Pendiente. Congreso mantiene en espera debate de
iniciativa legal que evitaría mal uso de recursos democráticos y daría
paso a la necesaria transparencia electoral.
Isabel Carreño G.
El 1° de enero, las más de 12 mil autoridades electas municipales y regionales asumirán sus cargos, pero para varias de ellas vuelve a rondar el fantasma de la revocatoria que todavía mantiene en espera por su reforma en el Congreso.
Por ello, el jefe de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, advirtió que es necesario que el Legislativo ponga en debate el proyecto para modificar el proceso de consulta popular, y así evitar que a inicios del 2016 los grupos políticos que perdieron las elecciones empiecen a recolectar firmas para revocar a las autoridades electas.
Según cifras del ente electoral, desde el 2003 al 2013 se vendieron 4.652 de kits para revocatorias en todo el país y solo en Lima se compraron 712 kits.
"La Ley de la Revocatoria y la Ley de Partidos Políticos están en manos del Congreso, por eso insistimos en hacer una invocación al Parlamento para que analice estos dos proyectos. Cuando la revocatoria llegó a Lima recién se puso en debate que la ley tenía un gran número de complicaciones", dijo Cucho.
Solo la revocatoria y el proceso de nuevas elecciones en la capital tuvieron un costo de más de 100 millones de soles. Ante ello ¿qué es lo que plantea este proyecto?
En principio, el proceso de consulta popular se podría solicitar en el tercer año de gestión y se plantea eliminar las llamadas Nuevas Elecciones, que han sido muchas veces el principal incentivo para promover las revocatorias.
El proyecto de ley precisa que si prospera la revocatoria del presidente regional se acredita como reemplazante al vicepresidente. En tanto, mantiene el porcentaje de firmas requerido para solicitar la revocatoria (25%) sin establecer un tope máximo de firmas.
Por ejemplo, Cucho señaló que en el proceso de revocatoria en Lima la ley no contemplaba la rendición de cuentas ni de los revocadores, ni de los revocados.
"ONPE no recibió ningún tipo de rendición de cuentas de esa campaña, y como se pudo saber a través de los medios se invirtieron grandes cantidades de recursos en esas campañas", añadió.
Por otro lado, llamó a las nuevas autoridades electas que no defrauden a los ciudadanos que les han confiado su voto, pues eso contribuye a dar legitimidad de la democracia.
"Ellos (las autoridades) que son responsables de la gestión de la región, del distrito o de la provincia cumplan con sus promesas. Gestionen adecuadamente los presupuestos dentro de la norma y que no haya los problemas", refirió.
Cucho adelantó que mientras el Congreso no vea esta ley, la consulta popular puede usarse de forma incorrecta.
Claves
A propósito del aparente desbalance en los gastos de publicidad en la última campaña electoral, en el proyecto que está a la espera de debate se plantea que los partidos sean sancionados con por lo menos 20 UIT por este tipo de incumplimiento.
La ley de partidos plantea como sanción a las agrupaciones que no presenten su rendición el retiro del financiamiento público directo, que hoy no reciben.
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