La
orden de detención contra el cuestionado abogado Rodolfo Orellana representa
“la caída de toda una organización criminal”, con serias ramificaciones en el
Poder Judicial y el Ministerio Público, afirmó hoy el congresista Teófilo
Gamarra, miembro de la comisión investigadora del Congreso formada para este
caso.
Dijo
que se trata de una organización vinculada al tráfico de terrenos, lavado de
activos, y una serie de delitos, que han corrompido gobiernos regionales y
provocado un desequilibrio en las entidades jurisdiccionales.
“Se
está generando la caída de una organización criminal que durante años ha estado
trabajando en los distintos sectores (…) con apropiaciones ilícitas y una serie
de ilícitos que se habrían cometido”, señaló el legislador de Gana Perú en
declaraciones a Canal N.
Precisamente,
Gamarra dijo que el reto de la comisión parlamentaria seria “desentrañar” toda
la red de esta organización, con el apoyo de la información del Ministerio
Público.
El
grupo de trabajo tendrá que indagar el caso de los terrenos del Hospital
Hermilio Valdizán y de la Fundación por los Niños del Perú, así como los
supuestos nexos de Orellana con altos funcionarios del Estado, sus posibles
vínculos con el crimen organizado y los casos de presuntas apropiaciones
ilícitas perpetradas por el abogado.
DESCARTAN PERSECUSIÓN POLÍTICA
Por
su parte, el congresista Heriberto Benítez, vinculado al detenido expresidente
regional de Áncash, César Álvarez, amigo de Orellana, dijo que la detención “se
veía venir” y descartó que se trate de una “persecución política”.
“No
hay una persecución política, ellos no realizaban tareas ni labores en partidos
políticos, los hechos por los que están investigados no tendrían relación ni
vinculación con labores políticas, simplemente se trata de delitos comunes que
deben ser aclarados, que se respete el debido proceso, y tendrán que asumir su
responsabilidad los culpables”, afirmó.
Benitez
negó haber tenido vinculaciones con Orellana, pero sí dijo que fue invitado por
Benedicto Jiménez a participar como columnista en la revista de ambos, Juez
Justo, colaboración que dejó para postular al Congreso de la República en el
2011.
La
Sala Penal Nacional ordenó la detención preventiva de 23 personas, entre ellas
Orellana y su abogado, el coronel en retiro, Benedicto Jiménez, por los
presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos,
entre otros.
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