueblo debe saber que tenemos el deber de estar unidos contra la minería ilegal, porque la protección del medio ambiente es tarea de todos. Es nuestra obligación defender las fuentes de agua que  son de vital importancia para la conservación de la vida y el desarrollo de la agricultura y ganadería.

En este punto quisiera agradecer a las rondas campesinas que dirige el paisano Juan Luis Díaz Alva, con las que juntos estamos trabajando en defensa del agua y el medio ambiente.

Municipalidad de Hualgayoc gestiona remediación de pasivos ambientales

La Municipalidad Distrital de Hualgayoc, a través de la Subgerencia de Saneamiento y Medio Ambiente, ha elevado un informe ante

el Gobierno Central, referido al grave daño que vienen ocasionando los pasivos ambientales a los recursos hídricos y a las áreas agropecuarias de su jurisdicción.

“Aquí tenemos pasivos ambientales mineros que han degradado la calidad de los recursos hídricos. Por ello hemos emitido un informe a la Dirección General de Minería y ante el Ministerio del Ambiente. También remitiremos documentos -relacionados a este preocupante problema- a la Comisión de Agricultura del Congreso, a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y a otras instituciones del Estado y de la región Cajamarca concernientes al cuidado y protección del medio ambiente”, señaló Napoleón Gutiérrez Anticona, Sub Gerente del Área de Saneamiento y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc.

Dijo que los pasivos ambientales en su distrito son amplios y perjudiciales y que, si bien es cierto, algunos de ellos ya han sido remediados, aún quedan otros que están causando daños muy graves a la ecología.

Indicó que los pasivos ambientales mineros más preocupantes se hallan ubicados en la comunidad campesina de El Tingo la cual tiene un área bastante dañada debido a la existencia de grandes volúmenes de desmonte minero.

“Allí hay bocatomas abiertas, vertederos de aguas ácidas y ese lugar constituye el foco central de la contaminación de la cuenca Tingo-Maygasbamba”, agregó.

Y para dar solución a este delicado problema que afecta al distrito de Hualgayoc invocó la participación del Estado y de instituciones públicas y privadas involucradas en la protección del medio ambiente.

La contaminación ambiental atañe a todos, de allí que es necesario que el Estado coordine acciones con la municipalidad de Hualgayoc para elaborar y ejecutar proyectos para el tratamiento de las aguas ácidas y convertirlas en agua útil a la agricultura.

Además, el subgerente Napoleón Gutiérrez, hizo un llamado a los pobladores aledaños a esos pasivos ambientales para que no obstaculicen la remediación de los pasivos ambientales “porque el objetivo fundamental de la municipalidad de Hualgayoc es la recuperación de los recursos hídricos que han sido afectados por la minería irresponsable”.

Cabe resaltar que Hualgayoc es un distrito eminentemente minero, actividad que se realiza en su suelo desde la época colonial. Actualmente operan en su territorio diversas empresas mineras, entre ellas Gold Fields La Cima, Minera Coymolache, San Nicolás. , Colquirrumi y Minera Corona.

FORUM POR EL DÍA DE LA TIERRA

Como parte del trabajo de la municipalidad de Hualgayoc, en defensa del medio ambiente, el 05 de junio del año en curso, realizó un Forum-Debate en el marco de las celebraciones por el “Día de la Tierra”.

En ese evento importante participaron como ponentes representantes de las empresas mineras: Gold Fields y Coymolache que abordaron el tema “Gestión en medio ambiente y recursos hídricos”, pero además expusieron sobre el proceso de lixiviación en la explotación minera.

También participaron representantes del Gobierno Central y de instituciones encargadas de velar por los recursos hídricos, entre ellas la Autoridad Nacional del Agua, y la Autoridad Local del Agua (ALA). De igual manera la Fiscalía Ambiental de Cajamarca, la Oficina de Organización y Evaluación de Fiscalización Ambiental de Cajamarca, y panelistas de la ONG Servicios Educativos Rurales (SER).

El Forum-Debate en mención fue un éxito debido a que en él se obtuvieron importantes conclusiones y acuerdos en bien de una minería responsable en defensa de la vida y del medio ambiente.