De acuerdo a una resolución emitida el último jueves
7 de abril, la Corte IDH señaló que el Estado del Perú debe abstenerse “de
implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 1 de marzo
de 2022, que restituye los efectos del indulto ‘por razones humanitarias’
concedido a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre del 2017″.
Asimismo, el órgano internacional consideró que el
indulto otorgado por el Tribunal Constitucional “no cumplió con las condiciones
determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30
de mayo de 2018″.
La Corte IDH instó al Estado peruano a presentar, a
más tardar el 13 de mayo de 2022, un informe sobre el cumplimiento de la
obligación de investigar, juzgar y sancionar en lo relativo a no ejecutar la
sentencia dictada por el TC el último 17 de marzo, que restituye los efectos
del indulto a Fujimori.
“VALIENTE
DECISIÓN”
Tamara Taraciuk, actual directora para las Américas
de Human Rights Watch, calificó de “valiente” la reciente decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con la que ordena que el Estado
peruano debe abstenerse de liberar al exdictador Alberto Fujimori, quien se
encuentra tras las rejas desde el 2009 por violaciones a los derechos humanos.
“Celebramos la
decisión de la Corte IDH que ordena no implementar la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la liberación de Fujimori. La decisión del Tribunal
Constitucional fue una burla para las víctimas de los crímenes de La Cantuta y
Barrios Altos. Esta valiente decisión de la Corte Interamericana reivindica sus
derechos”, manifestó.
FUJIMORI NO SALE
El procurador supranacional Carlos Reaño confirmó
que el Estado Peruano cumplirá con la disposición de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de ordenar a nuestro país de abstenerse de ejecutar la
decisión de liberación de Alberto Fujimori, quien fue sentenciado a 25 años de
prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Detalló que la disposición de la Corte IDH tiene un
carácter vinculante, por lo tanto, procedió a notificar al Ministerio de
Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al Instituto Nacional
Penitenciario (INPE) y al Tribunal Constitucional (TC) para que no se proceda
con la excarcelación del exmandatario.
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