Durante la presentación de su 22° Reporte Semestral, el Observatorio de
Conflictos Mineros alertó sobre la corrupción y el tráfico de influencias que
se evidencian en diversos casos de toma de decisiones ambientales en los
sectores extractivos.
El recientemente denunciado caso de una presunta presión por parte del ex
presidente García para favorecer a la empresa minera Sulliden recuerda a los
famosos tratos entre Montesinos y Newmont en relación a la empresa Yanacocha.
De igual manera, la detención de varios funcionarios del Gobierno
Regional de Madre de Dios por presuntamente recibir pagos de mineros ilegales
–incluido en este reporte semestral- muestra la penetración de la corrupción en
la institucionalidad estatal que debería garantizar una adecuada gestión
ambiental.
“En el marco de la crisis por corrupción evidenciada en estas semanas a
todo nivel, cabe preguntarse ¿hasta dónde han penetrado estos poderes en los
ámbitos donde se toman decisiones sobre intereses mineros y temas
ambientales?”, señaló José De Echave, coordinador del OCM.
“De alguna manera, la devastación ambiental en Madre de Dios y otras
zonas del país también es consecuencia de la impunidad, las puertas giratorias
y la corrupción”, señaló.
LAS BAMBAS
En otro momento, el OCM denunció que el transporte de concentrados e
insumos mineros en Las Bambas carece de instrumentos de gestión ambiental y de
fiscalización adecuados, convirtiéndose en el principal foco de conflicto socioambiental
de la zona.
La carretera ha sido construida en buena
parte sobre terrenos comunales y vías locales, y ha sido aprobada por
tramos sin pasar por todos los filtros legales. El transporte de concentrados
no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental que identifique impactos y
medidas de mitigación, y por ello nadie asume los daños ambientales que ya se
registran en la zona.
Ana Leyva, Directora de CooperAcción, explicó que los instrumentos de
prevención y fiscalización ambiental del Estado no están funcionando en el
Corredor Minero que conecta Las Bambas, en Apurímac, con el puerto de Matarani,
en Arequipa.
Por el contrario, impera una debilidad institucional que hace que no se
cuente con los instrumentos necesarios, que nadie controle los impactos
ambientales y sociales, corrija los problemas existentes y asuma la
responsabilidad por ellos, dejando a la población del entorno en el desamparo.
“El principal foco de conflicto en torno al megaproyecto Las Bambas ha
tenido que ver con los impactos causados por la carretera, una vía por donde
transitan al menos 370 vehículos diariamente, que genera polvo, vibraciones y
ruido; y donde el 90% de su uso es solo para la minera”, advirtió.
Por su parte, De Echave afirmó que “este caso muestra cómo son las debilidades
de la institucionalidad ambiental, el principal factor que actualmente propicia
el surgimiento de los conflictos socioambientales”.
MONTAÑA DE 7 COLORES
El 22° reporte del OCM advierte de una irracional política de concesiones
mineras que causa desorden y pone en riesgo las zonas protegidas en el país.
Casos como el de la Montaña de Siete Colores, ubicada en los límites de
las provincias de Canchis y Quispicanchi, en Cusco, que forma parte del terreno
concesionado a la empresa minera Minquest Perú, generan preocupación en los
términos de políticas públicas en dicha materia.
De Echave reveló que existen casos similares en otras partes del país.
Por ejemplo, en Cajamarca, existen concesiones en el área de Lagunas de Alto
Perú e incluso la empresa minera Yanacocha es propietaria de parte de la
superficie de esta zona de gran importancia hídrica y también turística.
Lo mismo ocurre en el Santuario Nacional de Tabaconas Namballe
(Cajamarca), que también fue concesionado, en el Apu Huaytapallana (Junín), en
la reserva paisajistica Nor Yauyos Cochas (Lima), en la cordillera Huayhuash
(Lima), entre otras.
Sería importante que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el
Estado pueda informar sobre la situación actual de las diferentes zonas
protegidas en todo el país y las presiones que ejercen diferentes actividades
extractivas como consecuencia de las concesiones que se otorgan.
Este caso también pone en evidencia la necesidad de contar con una
efectiva política de ordenamiento territorial y seguir impulsando en los
territorios los procesos de zonificación económica y ecológica: “Nosotros no
estamos diciendo que no se otorguen concesiones mineras o que la minería no sea
una actividad importante. Pero las políticas de concesiones se han agotado,
generan desorden, intervenciones caóticas y terminan poniendo en riesgo zonas
del país que deberían estar destinadas a otro tipo de uso”, sostuvo.
Aumenta la conflictividad y Defensoría no reporta todos ls conflictos
Entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, los conflictos sociales pasaron
de 169 a 198 a nivel nacional, el nivel más alto de los últimos meses. De este
total, el 64.6% de los conflictos son socio-ambientales y el 65.6% son casos
vinculados a la minería.
Como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, Ancash es la región que
concentra el mayor número de conflictos: 28 que representan el 14.1% del total
nacional. Le siguen Puno con 19 y una participación del 9.6%; Apurímac y Cusco
con 14 conflictos cada uno y una participación del 7.1%. Cierra este grupo
Cajamarca, con 13 conflictos y una participación del 6.6%. En todas estas
regiones predominan los conflictos activos.
De otro lado, el Reporte del OCM ha identificado al menos doce casos de
conflictos mineros ocurridos en el primer semestre del año que no figuran en
los registros de la Defensoría del Pueblo en ninguna de sus categorías:
conflictos activos, conflictos latentes, o alertas tempranas.
“¿Qué está pasando con la Defensoría, han cambiado su metodología?”, se
preguntan los voceros del OCM, al indicar que el reporte defensorial no estaría
reflejando lo que realmente está pasando en las zonas, y si hay cambios en su
metodología, la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de explicarle a la
opinión pública.
Se trata de conflictos específicamente mineros sobre un total de 127
conflictos socioambientales registrados oficialmente, lo que significa un 10%.
Es importante que este posible sub-registro sea analizado por las autoridades
correspondientes, a fin de ajustar la metodología para garantizar que los
informes oficiales reflejen de manera completa las tendencias de la
conflictividad social, de manera que permitan una óptima toma de decisiones
para la prevención y transformación de conflictos.
(Fuente: Agencia de Noticias Andina).
