Papelón en el Congreso

Escribe: Agustín Haya de La Torre.

En el contexto del debate de una moción sin documentos probatorios sobre la vacancia presidencial, la mayoría oficialista aprobó en la Sub comisión de Acusaciones Constitucionales, sanciones contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, por supuestamente haber cambiado el voto de un antiguo miembro, en las decisiones sobre el caso El Frontón.

La Corte de San José dispuso suspender el proceso de sanción contra los jueces de inmediato. No podía ser de otra manera, pues la mayoría en dicha comisión violó groseramente la Constitución del Estado.

El artículo 201 señala tajantemente el carácter autónomo e independiente del Tribunal Constitucional. Sus integrantes gozan de “la misma inmunidad y las mismas prerrogativas de los congresistas”. Por tanto son autónomos en la emisión de sus votos y opiniones.

El problema lo pusieron en agenda un grupo de marinos, que durante casi tres décadas eluden a la justicia por los crímenes cometidos en el amotinamiento de El Frontón. Uno de los actores, arrepentido, detalló la barbarie desatada, lo que no impidió la actitud prevaricadora de una sala anterior.

Como lo registra la historia, el 18 y 19 de junio de 1986, se produjo un motín en tres penales limeños, de presos de la banda terrorista Sendero Luminoso. En ningún caso lograron escapar, por lo que fueron fácilmente rendidos.

El problema devino en tragedia cuando la totalidad de los 124 rendidos terminaron asesinados por las fuerzas policiales y militares, mientras que en El Frontón, la Marina recurrió a un insensato bombardeo de los alrededor de 200 encerrados. No solo aplicaron un irracional y desproporcionado uso de la fueza, sino que a los sometidos, los mataron uno a uno.

Para lograr su cometido, se basaron en que el gobierno le encargó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el develamiento. Encima los penales fueron declarados “zona militar restringida”., suspendiéndose no solo la autoridad civil, sino en la práctica el estado de derecho.

El fujimorismo pretende consagrar así, de nuevo, la brutalidad contra los derechos fundamentales.