Los
defensores de las actividades extractivistas, sostienen que los “antimineros”
han encontrado dos términos muy efectistas que son colchón acuífero y cabeceras
de cuenca.
Dicen
que: “El primero hace consentir que los acuíferos son un ‘colchón’ plano donde
está el agua que alimenta los manantiales, y el segundo sugiere que nacen las
aguas de las partes altas de la cuenca… pero (que ambos términos) son términos
falaces”.
Raúl
Benavides –hermano de Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, y cuya familia
es propietaria de la minera Buenaventura– da argumentos técnicos atendibles de
por qué serían falaces, pero lo que más le preocupa son dos cosas: Por un lado
que el 90% de las minas y los minerales se encuentran por encima de los 3,000
metros sobre el nivel del mar, por lo tanto en cabecera de cuenca. Y, por otro,
se pregunta, ¿qué sería de nuestra sierra sin minería?
En
resumen, sostiene el empresario minero en Lampadia, que la defensa de las
cabeceras de cuenca “es una forma de oponerse a todo emprendimiento minero
futuro (y) haría que los funcionarios de la ANA (Autoridad Nacional del Agua)
sean constantemente hostilizados por elementos conservacionistas y antisistema
para que declaren inviables proyectos (mineros, lo que) se puede usar para
oponerse a represamientos, hidroeléctricas y hasta incluso carreteras por ser
cabecera de cuenca”.
Por
lo anterior, sostiene Raúl Benavides, es necesario derogar cuanto antes la Ley
30640 –presentada por el congresista Marco Arana del Frente Amplio, discutida y
aprobada en la Comisión de Pueblos y el Pleno del Congreso de la República y
promulgada en El Peruano el 19 de agosto–, que modifica la Ley 29338 de
Recursos Hídricos y establece “Criterios Técnicos para la Identificación,
Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes
Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca”.
Acorde
con esta ley modificatoria, apoyada por la izquierda, los fujimoristas y
congresistas de PPK, la ANA, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede
“declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso,
disposición o vertimiento de agua y otorga 90 días para adecuar la norma
reglamentaria y 365 días para elaborar el marco metodológico para
implementarla”.
Según
Raúl Benavides y Lampadia, las consecuencias de aplicar esta ley serían que
ningún proyecto de inversión podrá ser desarrollado hasta no saber si será
declarado “cabecera de cuenca”, que todo proyecto de reservorio de agua,
hidroeléctrica, mina u otro deberá esperar a que la ANA diga si es o no
cabecera de cuenca antes de comprometer la inversión, que la ley de marras
genera mayor “permisología” –término acuñado por la tecnocracia neoliberal–,
atentando contra una de las Políticas de Estado proclamadas por PPK y el
Congreso, que es la simplificación administrativa. Es más, sostiene Raúl
Benavides, esta modificatoria de la Ley de Aguas será una fuente más de
conflictos para los proyectos de inversión.
Sin
embargo, los extractivistas mineros, que se expresaron largamente contra esta
ley en la reciente Perumin 33 (Arequipa, 18 al 22 de setiembre), no saben o no
quieren saber que en varios de países como Canadá, Estados Unidos, Australia,
Nueva Zelandia, muchos de Europa, los proyectos extractivos y en general los
productivos, incluyendo megaproyectos de construcción para viviendas,
carreteras y energía, tienen vallas ambientales e institucionales que NO
permiten que se instalen en cabeceras de cuencas y acuíferos subterráneos.
Tampoco
permiten que se impulsen a tajo abierto, que afecten áreas naturales protegidas
o sitios incluidos bajo la Convención de Ramsar (sobre humedales con especies
endémicas de flora y fauna), que destruyan sitios arqueológicos y santuarios religiosos
de pueblos indígenas y no indígenas, que se realicen sin procesos previos de
ordenamiento territorial, que se desarrollen sin consulta a los ciudadanos (vía
referéndum) o pueblos indígenas (vía aplicación del Convenio 169 de la OIT),
que violentan los usos y costumbres locales (culinaria, patrones comunitarios,
prostitución, consumo de drogas), entre otros.
¿Existe
extractivismo responsable en el Perú, es decir empresas con responsabilidad
social y ambiental? Tengo serias dudas, ya que la mayoría de nuestras empresas
mineras ni siquiera cumplen los principios que varias de ellas, agrupadas en el
Consejo Mundial de Minería y Metales (ICMM, por su sigla en inglés) firmaron en
mayo del 2003.
Sostengo
que no hay verde sin azul, no hay agricultura, ganadería, piscicultura,
maricultura, árboles y biodiversidad sin agua y no hay agua con extractivismo
irresponsable, depredador, sin procesos sociales, políticos y técnicos de
ordenamiento territorial (OT), evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y
estudios de impacto ambiental (EIA). El agua blanca y dura de los glaciares se
está derritiendo. En 44 años los glaciares peruanos retrocedieron en un 42%: en
1970 habían 2,041 Km2 de superficie glaciar; al 2014 solo quedaban 1,211 Km2.
Se ha perdido el agua que consume Lima en 20 años y los glaciares ubicados
debajo de 5,000 msnm podrían desaparecer en el 2021.
La
tierra se está secando, el verde se está talando en la Amazonía como muestran
los 8 a 10 millones de hectáreas ya arrasadas, la agricultura está colapsando,
el mar lo estamos contaminando y agotando sus recursos. El hambre puede
comenzar a matarnos en un país que busca ser una potencia gastronómica y
pertenecer a la OCDE. El stress hídrico nos toca la puerta ya que el agua dulce
disponible se encuentra principalmente en humedales, bofedales, lagunas y
acuíferos subterráneos que están desapareciendo: la minería metálica y no
metálica está bajo ellos en las cabeceras de cuenca..
(Publicado por el Diario Uno - Lima)
