Escribe: Laura Puertas
La
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Perú entregó su voluminoso
informe final al presidente Alejandro Toledo, donde resume y analiza las causas
de la violencia política de los últimos 20 años del siglo pasado en este país.
El
documento acusa a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y a su líder Abimael
Guzmán de ser los principales violadores de derechos humanos, y estima que 69
mil 280 personas murieron o ”desaparecieron” en el periodo 1980-2000, víctimas
de la insurgencia o de la represión estatal. Tres de cada cuatro eran
quechua-hablantes.
El
informe también endilga responsabilidad política a los ex presidentes Fernando
Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985- 1990), y responsabilidad penal a
Alberto Fujimori (1990-2000).
Este
documento puso fin a dos años de investigaciones, en las que se reunieron más
de 16 mil testimonios recogidos desde
530 lugares remotos de Perú.
Respecto
de las dimensiones del conflicto interno, la estimación de víctimas de la CVR
supera hasta en tres veces la cifra manejada hasta ahora en el país.
Este
saldo es mayor a las estimaciones independientes de 30 mil muertes o
desapariciones perpetradas por la dictadura militar de Argentina entre 1976 y
1983, y es el segundo más grave de América Latina detrás de las 200 mil
víctimas de la represión a la insurgencia guatemalteca (1960-1996).
La
mayoría de esas víctimas vivía en zonas rurales (79 por ciento), tres de cada
cuatro eran quechua-hablantes, y 68 por ciento contaban con educación primaria
completa o incompleta.
Asimismo,
la CVR constató que en el departamento andino de Ayacucho —donde se inició la
guerra— se concentró 40 por ciento de los muertos y desaparecidos, proporción
que sube a 85 por ciento si se suman los casos registrados en los centrales
Huánuco y San Martín, y en Huancavelica y Apurímac, en el sur.
Según
la CVR, el principal responsable de las muertes y desapariciones es Sendero
Luminoso, al que le adjudica el 54 por ciento de las víctimas, señalando que se
trata de un caso excepcional entre los grupos insurgentes de América Latina.
Sendero
”desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron la tortura
y la sevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la
población que buscaban controlar”, dice el informe.
En
cambio, el también guerrillero Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue
responsable de apenas 1,5 por ciento del total de muertes y desapariciones,
según las evidencias presentadas por la CVR.
No
obstante, el MRTA incurrió en”actos criminales, asesinatos, toma de rehenes y a
la práctica sistemática del secuestro”, asevera.
En
tercer lugar, el informe se ocupa de la responsabilidad de los gobiernos
democráticos de Belaúnde y García y del dictatorial de Fujimori, quien, electo
democráticamente, condujo un autogolpe de Estado en abril de 1992.
Si
bien el informe reconoce el mantenimiento de las formas democráticas hasta esa
fecha, sostiene que quienes gobernaron ”carecieron de la comprensión necesaria
y del manejo adecuado del conflicto armado”.
También
afirma que en esos gobiernos se produjo una subordinación de hecho de las
autoridades civiles a la estrategia antisubversiva de las fuerzas de seguridad.
La
CVR estima que los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori son responsables
pues erraron al no aplicar una estrategia integral, y permitieron que en
ciertos momentos y zonas del conflicto la violación de derechos humanos se
volviera una práctica sistemática de las Fuerzas Armadas. (Extracto del artículo publicado
el 28 de agosto del 2003)
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