domingo, 27 de febrero de 2022

Congreso alista recorte de más de S/. 5 mil millones destinados a la ejecución de obras

 

Andrés Villar Narro, alcalde de Cajamarca y presidente de la REMURPE

“Cerca de 200 gobiernos municipales y regionales ven peligrar ejecución de proyectos con derogatoria de los decretos de urgencia 086 y 0100; además, frena el proceso de reactivación económica en todo el país” declaró Andrés Villar Narro, alcalde de Cajamarca y presidente de la REMURPE en TVPerú Noticias.

De concretarse esta intención del Parlamento Nacional sería un duro golpe al proceso de descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales con grave perjuicio para la población de menores recursos y para el Estado en general, advirtió el alcalde cajamarquino.

Así mismo, consideró de muy nefasto el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Constitución que ahora está listo para pasar al pleno del Congreso, porque va a parar la inversión pública en el país.

Señaló que el Congreso fundamenta su intención de recorte presupuestal en que de los 5 mil millones de soles aprobados mediante los dos decretos de urgencia a favor de los gobiernos locales y regionales solo se han comprometido 2 mil 200 millones de soles. Esto es lógico porque estos instrumentos legales fueron aprobados recién en el mes de setiembre del año pasado indicó la autoridad municipal.

En busca de un entendimiento con el Poder Legislativo, Andrés Villar, anunció una reunión con la Presidenta del Congreso de la República. “Hemos pactado una reunión con la Presidenta del Congreso y esperamos escuche nuestra posición que no es otra sino la de defender los intereses de la población. Estamos convencidos de que se trata de una verdadera justicia social el hecho de defender recursos para obras de gran impacto social en todo el país”, argumentó el alcalde cajamarquino.

De aprobar el Parlamento nacional este proyecto de ley sería un duro golpe al proceso de descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales con grave perjuicio para la población y para el Estado en su conjunto, porque por un lado se dejaría de atender las demandas de sectores vulnerables, y por otro el Estado tendría que afrontar juicios y pagar penalidades a favor de las empresas contratistas por la paralización de obras, advirtió Andrés Villar.

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