Gobierno debe proteger a Cascabamba de la minería ilegal

Escribe: Luis Eloy Plasencia Torres (*).

“No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista”. Han tenido que pasar más de 40 años de destrucción, contaminación y muerte en Cascabamba -situada en la provincia de Contumazá- para que al fin la Autoridad Nacional del Agua (ANA) reconozca que dicho lugar es cabecera de cuenca y que es contaminado por la minería ilegal.

Efectivamente, allí, a 4 mil metros sobre el nivel del mar, específicamente en la zona denominada Pozos Ricos, mineros informales continúan realizando la explotación de minerales, entre ellos oro y plata, desde hace más de cuatro décadas, sin contar con licencia legal ni social.

Perú Siglo XXI ha sido testigo -en estos últimos años- de la lucha valiente del pueblo contumacino junto a los hermanos casqueños de la provincia de Gran Chimú (región La Libertad). Corren a los mineros ilegales, pero éstos -cual zorros dañinos- se esconden ante el aviso de infiltrados antes de que sean pillados en inspecciones que realizan las autoridades por exigencia de la población organizada.

Y, pasados unos días, los mineros vuelven a sus actividades ilícitas, destructivas y contaminantes. Continúan matando diversas formas de vida, con sustancias químicas y explosiones, en esas alturas solitarias  de Contumazá.

Mientras que los dirigentes populares -entre los que destacan los ronderos- defensores del agua, la vida y el medio ambiente son acusados de subvertir el orden y ocasionar daño a la propiedad privada de los mineros y, paradójicamente, son investigados por la Fiscalía como si fueran los malos de la película.

Así, han pasado largos años, entre inspecciones avisadas, protección de los destructores de la naturaleza y denuncias contra los defensores del agua y el medio ambiente. Un círculo vicioso que ha generado contaminación, baja producción agrícola, enfermedades y muertes.

Sin embargo, esa lucha persistente de dos pueblos hermanos contra la minería ilegal, ha motivado la intervención de la ANA -a solicitud de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú- institución que luego de visitar y realizar estudios del suelo y el agua de Cascabamba ha concluido que el lugar es cabecera de cuenca y es contaminado por la minería informal.

Las apreciaciones detalladas de las investigaciones de la ANA, al respecto, figuran en el Informe Nº 016-2019-ANA-AAA-HCH-QALA-CHICAMA-AT/JBPÑ, firmado por el Ing. Ricardo David Castillo Salazar (administrador del Agua  Chicama) y Juan Benito Polo Ñique (jefe del Área Técnica de Calidad ALA Chicama).

En el documento señalado dice que “en el recorrido por el sector los Pozos Ricos, cabecera de cuenca del río Ochape que es tributario del río Chicama, se constató la existencia de socavones y actividades de extracción de mineral aurífero, no existiendo el tratamiento de efluentes de esta actividad, comprometiendo las condiciones de la calidad del agua que va directamente al a río Ochape y quebradas existentes en la parte alta de la cuenca”.

Ojo, la ANA dice que el lugar es cabecera de cuenca, definición que la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Cajamarca nunca la dio, pese a que sus representantes constataron, hace tiempo, aquella naciente de agua y la actividad minera que la afecta.

Agrega el informe que “se constató la existencia de restos de residuos producidos por las actividades mineras, abandonados… que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población y el ecosistema circundante…”

Nosotros queremos agregar a ese informe que esas actividades mineras continúan. Los mineros ilegales siguen extrayendo toneladas de minerales que los llevan en enormes camiones a vista y paciencia de algunas autoridades. Pobladores de Contumazá así lo testimonian.

Además, la contaminación y destrucción de la cabecera de cuenca aludida no solamente está afectando a la provincia de Gran Chimú sino también a miles de pobladores de la provincia de Contumazá quienes utilizan el agua que nace en Cascabamba para su consumo y para realizar actividades agrícolas.

Por ello el informe de la ANA concluye que “según el D.L Nº 1101, Artículo 4…los titulares de operaciones de la pequeña minería y minería artesanal son responsables por los impactos ambientales de las actividades a su cargo, incluida la rehabilitación ambiental, siéndoles de aplicación la legislación ambiental sectorial y transectorial que regula esta materia…”.

Y en su segunda conclusión manifiesta que “según el D.S. Nº 003-2009-EM, los gobiernos regionales, a través de sus respectivas Direcciones Regionales de Energía y Minas u órganos que cumplan funciones equivalentes…son los encargados de evaluar y aprobar los instrumentos de remediación…Asimismo están a cargo de la fiscalización de estos instrumentos, y la consecuente imposición de sanciones”.

Además el informe aclara que la ANA -con opinión del Ministerio del Ambiente- puede declarar zonas intangibles en los que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua.

Sostiene también que de acuerdo a la Ley Nº 28804 que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, modificada por la Ley Nº 29243 “…se considera emergencia ambiental la situación en la cual, no siendo el hecho desencadenante inesperado, la gravedad de sus efectos o impactos en la salud y la vida de las personas o en su entorno ambiental requiera la acción inmediata sectorial a nivel local, regional o nacional”.

Más claro ni el agua. La ANA está pidiendo al Ministerio del Ambiente le dé potestad, de acuerdo a ley, para declarar zona intangible a la cabecera de cuenca de Cascabamba.

Con este informe la ANA ha puesto el cascabel al gato, mejor dicho a los mineros ilegales que operan en los Pozos Ricos. El mismo que ha sido entregado a la Municipalidad Provincial de Gran Chimú, Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca , la OEFA de Cajamarca, y a la Fiscalía Provincial de Contumazá

Entonces resta que los representantes de las instituciones del Estado, llamados a dar solución a este grave problema, hagan respetar la ley y erradiquen definitivamente a la minería ilegal de Cascabamba, porque está ocasionando destrucción en perjuicio del agua, el  medio ambiente y la salud de miles de pobladores.

Esa tarea es de vida o muerte. Por lo tanto la deben realizar urgentemente. Los pueblos hermanos de Contumazá y Cascas así lo demandan y les agradecerán eternamente.

  (*) Director del periódico PERÚ SIGLO XXI.