Escribe: Luis Eloy Plasencia Torres. |
Es de necesidad urgente una Ordenanza Municipal que declare a la cabecera
de cuenca de Cascabamba como zona turística y no apta para la minería.
La norma servirá para impulsar el turismo en esa área ubicada en los
andes contumacinos, pero, además, erradicaría la minería ilegal que desde hace
más de 40 años viene causando graves daños al agua y el medio ambiente.
Contumazá se enaltece de ser “Tierra de intelectuales y del buen trigo” y
tiene entre sus hijos a ilustres políticos e intelectuales. En su historia destacan
el ex diputado aprista Fidel Zárate Plasencia, y el poeta de talla
internacional Mario Florián.
También tiene un pueblo heroico que jugó un papel importante en la lucha
por la independencia nacional y que defiende con valor y decisión los sagrados
intereses de nuestra provincia. Ese pueblo, cuyo corazón está conformado por
las famosas rondas campesinas, es el que corre a los mineros ilegales quienes
destruyen la naturaleza, pero lamentablemente éstos son protegidos por jueces y
fiscales venales.
Poderoso caballero es el dinero. Se calcula en 20 mil soles la carga de
minerales de cada camión que extrae la mafia minera de Cascabamba y son varios
los vehículos en los que diariamente se roban la riqueza de Contumazá ante las
narices de las autoridades encargadas de velar por la seguridad, el orden y los derechos
de las personas.
Aunque, de vez en cuando, para aplacar la ira de la población -motivada
por los hechos indicados- esas autoridades decomisan uno que otro cargamento de
mineral a exigencias de la población organizada, pero luego lo devuelven y
formulan sendas denuncias en contra de los dirigentes del pueblo “por alterar
el orden” o “por causar perjuicio a la propiedad privada” de los mineros.
Uno de estos casos que subleva el espíritu, se dio en el mes de diciembre
del año pasado, cuando la Fiscalía de Contumazá, alertada por la Policía,
detuvo un camión que salía de Cascabamba y decomisó su cargamento de mineral,
sin embargo el Poder Judicial inmediatamente ordenó que se devuelva el mineral
a sus propietarios (los mineros).
Esta vez, la Fiscalía apeló y no acató esa orden por considerar que no
hay quien acredite ser propietario del mineral incautado.
Como se puede notar, en este caso tanto el Ministerio Público como el
Poder Judicial no hablan de la protección de la cabecera de cuenca de Cascabamba
que puede ser defendida con la Ley 30640 -presentada por el congresista Marco
Arana del Frente Amplio, discutida y aprobada en la Comisión de Pueblos y el
Pleno del Congreso de la República y promulgada en El Peruano el 19 de agosto
del 2017-, que modifica la Ley 29338 de Recursos Hídricos y establece
“Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las
Cabeceras de Cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y
Lago Titicaca”.
También la pueden defender con el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-Ley 29785 que
establece la consulta previa a los pueblos afectados para la
explotación minera en cabecera de cuenca. En el Perú, el Congreso Constituyente
Democrático aprobó dicho Convenio mediante Resolución Legislativa Nº 26253, del
2 de diciembre de 1993, que entró en vigencia 12 meses después.
Sin embargo, parece que a los doctores de la ley más les interesa saber quién o quiénes son los propietarios
del mineral decomisado y les importa un bledo la defensa del medio ambiente y
la vida de las personas.
O quizás están esperando que la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
identifique y delimite la cabecera de cuenca de Cascabamba, cuando ésta no
ejecuta su trabajo porque el Gobierno
Regional de Cajamarca aún no le otorga información sobre la zonificación ecológica
y económica ni le hace ver su plan de
reordenamiento territorial.
¿Cuándo la ANA y el Gobierno Regional de Cajamarca se pondrán de acuerdo
para declarar cabecera de cuenca a Cascabamba? ¿Hasta cuándo las autoridades
locales tendrán que esperar para proteger la principal fuente de agua que da
vida a miles de pobladores de la provincia de Contumazá?
Consideramos, de vital importancia y de necesidad urgente, que la
Municipalidad Provincial de Contumazá elabore y apruebe una Ordenanza Municipal
para proteger la cabecera de cuenca de Cascabamba. Caso contrario los mineros
informales pueden atraer la voracidad de empresas transnacionales -entre ellas
Yanacocha- que pueden desatar mayor destrucción y muerte en Cascabamba, el Kuan
y otros parajes bellos y vivificantes de nuestra provincia.
Ordenanza Municipal que ayude a defender Cascabamba, ahora. Mañana puede
ser muy tarde.
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