El pueblo exige cierre del Congreso y nueva Constitución

 

Lo anunció la “Presidenta”: Fue archivado el proyecto de ley del Ejecutivo que proponía consultar, en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para que se encargue de elaborar una nueva Constitución Política.  

Se está haciendo costumbre de que la palabra de María del Carmen  Alva -la “Presidenta”- se convierta en ley,  aprobada  en el Congreso mediante discursos lumpenescos y votos  negociados por la mafia parlamentaria que lidera el fujimorismo.

El proyecto de marras fue entregado el 06 del mayo y, ese mismo día, la “Presidenta” dijo que el plan del Ejecutivo era “inviable”, “inconstitucional” y usado por el gobierno como “distracción”.

El rechazo al proyecto de una nueva Constitución, por parte del Congreso, habla del poder político de la oligarquía que tiene como aliado principal al fujimorismo que cambia de nombre constantemente -como lo hace un delincuente para no ser reconocido. El fujimorismo  ha participado en contiendas electorales como Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino - Sí Cumple, Perú 2000, Alianza por el Futuro, Fuerza 2011 y Fuerza Popular, amén de otros nombres y símbolos con el que se disfraza en las regiones del país para engañar a los electores y ganar votos.

El fujimorismo es punta de lanza de la ultraderecha al que se aúpan políticos deshonestos, sombríos y desleales, entre ellos Mauricio Mulder, Jorge Castillo, Mercedes Cabanillas, Javier Velásquez Quesquén (APRA). También lo apoyan Lourdes Flores Nano del PPC,   Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, y César Acuña Peralta de Alianza para el Progreso.

Se suma a los politiqueros vendepatria, el economista Hernando de Soto, quien fue asesor del  expresidente Alberto Fujimori e impulsor de la Constitución de 1,993 con el que nos gobierna la ultraderecha. De Soto es defensor acérrimo del sistema político corrupto que ha empobrecido al país y, en las últimas elecciones, fue candidato  a la presidencia de la República representando al partido Avanza País.

Demás está referirse al partido político Acción Popular -fundado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry- al que se le atribuye ser “la reserva moral del país”. María del Carmen Alva proviene de sus filas y es la presidenta del Congreso       que crea leyes inconstitucionales para defender los intereses y privilegios de los ricos, en perjuicio de nuestra patria.

Como podemos ver el Congreso está manejado por partidos políticos de la derecha conservadora, que obedecen órdenes del poder económico (CONFIEP) el cual florece y lucra bajo la sombra de la Constitución del 93. Su meta   principal es echar de la presidencia al profesor Pedro Castillo por ser el promotor del cambio de las estructuras políticas y económicas del Perú.

¿POR QUÉ UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?

Urge cambiar la actual Constitución Política del Perú, porque se ha convertido en traba para el desarrollo del país. Recordemos que fue elaborada hace 30 años, aproximadamente, por el gobierno del dictador Alberto Fujimori, aplicando las 10 recomendaciones de política económica  del Consenso de Washington dadas por el Fondo Monetario Internacional para abordar la crisis neoliberal, en 1,989.

En consecuencia, varios de sus artículos son contrarios a los intereses nacionales como, por ejemplo, el Artículo 60 prohíbe al Estado crear empresas, salvo raras excepciones. En consecuencia las  empresas estratégicas del país están en manos de empresarios privados, privilegiando el lucro por encima de las urgentes necesidades de las grandes mayorías.

El Artículo 62, establece el respeto irrestricto de contratos firmados por Estado, a espaldas del pueblo, mediante los cuales se les otorga excesivos beneficios a las empresas privadas. Así, empresas transnacionales que explotan oro, petróleo, gas, y otros recursos naturales obtienen jugosas ganancias, a cambio contaminan el medio ambiente y pagan impuntualmente irrisorios impuestos.

Esos contratos leoninos han sido utilizados por gobernantes corruptos para enriquecerse, traicionando sus promesas de defender los intereses nacionales.

El Artículo 62° indica: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase". Este Artículo, es un candado de acero que oculta y apaña la corrupción y el saqueo de los recursos nacionales, pues prohíbe la  modificación de dichos contratos que son lesivos para el Perú.

Así mismo el Artículo 13° de la Constitución fujimorista señala: “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza”.

Es decir tampoco garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos los peruanos.

Ello explica, por ejemplo, la aparición  de alrededor de 100 universidades privadas  cuyos propietarios han hecho de la educación un negocio lucrativo que otorga títulos, maestrías y doctorados a diestra y siniestra por una formación profesional deficiente.

La actual Constitución -que defiende el Congreso- permite, además, la existencia de monopolios que dominan los mercados y fijan los precios que les conviene. Así, el  monopolio del GRUPO EL COMERCIO controla el 73% de la prensa y manipula a la opinión pública. El Grupo  INTERCORP domina el 83% del mercado de las medicinas y vende medicamentos al precio que le da la gana en perjuicio de la salud de la población. Alicorp - monopolio del Grupo Romero-, posee el control de alimentos y fija precios en forma abusiva en detrimento de la alimentación popular. 

BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank poseen el 95% de la utilidad neta del sector y el 83% de créditos y depósitos. GRUPO GLORIA controla el 75% de los productos lácteos en el país con marcas como Gloria, Ideal, Pura Vida.

Según Francisco Durand, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) " El Perú ya está altamente oligopolizado, con corporaciones que tienen más del 95% del mercado"

Y, en el aspecto político, la Constitución  de 1,993 no garantiza una democracia auténticamente participativa. Está hecha para perpetuar la injusticia social y la corrupción. Las tropelías en contra de la soberanía y el desarrollo de nuestra Patria que comete el Congreso -en alianza con los ricos- es una prueba de lo afirmado.

NUEVA CONSTITUCIÓN

Por las razones expuestas líneas arriba, y otras que deben ser tratadas y debatidas públicamente, en bien de la democracia, nos sumamos a los gritos de nuestro pueblo que retumban en plazas y calles del país: ¡Nueva Constitución!   ¡Cierren el Congreso!

Gritos que reflejan una consciencia social madura y mayoritaria de la Nación, capaz de iniciar una revolución democrática mediante una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución, instrumento que sentará las bases de una patria libre, desarrollada, solidaria y con inclusión social.

El pueblo exige cierre del Congreso y nueva Constitución ¡Miren y escuchen al Soberano, está de pie!