¡Fuera mineros ilegales de Contumazá!

En la inspección realizada en octubre del 2015, en la que participó el fiscal Róger Hurtado -con gorra y lentes oscuros- constatamos que la actividad minera en Cascabamba está contaminando y destruyendo la única fuente de agua de Contumazá.

Escribe: Luis Eloy Plasencia Torres.

Con un ilusorio castillo de fuegos artificiales, los mineros ilegales que están contaminando la cabecera de cuenca de Cascabamba, han pretendido disfrazarse de empresarios exitosos y regalones, incluso fingieron ser devotos en la celebración de la festividad del Santo Patrón San Mateo.

Con esa estrategia chata, doña Irma Zegarra y compañía quizás engatusaron a gente humilde del campo -porque desconoce las fechorías que los mineros ilegales vienen cometiendo en contra de la naturaleza, la vida y la salud en la zona denominada Pozos Ricos. Empero para la gente de la ciudad, ese regalito ha sido un chiste de muy mal gusto que arrancó una que otra sonrisa malévola de algunos opositores del alcalde Wildor Rodríguez Díaz, risa que se apagó con la efímera gracia del castillo artificial.

¡Qué tal descaro y osadía de esos mineros ilegales! La pseuda empresa Minera Cascabamba no es más que una fachada de un grupo mafioso que está robándose el oro así como la salud y la vida del pueblo contumacino.

Y para cometer ese latrocinio y atropellar los derechos elementales de las personas no tiene reparo en dinamitar el lecho del río Contumazá y contaminarlo con mercurio, arsenio y otras sustancias tóxicas con el agravante de que éste -el río- es la única fuente de agua que utilizan los pobladores para beber y realizar sus actividades agropecuarias.

Pero esa osadía de la susodicha va más allá de lo imaginable, se burla del Derecho Minero cuando dice respetar la ley y  que su empresa está en proceso de formalización.

Eso del proceso de formalización es puro cuento, jamás el Estado va a formalizar a una empresa que está dañando a la naturaleza y contaminando el agua en detrimento de la salud de miles de pobladores.

Doña Irma esgrime solo palabras y palabras, solo cháchara y no presenta ningún documento legal, porque nunca lo tendrá, pues sus mineros están explotando minerales en una zona prohibida para la actividad minera. Esa zona se llama Cascabamba la cual es cabecera de cuenca y en ella se encuentra la única fuente de agua que utiliza la población contumacina para su consumo diario y para realizar sus actividades agropecuarias.

Es decir la doña y compañía están pisoteando la ley y atentando contra la vida y el medio ambiente. Están delinquiendo, deben ser juzgados y sancionados,  ejemplarmente.

DERECHO MINERO

El Derecho Minero mediante el Decreto Legislativo 1100  permite activar el aparato gubernamental para que, desde distintos frentes, se atiendan los derechos vulnerados de las personas perjudicadas por la actividad minera ilegal y se inicien acciones de intervención real en las zonas donde se realiza dicha minería.

Ante el incumplimiento de estas prohibiciones, el Estado está autorizado a realizar operativos de decomiso y destrucción de maquinaria.

Asimismo, establece la intervención del Ministerio de la Mujer en la identificación de víctimas de trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso en campamentos mineros.

Finalmente, autoriza el apoyo de las Fuerzas Armadas para la lucha contra la actividad minera ilegal y promueve la participación de la empresa estatal para remediar los pasivos ambientales originados por la mencionada actividad.

Todo ello con el fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la protección del ambiente y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

Además los Decretos Legislativos 1101, 1102, 1106 establecen medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismos de lucha contra la minería ilegal.

Y el Decreto Legislativo 1107 instaura normas para controlar y fiscalizar en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que pueden ser utilizados en la minería ilegal así como del producto minero obtenido en dicha actividad.

Estos y otros decretos legislativos fueron dados por el Estado, en el año 2012, para detener el grave impacto que causa la minería ilegal en el medio ambiente así como la criminalidad ligada a la mencionada actividad.

Ojo, las personas que trabajan en la minería ilegal pueden ser sancionadas penalmente con 8 a 10 años de cárcel.

FISCALÍA NO HACE RESPETAR LA LEY

Sin embargo, en el caso de Cascabamba, da la impresión que a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca no le interesa hacer respetar la ley en defensa del medio ambiente y los derechos de la población contumacina, entre ellos los de la salud y la vida que son amenazados por la contaminación que provoca la minería ilegal.

Según declaraciones de autoridades y dirigentes de la provincia de Contumazá, el representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca, recientemente ha ordenado devolver un volquete cargado con minerales extraídos de Cascabamba porque “esa empresa  minera está en proceso de formalización, no podemos ir contra el ordenamiento jurídico” habría dicho el fiscal cajamarquino.

La sospechosa actitud de dicha fiscalía nos induce a desconfiar de nuestras autoridades encargadas de prevenir e investigar los delitos ambientales previstos en el Código Penal, y de promover la defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

Mas aún si la referida fiscalía participó, en octubre del 2015, de una inspección ocular en Cascabamba. En aquella intervención participaron el alcalde provincial de Contumazá, ingeniero Wildor Rodríguez, el fiscal Róger Hurtado, policías, representantes del Gobierno Regional de Cajamarca,  funcionarios municipales y reporteros de Perú Siglo XXI.

En aquella oportunidad pudimos constatar, en el lugar de los hechos que, efectivamente, en la cabecera de cuenca de Cascabamba se viene realizando minería ilegal. Días después fueron decomisados dos tráileres cargados de mineral extraído de la referida mina.

Han pasado más de dos años, desde aquella inspección que originó una denuncia de parte del alcalde contra los mineros ilegales, pero hasta la fecha no se hace justicia al pueblo de Contumazá, muy por el contrario se está protegiendo a los denunciados.

EL PUEBLO SE ORGANIZA

Frente a la inoperatividad de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca, las autoridades, ronderos, dirigentes y  pobladores de Contumazá y Cascas se han organizado y tomado la decisión de echar definitivamente a los mineros ilegales de la mina de Cascabamba quienes habían contratado delincuentes para atemorizar a la población.

El 31 de octubre último, más de mil pobladores de las dos provincias afectadas han corrido a los destructores del medio ambiente, en las alturas de Cascabamba, y destruido el campamento minero. Y en el lugar de los hechos han tomado importantes acuerdos para proteger el agua y el medio ambiente.

Esta acción es la primera victoria del pueblo organizado en su lucha frontal contra la minería ilegal. Pero no hay que bajar la guardia. A los acuerdos tomados debería agregarse una Ordenanza Municipal creada y aprobada por la Municipalidad Provincial de Contumazá que declare zona intangible a la cuenca de Cascabamba, norma que reforzará los instrumentos legales para defender, en el futuro, la naciente de agua de nuestra provincia.

Perú Siglo XXI se suma a esta gesta en defensa del agua, la vida y el medio ambiente. Sin temor a las amenazas de los enemigos de la vida decimos -en voz alta- junto al valiente pueblo del poeta Mario Florián: ¡Fuera de Contumazá mineros ilegales, porque en esta tierra bendita manda el pueblo no la mafia ni autoridades corruptas!