Balance legislativo

31 de diciembre de 2014

El Congreso en su cuarto año

No deja de ser revelador que las dos últimas marchas contra la Ley de Empleo Juvenil no se hayan dirigido al Congreso sino a la sede de la CONFIEP a pesar de que varias bancadas presionaban para que la Comisión Permanente del Congreso utilice sus potestades legislativas durante el receso parlamentario para derogar la controvertida norma. Este hecho, que podría ser solo circunstancial, patentiza la pérdida de una cuota sustantiva de poder de una institución básica del régimen democrático.
El año que termina se hicieron más agudos algunos elementos de la crisis del Congreso aparecidos ya hace tiempo; es el caso de nuevas denuncias de irregularidades cometidas por legisladores mediante actos que evidencian el uso abusivo del mandato para el que fueron elegidos. Los más sonados involucraron a ocho congresistas: Julio Gagó, Cenaida Uribe, Luciana León, José León, Víctor Grández, Heriberto Benítez, Víctor Crisólogo, y Jhon Reynaga. Sin embargo, a pesar de las evidencias, el Legislativo no ha actuado en todos los casos con la misma diligencia en tanto que por tercer año consecutivo no resuelve el caso del affaire ruso que implica al legislador Josué Gutiérrez y el pedido de la justicia para levantar la inmunidad de la legisladora Cecilia Chacón.
La labor normativa ha sido opaca; entre las medidas más relevantes se tiene la derogatoria de la ley que ordenaba el aporte de los trabajadores independientes al sistema privado de pensiones, aprobada por el mismo Congreso, y la expedición de los cuatro paquetes de reactivación de la economía propuestos por el Ejecutivo, dos de ellos muy polémicos. Entre las decisiones de nominación se menciona como aciertos la designación de los tres miembros del directorio del BCR y de los seis magistrados del TC, aunque debe recalcarse que no pudo alcanzar un consenso para la elección del Defensor del Pueblo.
Fueron un poco más intensas las acciones de control político. El Parlamento recuperó protagonismo con ocasión del voto de investidura de los gabinetes presididos por René Cornejo y Ana Jara, aunque lo hizo a través de métodos muy debatibles como la dilatación de una decisión firme por la vía de legalizar el voto ámbar que dejó por varios días a los gabinetes en el limbo. Del mismo modo, supo rectificar omisiones anteriores en dos casos de corrupción al aprobar la formación de las comisiones investigadoras sobre el Gobierno Regional de Áncash y sobre Rodolfo Orellana, y recientemente para el caso de Martín Belaunde Lossio, aunque no ha tenido la fuerza suficiente para indagar con seriedad los lobbies que comprometieron a tres ministros en el caso denominado “Cornejoleaks”.
El Congreso transita su cuarto año con una mayoría oficialista precaria conseguida con el costo de la renuncia de seis de sus integrantes y la formación de una nueva bancada. El panorama de un Parlamento muy fragmentado, con nueve bancadas y una enconada competencia generalmente extremada por razones no siempre políticas, hace presumir una evolución más agitada y menos eficaz en los próximos meses. Una muestra de esos resultados son los deplorables debates públicos en relación con los trabajos de la Comisión López Meneses cuyas conclusiones carecen de toda legitimidad. En este escenario, es comprensible la expectativa ciudadana para que el Legislativo culmine sus funciones con los menores incidentes posibles.
Tomado del diario La República (Editorial)