Muerte civil para los corruptos

Por: Luis Eloy Plasencia Torres.

El 21 de octubre del presente año, después de casi tres meses de asumir la Presidencia de la República, el economista Pedro Pablo Kucsynski -PPK- dio el primer paso para cumplir una de sus promesas con las  que convenció a la mayoría de los peruanos para que voten por él: Luchar frontalmente contra la corrupción.

Se trata del Decreto Legislativo N° 1243 que ha  modificado el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para establecer la muerte civil para los funcionarios condenados por delitos de corrupción.

Es el  primer decreto legislativo en materia de lucha anticorrupción, dado por el actual  gobierno en el marco de las  facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República el pasado 29 de septiembre, por el término de 90 días.

La norma tiene como finalidad establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar el castigo perpetuo para los delitos cometidos contra la administración pública. Además crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados.

En el caso de la inhabilitación principal contra los funcionarios condenados por corrupción, ésta se extiende hasta años 20 años.

Pero la novedad del decreto es la prohibición perpetua de ejercer un cargo público, sanción que recaerá contra los funcionarios que fueron sentenciados por haber pertenecido a “una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias.”

En cuanto al Registro Único de Condenados Inhabilitados por Delitos Contra la Administración Pública, éste estará a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) el cual será público y “las entidades públicas que vayan a incorporar a un servidor deberán consultar obligatoriamente este Registro antes de decidir el nombramiento, bajo responsabilidad”, dice la norma con rango de ley.

Además hay otras sanciones que se extienden, incluso, hacia los corruptores de autoridades -entre ellos abogados- y al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando éstos “usen vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda”.

Los delitos contra la Administración Pública mencionados en el decreto legislativo son concusión, cobro indebido, colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, peculado de uso, malversación, soborno internacional pasivo, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El Decreto Legislativo N° 1243, es todas luces, un paso importante que da el gobierno de PPK con el propósito de luchar contra la corrupción.

Sin embargo conocedores de que los juicios contra los funcionarios corruptos de alto nivel son de nunca acabar, éstos deben ser sumarios, tal y como se procesó jurídicamente  al ex dictador Alberto Fujimori y su banda.

Y una vez sentenciados a pena privativa de la libertad nunca más se les debe permitir postular a un cargo público, por más corta que sea la condena que se les imponga.

Caso contrario seguiremos siendo gobernados por ladrones y asesinos con caretas de presidentes, de gobernadores o de alcaldes. Y seguirán administrando justicia jueces y fiscales venales cuyas denuncias en su contra avanzan a paso de tortuga. Y seguirán mandando en los cuarteles policiales y militares generales y capitanes corruptos.

Consideramos, además, que los nombres de los funcionarios o ex funcionarios que han sido sentenciados por corruptos -antes de aprobarse y entrar en vigencia este decreto legislativo- deberían ser inscritos en el Registro Único de Condenados Inhabilitados por Delitos Contra la Administración Pública. De esta manera se evitaría que esos angelitos vuelvan a sus andanzas, porque gallina que come huevo aunque le quemen el pico.

La lucha contra la corrupción es una guerra que debemos librar todos los peruanos con firmeza, porque la corrupción es un cáncer que enriquece a los funcionarios que la alimentan y a cambio deja pobreza, desnutrición infantil, desempleo, mal ejemplo para los niños y jóvenes,  atraso, convulsiones sociales, entre otros males.

La corrupción es una de las principales causas del subdesarrollo del Perú y ridiculiza a nuestro sistema democrático. En consecuencia la lucha contra los corruptos no debe ser blanda, menos contemplativa.