Ayer en una trasmisión especial de Canal N, que ni
siquiera han concedido al presidente Francisco Sagasti, la candidata derrotada
Keiko Fujimori acompañada de su fiel adjunto Miki Torres y del abogado Julio
César Castiglioni, desarrollaron la tesis de que el JNE tenía que revisar 802
actas de la segunda vuelta electoral, que supuestamente sumarían unos 200,000
votos (en realidad no más 150,000), a fin de «respetar la voluntad ciudadana».
En realidad, lo que quiere es validar actas viciadas, a fin de que la sumatoria
final la favorezca. La lógica es, perdí en la cancha pero puedo ganar en la
mesa o por debajo de ella.
Los argumentos de Torres y Castiglioni fueron tres.
Hay actas en las que no concuerdan los nombres con las firmas de los miembros
de mesa. Hay actas en las que Fuerza Popular obtiene cero votos. Hay actas en
las que actuaron como miembros de mesa familiares. Argumentos que han sido
absolutamente desvirtuados por abogados como el exprocurador Julio Arbizú o el
especialista electoral William Contreras, que consideran este recurso como una
simple medida dilatoria para no re reconocer su derrota y seguir recabando
aportes económicos, a pesar de que ya culminó la campaña electoral.
TRES
TRISTES CUENTOS
Los especialistas mencionados afirman que el
supuesto cambio de nombres es, en realidad, un cuento. En las actas mostradas,
como en muchas otras los nombres de los miembros de mesa no coinciden con las
firmas porque simplemente los titulares no aparecieron y tuvieron que ser
reemplazados por los suplentes o por voluntarios de buena voluntad que se
ofrecieron a ejercer el cargo. Obviamente, los reemplazantes no podían firmar
con los nombres de los faltantes y, gracias a ello, resulta fácil enseñar dos
firmas que difieren.
El segundo argumento ya no es un cuento sino un
desafío al sentido común. Torres y Castiglioni pretenden desconocer todas las
actas donde Fuerza Popular no obtuvo ningún voto. En otras palabras, prohibir el
rechazo popular en las urnas a la lideresa fujimorista. Sus argumentos son de
estudiante desaprovechado de primer año de derecho: no es congruente
estadísticamente con la votación de la primera vuelta, donde en esa mesa hubo
votos por otros partidos afines al enfoque de Fuerza Popular. Es decir, los
abogados suscribientes pretenden que los partidarios de De Soto, López Aliaga o
el APRA se equivocaron, que debieron votar por Keiko y, como no lo hicieron
así, hay que anular esas actas. Argumento descabellado lógica y legalmente.
En esta oblicua línea de pensamiento, el JNE tendría
que sacar una directiva que diga «por si acaso, en todas las mesas debe de
haber aunque sea un voto a favor de la señora Keiko». No importa si esas mesas
son de los pueblos en que se realizaron esterilizaciones forzadas, si son las
víctimas del «arequipazo» de 2004 que acabó con la masacre de dos jóvenes o si
son los comuneros de Conga, a quienes Yanacocha les quiere quitar su laguna.
Así detesten al fujimorismo todas las mesas, para merecer que su acta se
valide, deben de tener por lo menos un voto por el fujimorismo. He dicho.
El tercer documento es un insulto a las pequeñas
localidades del interior del Perú, en las que priman las relaciones de
parentesco y los matrimonios son endogámicos (entre la misma familia). Basta
leer, los apellidos de los alumnos de colegio para comprobar que se repiten los
apellidos, sin que por ello sean hermanos. Del mismo modo que en el anterior
caso, Torres y Castiglioni exigen que los ciudadanos se apelliden distinto y no
haya homonimia que valga.
QUIEREN VIOLAR LA LEY DE ELECCIONES
Los especialistas afirman que las tres pretensiones
de los fujimoristas atentan contra la Ley Orgánica de Elecciones que a la letra
dice en su artículo 284° «El escrutinio realizado en las Mesas de Sufragio es
irrevisable. Los Jurados Electorales Especiales se pronunciarán sólo sobre las
apelaciones que se hubiesen interpuesto contra las resoluciones de la Mesa
respecto de las impugnaciones a que se refieren los Artículos 268º y 282º de la
presente ley y sobre los errores materiales en que se pudiese haber incurrido
en las operaciones aritméticas del escrutinio».
Como ninguno de los argumentos pseudo legales encaja
en este artículo, han presentado una figura de nulidad, que el JNE de seguro va
a rechazar porque de lo contrario violentaría el principio de irrevocabilidad,
que ha sido fundamental para el sistema electoral peruano.
(Publicación tomada del DIARIO UNO, el 10 de junio del 2021).
