Según IDL es un “golpe a la inconstitucionalidad”
Por: Amanda Meza
El
Tribunal Constitucional (TC) dio un duro golpe a la institucionalidad
del país. En una resolución, que se presenta como decisión de una sesión
del Pleno jurisdiccional pero que se contradice al estar firmada por
solo tres de sus miembros, ordenan nombrar como fiscal supremo al
cuestionado magistrado Mateo Castañeda Segovia.
Los
tres integrantes del TC que firman la sentencia son: Carlos Mesía,
Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Ellos declaran fundado el
recurso de amparo que presentó Castañeda Segovia en contra del Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM), que en el 2011 no lo nombró fiscal
supremo porque no alcanzó los cinco votos que se requieren. El CNM había
señalado en varias oportunidades que Castañeda Segovia no cumplía los
requisitos para ocupar el cargo de fiscal supremo.
Sin
embargo, ayer el TC fue más allá. En el punto 4 de la sentencia declara
nulos los nombramientos que hizo el CNM de las magistradas Zoraida
Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini; y, en un increíble contrasentido,
en el punto 6 (ver documento) ordena que el CNM en coordinación con el
pliego presupuestario del Ministerio Público y el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), a modo de ‘reparación’, habiliten dos plazas para
reincorporarlas como fiscales supremas.
Tanto
Ávalos como Miraval, junto al fiscal de la Nación, José Peláez
Bardales, votaron a favor del nombramiento de Carlos Ramos Heredia, como
nuevo titular del Ministerio Público.
Entonces,
si al nombramiento de Castañeda Segovia le sumamos la reposición de las
dos magistradas, tenemos tres fiscales supremos nombrados por el TC.
Una
fuente consultada al interior de la Junta de Fiscales Supremos del
Ministerio Público advirtió que esta decisión de los magistrados del
Tribunal Constitucional podría generar un enfrentamiento con los
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quienes tienen
como función principal designar a los fiscales.
PEDIDOS DE NULIDAD
Dos
recursos de nulidad y una denuncia penal fueron presentados por
autoridades de tres de las instituciones del Estado que han expresado su
sorpresa y rechazo por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)
que dispuso designar como nuevo fiscal supremo al abogado Mateo
Castañeda Segovia.
Los
pedidos de nulidad fueron presentados por el Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM) y por la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
En tanto que la denuncia constitucional fue planteada por el congresista de la República, Daniel Abugattás.
El
CNM demandó en su escrito, remitido al máximo organismo de control
constitucional, que anule “la inconstitucional resolución” que firmaron
el 30 de abril último los magistrados Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto
Cruz y Ernesto Álvarez Miranda.
De
acuerdo a este recurso, el TC incurrió en usurpación de funciones
constitucionales debido a que el Consejo de la Magistratura es “el único
organismo con autonomía constitucional para seleccionar y nombrar a los
jueces y fiscales de todos los niveles”.
“La
Constitución Política no le ha otorgado al Tribunal Constitucional la
facultad de nombrar a jueces y fiscales, ni ordenar al CNM que nombre a
determinado postulante”, señala el pedido de nulidad que firma el
procurador del Consejo de la Magistratura.
El
CNM presentó, además, una denuncia penal contra los tres magistrados
del TC que han ordenado el nombramiento de Castañeda Segovia como
flamante integrante de la Junta de Fiscales Supremos.
¿QUIÉNES SON?
El
nombramiento de Mateo Castañeda como fiscal supremo advierte peligro.
Es un personaje con antecedentes cuestionables. En el caso BTR o de
‘chuponeo telefónico’, que estalló en el gobierno aprista, fue
denunciado por irregularidades. Incluso, en la investigación que el
Congreso realizó sobre el tema se recomendó que el Poder Judicial
indagara si tuvo alguna injerencia, tal como lo denunció una de las
procesadas, Giselle Gianotti.
En
el informe preliminar de la Megacomisión sobre el caso BTR, también se
recomendó acusar a Castañeda junto con el expresidente Alan García, el
exprimer ministro Jorge del Castillo y la fiscal Gladys Echaíz como
presuntos coautores del delito de asociación ilícita para delinquir.
A
esto hay que sumarle que Mateo Castañeda fue abogado del exalcalde de
Lima Luis Castañeda Lossio en el escandaloso caso Comunicore. Esa vez,
el ‘solidario’ salió bien librado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
PUBLICAR DESDE FACEBOOK
Sube un poco la página, para publicar con tu cuenta de FACEBOOK.
PUBLICAR DESDE GOOGLE
Si quieres que aparezca tu nombre:
Da click al lado de "Comentar como:" y selecciona Nombre/URL a continuación coloca tu nombre; el campo de URL lo puedes obviar, da click en continuar.
Luego escribe tu comentario.